El agotamiento del pujolismo

No sé si él y los suyos se dan cuenta, pero el discurso ideológico de Jordi Pujol, invariable durante los últimos 20 años, está más que agotado. El trecho entre sus reiteradas propuestas y la realidad que se vive en la calle se hace cada vez más distante. Sus palabras se parecen cada vez más a las caricaturas que trazan sus críticos, a los gestos de quienes burlonamente le imitan. Parece como si la realidad intentara emular a la ficción. Ello se puede comprobar comparando la genial obra de Albert Boadella Ubu president, todavía en cartel en el teatro Poliorama de Barcelona, con sus discursos de la última semana, al conmemorar el aniversario de la muerte de Francesc Macià o al dirigir el mensaje televisado de fin de año.

Los tiempos cambian, pero Pujol sigue impertérrito con su reiterativo discurso de siempre: Cataluña va muy bien en lo económico y lo social, y si ciertamente ha avanzado mucho en el campo político -'nunca desde hace 300 años, de manera duradera, habíamos tenido el nivel de poder político que tenemos', dijo textualmente-, no ha avanzado lo suficiente, hay riesgos de recorte del grado de autogobierno. Con el tono solemne de los patriarcas añade: 'Es mi obligación advertir al pueblo de Cataluña de que este peligro existe y sólo si somos conscientes de ello seremos capaces de contrarrestarlo'. En la calle, está a la vista que la mayoría de lo que él denomina 'pueblo de Cataluña' no está pendiente de este peligro virtual, sino de peligros más reales, de naturaleza muy distinta, pero él, año tras año, insiste en que hay que estar alerta frente a un enemigo exterior -en connivencia con enemigos interiores- que pretende laminar nuestra autonomía.

Con este razonamiento, mitad prédica y mitad proclama, Pujol ha aguantado 22 años. Frente a ello, la oposición política no ha tenido -ni tiene ahora- una alternativa política clara. El reciente pacto entre el PSC, ERC e IC para, precisamente, aprofundir en l'autogovern, no es otra cosa que más de lo mismo, un inútil invento de los socialistas para evitar las críticas sobre su 'insuficiente catalanidad'. Sin embargo, descartada la oposición política debido a este obsesivo complejo, comienza a dejarse ver una oposición de otro género: por una parte, la sociedad catalana es cada vez más reacia al mensaje del pujolismo; por otra, la unidad europea convierte en irreal algunas de sus propuestas.

Los periódicos dan continuas noticias que evidencian que las preocupaciones de los catalanes van por otro lado: quejas por el déficit de infraestructuras, por el mal funcionamiento de los servicios, por la discriminación entre la enseñanza pública y la privada concertada, por los indicios de corrupción. En un asunto tan sensible como la lengua, es ya un hecho consumado que la actual ley no se aplica en muchos aspectos por la interpretación de ella que han hecho los jueces -en coherencia con la Constitución y el Estatuto- y por la resistencia de la sociedad a ciertas imposiciones que pretenden una ya imposible homogeneidad cultural. Comienza a verse claro el error que supuso cambiar la ley de 1983 y forzar una política lingüística coercitiva en lugar de buscar la amabilidad y el acuerdo. Si se hiciera una encuesta real sobre las cuestiones que preocupan a los catalanes, me parece que el aprofundiment de l'autogovern no ocuparía precisamente un lugar muy preferente. El problema de Pujol no está, por tanto, determinado por las trabas exteriores, sino por la escasa respuesta de la misma sociedad catalana a sus propuestas.

A su vez, todo ello coincide con la visibilidad de la unificación europea que supone la implantación del euro, nuestra ya actual moneda común. Decir que las presiones del nacionalismo español son más fuertes que nunca cuando se hace palpable que se ha renunciado a la política monetaria y que se quiere una política común europea no sólo en el campo económico, sino también en áreas como la política exterior, la seguridad y el poder judicial, es literalmente indefendible. El Gobierno español pide más Europa, no más autogobierno frente a Europa. Además, en otro orden de cosas, precisamente esta semana se ha culminado el traspaso definitivo a todas las comunidades autónomas de las competencias de sanidad, con lo cual el presupuesto del conjunto de las comunidades autónomas supone el 45% del global frente al 40% del Estado, mientras queda un resto del 15% para los municipios, el auténtico pariente pobre de este reparto. ¿Es creíble decir que un Estado que reparte de manera tan autónoma el gasto público no es otra cosa que la nación española centralista de siempre? No estamos ya en la España como problema, sino en la Europa como solución. Es cierto que la participación de las comunidades en los órganos de la Unión Europea constituye un asunto pendiente -empezado pero no acabado-. No lo es, en cambio, la necesidad de aumentar las competencias de las comunidades autónomas, que, en todo caso, si bien nunca estarán acabadas de perfilar del todo, no son hoy un problema urgente dado el alto nivel de autonomía alcanzado.

Precisamente, en los últimos días, un alto cargo convergente, el director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, Miquel Puig, ha dado un enfoque realista a los problemas políticos catalanes del momento. En opinión de Puig, la política catalana ha girado en torno a un tema central recurrente: la demanda de autogobierno. Esta petición, dice el director general, ya está agotada, y lo que debe hacer la sociedad para evitar caer en el provincianismo es crear productos, tanto industriales como culturales, que interesen en el exterior. 'Tenemos autogobierno, tenemos energías y, por tanto, capacidad para dibujar nuestro futuro. Por tanto, debemos mirar hacia delante, decidir adónde queremos ir y convencernos de que hemos de exportar'.

Esta Cataluña abierta que Miquel Puig propugna significa que, en el momento actual, lo decisivo no es reclamar más autogobierno, sino un mejor ejercicio de las competencias -de las muchas competencias- que ya tenemos. Paradójicamente -¿quién lo hubiera dicho hace unos años?-, en esta línea de razonamiento la Comunidad Autónoma de Madrid es, en la actualidad, un ejemplo que imitar.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.