El 'interés general' ataca de nuevo

El fútbol debe plantearse, antes de que sea demasiado tarde, abrir un proceso de regularización y recordar que hace pocas semanas todo un juez, miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta en su día de Convergencia i Unió, ha ingresado en la cárcel por fraude fiscal con una condena de años. Según la Liga de Fútbol Profesional, 'los clubes somos fieles cumplidores de nuestras obligaciones fiscales y, aunque no queremos ningún trato de favor respecto a otro sector empresarial, no podemos asistir pasivamente a una injusticia, a una persecución. Ni lo merece el fútbol ni se tendría en cuenta el enorme trabajo del fútbol profesional, considerado por todos de interés general'.

De nuevo el argumento del fútbol como interés general de Álvarez Cascos (que dedicado a lo suyo de planificar infraestructuras está más equilibrado) vuelve a aparecer, sin que tenga nada que ver con lo que se está discutiendo: todos debemos pagar a Hacienda.

Los derechos de imagen de los futbolistas han sido un argumento recurrente y, ante la posibilidad de que existiera alguna laguna legal en el ordenamiento fiscal de la profesión, se planteó una reforma con un nuevo sistema de pago de estos derechos que fueron aprobados por el Parlamento.

Con la nueva legislación, los ingresos de los deportistas profesionales que eran objeto del IRPF quedaban mucho más claros: la nómina, la ficha, la prima de contratación -ahora ya no es defendible argumentar que el porcentaje que pueda recibir un jugador por su traspaso se queda fuera de este capítulo-, las primas por partido ganado y la cláusula de rescisión. Los ingresos por cesión de derechos de imagen siguen como un rendimiento de capital mobiliario, sólo en la medida en que no sobrepasen el 15% de las cantidades totales que un jugador percibe por estar ligado laboralmente a un club. Si se excede ese porcentaje, el futbolista está indefectiblemente obligado a integrar estos rendimientos en su base imponible, junto con el resto de las cantidades satisfechas por el club.

Lo investigado desde entonces pone de manifiesto que el fútbol, a pesar de intentos por corregirse, es un sector que ha manejado dinero negro y la Agencia Tributaria, que debería haber entrado en el tema mucho antes, tiene que cumplir con su obligación y los ciudadanos españoles se lo vamos a exigir.

Conviene saber de lo que estamos hablando cuando se dice que el fútbol ha cumplido con sus obligaciones. Acompaño dos tablas, correspondientes a un importante club español, para que se entienda lo que ha significado la llamada economía de opción de los derechos de imagen. Ésta es la liquidación de un mes normal de la temporada 94-95: remuneraciones fijas (6.561.949 pesetas); retenciones practicadas (2.520.798); Seguridad Social (573.118); nóminas netas (3.468.033). Naturalmente el fútbol se ha movido ante la nueva legislación y así, en este mismo mes de la temporada 98-99, las cifras se habían multiplicado prácticamente por diez: remuneraciones fijas (61.618.104); retenciones (27.780.664); Seguridad Social (516.676); nóminas netas (33.320.764). Como referencia, el equipo médico de este mismo club en este mismo periodo había pasado de unas retribuciones brutas mensuales de 1.850.000 a 2.650.000, mucho más acorde con la evolución salarial habida en el país. A pesar del incremento registrado, al lector le sorprenderá que la nómina mensual de un equipo de campanillas se resolviera con poco más de 33 millones.

Uno, viejo socialdemócrata, cree que el único interés general que encierra el fútbol es que sea una actividad que maneje dinero limpio y que los afortunados que se convierten en sus multimillonarias estrellas paguen los impuestos que las leyes marcan. Hoy reaccionan los clubes, mañana tendrán que hacerlo los futbolistas. Suenan descalificaciones para Hacienda, tambores de guerra, en forma de boicots, alarma social y disoluciones de clubes. Tranquilidad, la única alarma social es que un sector no cumpla con sus obligaciones fiscales, pues si se consiente esta situación, basta con mirar a Argentina para saber los riesgos que puede correr un Estado, sin respeto a su ordenamiento fiscal.

Gregorio Martín es catedrático y director del Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia.