La Cámara de Cuentas detecta irregularidades en la contabilidad del Gobierno regional en 2000

La Cámara de Cuentas, encargada de fiscalizar la contabilidad del Gobierno regional, ha detectado algunas irregularidades en las cuentas de 2000, ejercicio en el que, según esta institución, la Comunidad gastó 2.007 millones de pesetas más de lo que ingresó, frente al superávit oficial de 12.881 millones del que presumía el Ejecutivo madrileño. El informe critica también la aplicación de normas contables que impiden conocer el estado financiero de otros organismos de la Comunidad. Hacienda niega cualquier irregularidad y admite sólo 'divergencias de criterio'.

Enrique Ossorio Crespo, viceconsejero de Hacienda del Gobierno regional, consideró ayer 'positivo' el informe de la Cámara de Cuentas y precisó que éste resalta diferencias de criterio contable entre este organismo y el Ejecutivo, 'pero no irregularidades'. 'Ya hemos hecho alegaciones a este informe para tratar de llegar a un acuerdo y seguro que lo conseguiremos, ya que se trata de simples discrepancias de criterio', insistió Ossorio.

Las diferencias de criterio a las que alude el viceconsejero comienzan en el mismo signo de las cuentas de la Comunidad, ya que, según las conclusiones del informe entregado en el registro de la Asamblea de Madrid por Ramón Muñoz Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas, el 'resultado presupuestario del ejercicio correspondiente al año 2000 presenta un superávit de 12.881 millones de pesetas, que debe reducirse en 14.888 millones como consecuencia de los ajustes de los derechos y obligaciones reconocidos, hasta situarse en un déficit de 2.007 millones'. El viceconsejero de Hacienda responde a esta recomendación de la Cámara: 'El dinero está. La diferencia estriba en que la Cámara de Cuentas opina que una determinada cantidad debe contabilizarse en el ejercicio correspondiente a 2000 y no en el año 1999. Eso es todo'.

El informe también critica que el Gobierno presidido por Alberto Ruiz-Gallardón no aplique 'el Plan General de Contabilidad Pública a la Administración de la Comunidad ni a los organismo autónomos, Servicio Regional de Bienestar Social y Servicio Regional de Salud'. Este hecho 'impide el adecuado conocimiento de la situación, variaciones y composición del patrimonio, como establece la Ley de Hacienda de la Comunidad'. Ossorio reconoce que 'la Comunidad no aplica el citado Plan General porque debería tener valorados todos sus bienes'. 'No tenemos un plazo concreto para realizar esta valoración, pero la vamos a efectuar y así se lo hemos encargado ya a una empresa', agrega.

Según la Cámara de Cuentas, el Gobierno regional 'reconoce derechos en exceso' por el recargo sobre el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y no contabiliza derechos por aportaciones de fondos de la Unión Europea. 'Estamos ante otra diferencia contable', precisa el viceconsejero Ossorio, 'debida a que nosotros no recaudamos el IAE, sino que lo hacen los ayuntamientos de la región, y nosotros reflejamos este ingreso sobre los cálculos que nos facilitan los municipios sobre lo que van a recaudar por ese concepto'. La Cámara, sin embargo, entiende que la consignación de esta partida debe figurar una vez haya sido recaudada por los ayuntamientos, no con antelación.

Diferencia de criterios similar se produce entre la Cámara de Cuentas y el Gobierno regional a costa del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD). Este impuesto, según Ossorio, es recaudado por la Agencia Tributaria, que lo va ingresando mes a mes a la Comunidad. 'El problema está en que, por ejemplo, nosotros consignamos como ingresadas en el año 2000 las cantidades correspondientes a noviembre y diciembre sin tener aún la correspondiente certificación de que se han recibido estas cantidades', indica. La Cámara de Cuentas sostiene que este apunte contable no debe figurar en el ejercicio hasta que esté debidamente documentado con el pertinente certificado.

El informe también subraya que el Gobierno no ha aportado la relación de sus 1.374 bienes inmuebles, valorados por su precio de adquisición o por el catastral. La Comunidad sólo tiene inventariados 525 de sus inmuebles. 'Es verdad y estamos en vías de hacerlo', admite Ossorio.