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El Gobierno admite haber recolocado a 49 ex altos cargos

El diputado Masllorens exige que se den a conocer los nombres

El Gobierno catalán ha recolocado en la Administración de la Generalitat a 49 altos cargos, según reconoce la consejera de Gobernación, Núria de Gispert, en respuesta a una pregunta del diputado Àlex Masllorens, del grupo PSC-Ciutadans pel Canvi. La consejera ha facilitado este número, pero no ha querido dar ni nombres ni cargos, detalles que justamente le interesaban también mucho al diputado. Tanto, que ha solicitado amparo al presidente del Parlament, Joan Rigol, para que obligue a la consejera a ser más explícita.

El nombre, el puesto y la remuneración que perciben de la Administración catalana numerosas personas que han ocupado cargos políticos de los que han cesado por una u otra razón es, a juicio del diputado Masllorens, un dato de interés público que ha de ser conocido. La consejera de Gobernación se ha negado a facilitarlos, asegurando que se lo impide la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Masllorens aportó un par de ejemplos que demuestran que, efectivamente, se trata de datos políticamente relevantes. Uno de ellos es, explicó, el de Dolors Llorens. Fue destituida en noviembre de 2000 como directora general de Economía Social, Cooperativas y Autoempresa del Departamento de Trabajo por su responsabilidad en el escándalo de los fondos ocupacionales de la Unión Europea que eran destinados a empresas del entorno de su partido, Unió Democràtica (también conocido como caso Pallerols).

La destitución por esta responsabilidad política no impidió, sin embargo, que Llorens fuera recolocada poco después en otro cargo, esta vez en el Departamento de Justicia, uno de los que forman la cuota de Unió en el Gobierno de Jordi Pujol.

Otro caso parecido aportado por el diputado Masllorens es el de Francesc Jiménez Gusi. Tras una etapa como director general de Prisiones, Jiménez Gusi fue nombrado secretario de Ejecución Penal cuando la titular del Departamento de Justicia era precisamente Núria de Gispert. Fue destituido de este cargo como consecuencia de la reciente crisis provocada por las fugas de presos de las cárceles catalanas.

Tampoco en este caso la responsabilidad política que contrajo impidió que se le diera otro cargo. Ha sido nombrado director del Centro de Estudios Jurídicos, un organismo del mismo Departamento de Justicia. La operación ha constituido, propiamente, un intercambio. Ha sustituido en este puesto a Ramon Parés y éste ha pasado a ocupar la vacante dejada por Jiménez Gusi como secretario de Ejecución Penal.

Masllorens rechaza que los datos que De Gispert se niega a dar respecto a estos y otros ex altos cargos sean de carácter privado y ha pedido a Rigol que ordene a la consejera que los facilite. Reclama que, cuando menos, se le permita acceder a la documentación para leerla.

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