La fiscal acepta el despido de una docente de religión por su militancia política
Francisca Urbano perdió su trabajo después de ser elegida concejal de IU en 1999
El ministerio fiscal consideró ayer evidente, tras escuchar la declaración de la profesora de religión Francisca Urbano, que su despido como docente en Monda (Málaga) fue discriminatorio y se debió a motivos políticos, concretamente a su 'militancia política' como concejal de IU. Aún así, la fiscal pidió que se desestime la demanda por despido improcedente contra el Obispado de Málaga con el argumento de que la decisión de la Iglesia está avalada -'nos guste o no'- por el tratado de España con la Santa Sede. La profesora Francisca Urbano exigió la nulidad del despido.
La fiscal admitió ayer la capacidad de la Iglesia para 'discriminar' en la elección del profesorado, después de reconocer, tras la declaración de la profesora despedida, que 'la motivación más evidente para el despido es su militancia política' en Izquierda Unida, formación que defiende el derecho al divorcio y al aborto. A pesar de que después de ser elegida concejal de IU continuó un curso más como profesora, Francisca Urbano aseguró ayer que trabajó un año más porque la diócesis no conocía su condición de edil.
Durante el proceso celebrado ayer en el Juzgado de lo Social número 9 de Málaga, el representante del obispado, Francisco José González, en ningún momento negó que el despido fuera por motivos políticos. Se limitó a decir: 'Ella sabe las causas por las que no fue renovada'. Según Francisca Urbano, la diócesis malagueña le comunicó en junio pasado que no contaba con ella porque no era ejemplo de vida cristiana, porque no se implicaba en las actividades de la Iglesia y por salir a tomar copas con los compañeros de trabajo, razones que no cree.
A pesar de reconocer la discriminación, el ministerio fiscal avaló la tesis del obispado de Málaga, que se ampara en el acuerdo de 1979 entre España y el Estado de la Santa Sede. Este pacto faculta a la Iglesia para elegir libremente al profesorado de religión sin explicar su decisión. La fiscal, sostuvo que, 'nos guste o no, la norma jurídica potencia esta discriminación y otorga al obispado una gran discrecionalidad'. Al igual que el resto de los demandados, solicitó la desestimación de la demanda presentada por la profesora contra la diócesis de Málaga, el Ministerio de Educación y la Consejería andaluza de Educación.
El representante del ministerio, Carlos García Manrique, esgrimió una relación laboral especial y concluyó: 'Resulta paradójico que la docente pida explicaciones ahora que no es propuesta y permaneció trece años sin exigir razones por su contratación'.
Por su parte, el letrado de la Consejería de Educación de la Junta desmarcó a este departamento de cualquier responsabilidad, a pesar de que la Junta anunciara en su momento que apoyaría a la profesora en este caso.
La afectada ha incluido en la demanda al Ministerio y Consejería de Educación porque 'refrendan una actuación que puede vulnerar el derecho fundamental a la libertad ideológica, ya que el único cambio en la vida de Francisca Urbano en los últimos trece años ha sido su elección como concejal de IU', argumentó María Dolores López, abogada de la profesora. López añadió que la capacidad de la Iglesia para reservarse los motivos del despido queda sin efecto cuando hay indicios de vulneración de un derecho fundamental. 'Por eso deberían haber dado explicaciones', precisó.
Despido precipitado
Al juicio no acudieron a declarar ni el obispo de Málaga, Antonio Dorado Soto, ni el responsable educativo de la diócesis, Victoriano Planas, ambos citados por la demandante. El que sí compareció fue Francisco Pérez, concejal de IU en Monda. Pérez aseguró que en noviembre pasado mantuvo una larga conversación con el obispo, una vez que Urbano había perdido su puesto. 'Dorado Soto llegó a reconocer la precipitación en el despido de Francisca. Después no fue tajante, pero vino a decir que no reconsideraría su postura', declaró el compañero de la profesora.
Francisca Urbano mostró tras el juicio su temor por el sentido en el que puede ir la sentencia. Negó la falta de implicación en las actividades de la Iglesia a la que se refiere el obispado. En su defensa esgrimió dos misivas dirigidas al obispo en las que dos párrocos de Monda acreditan las actividades de Francisca en los actos religiosos de la localidad. 'Después de no renovarme, el mismo párroco que me apoyó me ha negado la participación en un curso de evangelización de tres años que solicité', explicó. Urbano no cree que esta negativa sea decisión del párroco, que en su día estuvo de su lado.
