Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Dos imputados en el 'caso Gescartera' captaron testaferros para atribuirles pérdidas

Ofrecían a los clientes 250.000 pesetas para que la agencia de valores usara sus datos personales

Ignacio Manuel Sánchez Fernández, de 61 años, y su hija María Elena Sánchez Cabrera, de 26, que declararon ayer como imputados en el caso Gescartera, reconocieron que habían captado testaferros a los que imputar minusvalías en las operaciones del mercado de derivados que realizaba la agencia de valores intervenida. Sánchez, militar en la reserva activa, había recibido la promesa de una oferta de trabajo del presidente de Hari 2000 y asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, a cambio de sus gestiones de captación de testaferros.

Los Sánchez quedaron en libertad sin fianza. Ignacio Sánchez pensó que actuaba como comercial de la empresa de Julio Rodríguez Gil y por eso no percibió dinero por sus gestiones sino la promesa de una oferta de empleo, según dijo. Nunca creyó que hacía nada ilegal.

El militar explicó que en 1999 Rodríguez Gil, para el que él había realizado algún trabajo de fontanería, le propuso que consiguiera gente que firmara contratos con Gescartera y proporcionasen fotocopia de su documento de identidad con la finalidad de hacer inversiones de capital. Rodríguez Gil le dijo que una vez realizada la inversión se pagaría una cantidad de 1.502 euros (250.000 pesetas) a todo aquel que hubiera proporcionado sus datos.

Él lo ofreció a un par de vecinos de Torrevieja (Alicante), que aceptaron, y se lo contó a su hija, que trabaja en un bar de Madrid, que a su vez lo contó a sus compañeros camareros, que rápidamente se ofrecieron a dar sus datos. En total firmaron unas 10 personas.

Sin embargo, nadie recibió nunca ni una peseta. Reclamó el dinero en numerosas ocasiones y, finalmente, en una reunión a la que asistieron el dueño de la agencia, Antonio Camacho, el apoderado José María Ruiz de la Serna, Julio Rodríguez Gil y él mismo, el primero anunció que pagaría la deuda de 180.303 euros (30 millones de pesetas) incrementada en un 10% por el retraso. Sánchez afirma que ahí fue cuando se enteró de que Rodríguez Gil le había estado engañando, ya que pensaba cobrar 15.025 euros (2.5 millones de pesetas) por cada testaferro, y no 250.000 pesetas, y quedarse con el resto del dinero.

Sánchez acudió en una ocasión a la sede de Gescartera, pero Camacho le dijo que le mandaría una persona con un paquete con el dinero, lo que nunca sucedió. Sí se dio cuenta de que se habían realizado operaciones de minusvalías con la identidad de las personas que él había captado.

La hija, Elena Sánchez, ratificó la versión de su padre y reconoció los contratos en los que había estampado su firma.

Marcos Quevedo, antiguo empleado de Gescartera, declaró como testigo y negó que hubiera realizado operaciones que supusieran beneficios de 98 millones de pesetas para familiares suyos. Sus familiares eran inversionistas en la agencia de valores, pero retiraron los fondos cuando él la abandonó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de enero de 2002