'La situación más sangrante'
La demanda de CC OO contra Educación subraya el diferente trato laboral que tienen los profesores de religión según ejerzan en la escuela pública o estén empleados en un colegio privado de ideario católico. En el primer caso, apelando a un acuerdo firmado en 1979 entre España y el Vaticano, los obispos creen que pueden prescindir de los docentes al margen del Estatuto de los Trabajadores, mientras que los empresarios de la privada están sometidos, como el resto, a la legislación laboral del Estado.
'La Iglesia católica, como organización empresarial, no forma un mundo separado y estanco del resto de la sociedad, ni de la normativa laboral, y quienes prestan sus servicios en ella o por nombramiento de la misma no deben soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional español y europeo', argumenta el sindicato.
Las raras excepciones
Comisiones cita la jurisprudencia que existe contra la actitud del episcopado y de Educación y, aunque acepta que puede haber 'en contadas ocasiones supuestos de excepción para la no discriminación por razón de la religión', proclama también que 'el cese indiscriminado de este profesorado por decisión unilateral de un obispo no puede ser causa justificable y mucho menos proporcionada, en virtud de un acuerdo entre el Gobierno español y la Santa Sede que permite estas decisiones infundadas de no nombramiento del profesorado, sin prueba documental o jurídica que justifique la no renovación y con la consiguiente indefensión por parte del profesor, que puede ser cesado sin justificación ni argumentación alguna, no pudiendo defender su relación laboral como hacen los docentes que desarrollan su labor fuera de la enseñanza pública'.
En el supuesto de los despidos que han generado este curso la repulsa de los partidos políticos [con la única excepción del PP], de los sindicatos, de la Asociación Pro Derechos Humanos e incluso de un millar de teólogos católicos reunidos en torno a la Asociación Juan XXIII, Comisiones Obreras dice que 'la situación es más sangrante [que si se hubieran producido en la escuela privada], al estar hablando de una enseñanza que se imparte, por mandato de la Carta Magna, en una escuela aconfesional y sin ideario ninguno'. En consecuencia, CC OO reprocha que se permita que 'el Diocesano nombre indiscriminadamente al profesor que impartirá la religión católica, cuando en un centro privado lo hace el propio empresario que, como tal, en el supuesto de despido, debe garantizar al trabajador que pueda defenderse ante los tribunales y, si no está probada la actitud del empresario, ganar el pleito'. 'El profesor de religión de la enseñanza pública no tiene este derecho fundamental', resume CC OO.
