La Policía de Jaén detiene a otro empresario por la venta de ofertas de empleo a inmigrantes

La Policía de Jaén ha practicado una nueva detención contra un empresario de la provincia por la presunta venta de ofertas de empleo a inmigrantes a cambio de 300.000 pesetas. El detenido en esta ocasión es Juan F. S., de 36 años, nacido y residente en la localidad de Villanueva del Arzobispo. La detención se produjo el miércoles por parte de efectivos de la comisaría de Úbeda. El pasado mes de diciembre ya había pasado a disposición judicial otro residente en esta misma localidad, Abdelkader K, de 41 años, por vender contratos de trabajo falsos.

Las investigaciones policiales comenzaron el pasado mes de noviembre después de que hasta el sindicato UGT llegasen inmigrantes denunciando que les habían ofrecido ofertas de empleo a cambio de dinero. Una vez que en Comisaría se tuvo conocimiento de este hecho, se comprobó la actuación del empresario ahora detenido, que tenía una sospechosamente elevada cantidad de peticiones de inmigrantes para recoger la aceituna durante la presente campaña.

Hasta ahora la Policía ha podido tomar declaración a dos personas de nacionalidad marroquí que aseguraron haber comprado ofertas de empleo a Juan F. S. por 300.000 pesetas. No obstante, se sospecha que el número de afectados es mucho mayor y ahora se intenta localizar a otros 19 inmigrantes sin documentación que podían haber pagado por los papeles. Juan F. S. pasó a disposición judicial después de ser detenido en el juzgado de guardia de Villacarrillo acusado de un presunto delito de estafa y contra el derecho de los trabajadores.

Los inmigrantes que denunciaron el caso ante UGT indicaron que se les cobraba 50.000 pesetas por gestionar un empadronamiento en un municipio de Jaén, documento que da la posibilidad de acceder a una oferta de trabajo a partir del concepto de arraigo en un lugar que queda establecido en la nueva Ley de Extranjería. Por el permiso de trabajo había que pagar una cantidad adicional que superaba las 200.000 pesetas.

En diciembre pasó a disposición judicial otra persona más acusada de los mismos delitos. Se trata de Abdelkader K., que trabajaba de capataz en una finca de Villanueva del Arzobispo. Se le acusa de presuntas falsificaciones de ofertas de empleo utilizando para ello el nombre del empresario que lo tenía contratado. Esta situación se ha producido a lo largo de varios años, pero ésta es la primera vez que resulta detenida una persona.

Abdelkader K. tiene nacionalidad marroquí pero está afincado en Villanueva del Arzobispo. Fue él quien, presuntamente, falsificaba la firma del empresario en contratos de trabajo falsos, lo que se calcula que ha supuesto la regularización de entre 30 y 40 inmigrantes, a los que se cobraba dinero por solucionar su situación de forma ilícita.

Cuatro detenidos

Hasta ahora ya son cuatro las personas detenidas en Jaén desde el mes de diciembre por presuntos delitos de venta de documentos a inmigrantes ilegales. Desde la Comisaría de Jaén se ha indicado que ninguno de ellos forma parte de mafias organizadas dedicadas a la extorsión o introducción de inmigrantes en el país.

Las primeras investigaciones hacen deducir que se trata de personas que han buscado aprovecharse de los jornaleros que vienen en busca de trabajo, pero sin formar parte de estructuras organizadas que formen una red en la provincia o fuera de ella.

La Policía de Jaén ha investigado también a otras dos personas al sospechar que vendían documentos, pero de momento no se ha podido demostrar nada, según confirmaron desde Comisaría. Este año se ha constituido una comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores dentro de la Policía, que investiga cualquier tipo de denuncia que se produce.

El mes pasado se condenó a Mohamed Larbi a tres años de prisión por este mismo delito. Larbi propuso a dos marroquíes trasladarse a España de forma ilegal a cambio un millón de pesetas. Con ese dinero se comprometió a legalizar su situación en el país, pero no lo hizo, por lo que fue denunciado. De ésta forma consiguieron ambos permiso de residencia, ya que se entiende que colaboraron para ayudar a eliminar delitos contra los inmigrantes.