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Competencia sanciona al sindicato de transportistas del puerto de Bilbao

La multa, por prácticas colutorias en las tarifas, asciende a 1,2 millones de euros

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha impuesto una multa de 1,26 millones de euros (cerca de 210 millones de pesetas) a Sintrabi, el sindicato de transportistas autónomos vizcaínos, una asociación de consignatarios de buques y estibadores y cerca de 40 empresas, por prácticas anticompetitivas en la aplicación de las tarifas de transporte en el puerto de Bilbao. La resolución da la razón a los planteamientos del Gobierno vasco y la Autoridad Portuaria, que en 1998 ya denunciaron la imposición de tarifas 'abusivas'.

El tribunal concluye que hay irregularidades en cuatro tipos de tarifas diferentes, las correspondientes al transporte de contenedores por camión, las operaciones mediante camión basculante a menos de 200 kilómetros del puerto bilbaíno y otras dos sobre el servicio de camión de carga general también en distancias inferiores a 200 kilómetros. Defensa de la Competencia considera además que estas irregularidades 'se encuentran entre las infracciones más graves'.

La mayor parte de la sanción recae en Sintrabi, que deberá pagar 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) y al que el tribunal culpa principalmente de las prácticas anticompetitivas. Este sindicato, que aglutina a 2.000 transportistas vizcaínos que tienen una flota de 18.000 camiones, ha protagonizado acciones radicales en los últimos años, como la controvertida huelga de transporte de 1997.

La denuncia sobre las tarifas abusivas del transporte en el interior del Puerto de Bilbao se remonta a 1998. A finales de ese año la Confederación Española de Transporte de Mercancías presentó una demanda ante el Servicio de Defensa de la Competencia en auxilio de sus asociados, que no podían trabajar en el recinto portuario bilbaíno. En 1999, Defensa de la Competencia abrió un expediente sancionador 'por prácticas restrictivas de la competencia' a Sintrabi, la asociación de consignatarios y estibadores del Puerto de Bilbao y cerca de 40 empresas más.

El informe, concluido a finales de 2000, veía infracciones en las tarifas del transporte, camiones, contenedores, carga general y basculantes. El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia, en su fallo definitivo del pasado 19 de diciembre, considera que en las tarifas existen 'limitaciones al acceso de otros transportistas al mercado, a las condiciones de pago que pueden acordarse y a la carga mínima que puede facturarse'.

En sus argumentaciones, incluye los planteamientos de la Autoridad Portuaria de Bilbao y el Gobierno vasco, contrarios a los acuerdos sobre tarifas impulsados por Sintrabi. Estos dos organismos calificaron en 1998, en una nota conjunta, que las tarifas de transporte eran 'abusivas y en ningún caso fruto de la libre negociación entre la oferta y la demanda' y argumentaban que 'estas prácticas restrictivas de la competencia afectan gravemente a la competitividad de las empresas industriales y la libertad de comercio'.

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