Politización del Defensor del Pueblo

Si admitimos que el Defensor del Pueblo Andaluz, configurado estatutariamente como un mecanismo neutral de garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es una magistratura de persuasión que debe quedar al margen de los intereses partidistas en juego en cada momento, no parece que la actual propuesta de aumentar el número de sus Adjuntos sea de recibo. Pero lo más preocupante de todo es que dicha propuesta se presente, por parte de los medios de comunicación y de los políticos, como algo natural, desconociendo la más elemental idiosincrasia de esta Institución.

Cuando en enero de 1995 tuvo que procederse a la elección de un nuevo titular, debido a la expiración del mandato del anterior, el Parlamento de Andalucía mostró una incapacidad absoluta para consensuar al candidato que debía ocupar el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz. A la vista de que las distintas fuerzas políticas de aquel momento no se ponían de acuerdo se decidió aumentar, mediante la oportuna reforma legal, el número de Adjuntos. Esta reforma, que tuvo lugar en julio de 1996, respondió a motivos claramente coyunturales ya que el aumento de Adjuntos, hasta tres, sólo buscaba que las fuerzas políticas de la oposición que conformaban el Parlamento en la V Legislatura, conocida como la de la pinza, estuvieran 'representadas en la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz'. En consecuencia, la designación de los Adjuntos derivó de las propuestas ofertadas por los grupos parlamentarios de la oposición; o lo que es lo mismo, del PP, de IU y del PA. De esta manera el pastel, valga la expresión, quedaba repartido pues mientras que el grupo parlamentario del Gobierno proponía al titular, los de la oposición hacían lo propio con los Adjuntos.

De lo anterior resulta que, en realidad, son los grupos parlamentarios los que 'imponen' al Defensor del Pueblo las personas que van a desempeñar el cargo de Adjunto, como si éste fuera el esquema previsto legal y reglamentariamente. Si se supone que el Defensor es independiente desde el punto de vista organizativo, consecuentemente, debería ser él quien nombrase y separase libremente a sus Adjuntos, los cuales necesitarán en todo momento de su confianza. Es cierto que la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos del Parlamento andaluz interviene previamente para dar su conformidad a la propuesta del titular, pero también lo es que dicha conformidad debe limitarse a perfeccionar una decisión adoptada de antemano por el titular.

Lo que es a todas luces inadmisible es que bajo el mandato de un aparente reforzamiento democrático del sistema de elección de los órganos de extracción parlamentaria, las fuerzas políticas persigan la satisfacción de sus propios intereses. Es lamentable que los grupos parlamentarios estén más preocupados por reflejar sus propuestas en la composición final del Defensor que de la idoneidad del candidato. El Defensor es un órgano de extracción parlamentaria, pero en modo alguno puede convertirse en un órgano de representación política, o en una 'Oficina de colocación partidista' si se quiere, porque de lo contrario quedaría estigmatizada su neutralidad.

Por otra parte, no parece que el aumento del número de Adjuntos vaya en beneficio de la unipersonalidad que caracteriza al Defensor Andaluz, o de un mayor grado de eficacia en el funcionamiento de su Oficina. Antes al contrario, la excesiva 'burocratización' de esta institución puede generar la aparición de las mismas patologías que denuncia en la actuación de la Administración pública, así como la fragmentación orgánica y la consolidación de una suerte de 'patronazgo político' a la hora de resolver las quejas remitidas por el ciudadano.

En definitiva, si los grupos políticos trasladan sus disputar por el poder a la elección de los Adjuntos se caerá inexorablemente en la 'definitiva politización' del Defensor del Pueblo Andaluz, caracterizado básicamente por su neutralidad políticas y por su 'auctoritas'. Por ello, la elección de un cuarto Adjunto a propuesta de la única fuerza política, el partido socialista, que hasta ahora no había tenido su 'cuota de reparto', fenómeno conocido en Italia como lotizzazione, es decir, el reparto por lotes de las instituciones públicas entre los partidos, tal y como se está propugnando con motivo de la renovación en el cargo del actual titular de la Institución, es sencillamente aberrante. A no ser que se quiera, claro está, que el Defensor del Pueblo Andaluz tenga que compartir sus tareas con un Adjunto al que le gustaría cesar pero que, por voluntad de la Cámara legislativa que lo eligió, debe mantener en el cargo, como si la relación entre el Defensor Andaluz y los partidos que integran el Parlamento fuera de dependencia o, lo que es aún peor, subordinación política.