La OMC y el futuro del medio ambiente

Si la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se celebraba en Qatar para eludir protestas como las que se produjeron en Seattle en 1999, la presencia allí del Rainbow Warrior de Greenpeace sirvió para recordar a los dirigentes de la OMC que muchos ciudadanos del mundo les están observando. En Qatar, sin embargo, se ha perdido la oportunidad de resolver el conflicto histórico entre la liberalización del comercio y la efectividad de las políticas ambientales, ya que la OMC ha optado sin más por iniciar una nueva ronda de liberalización del comercio mundial.

Mucha gente que sigue con interés la polémica sobre la globalización se pregunta qué tiene que ver el proceso de liberalización del comercio con la protección del medio ambiente. Lo cierto es que mucho, y de ahí la insatisfacción por el fracaso de la OMC en Qatar de reconocer que el derecho al medio ambiente debe estar por encima del libre comercio.

El libre comercio no puede promocionarse a cualquier coste; es una herramienta de bienestar

La OMC se creó para extender y fortalecer el comercio multilateral y, a diferencia de otras organizaciones intergubernamentales, tiene un sistema de resolución de disputas entre países que es legalmente vinculante para los estados miembros. Esto se refleja en sanciones concretas. Por ejemplo, cuando el panel de disputas de la OMC se pronunció contra la decisión de la Unión Europea de prohibir la importación de carne de animales tratados con hormonas de crecimiento, fue sancionada a pagar a los EE UU 190 millones de dólares anuales en compensación. Como país rico, la UE puede permitirse el mantener su prohibición y pagar la sanción, actitud que no es accesible para los países más pobres.

Sri Lanka, por ejemplo, decidió prohibir hace unos meses la utilización de organismos modificados genéticamente (OMGs) en sus cultivos. En cuanto adoptó esta medida, las corporaciones multinacionales y la administración estadounidense amenazaron veladamente a Sri Lanka con denunciar el caso por contravenir las normas de la OMC. Para un pequeño país como Sri Lanka, el pago de compensaciones por una condena de este tipo es un precio demasiado alto, así que deci-dió 'suspender' esa legislación.

En las condiciones actuales, un país en vías de desarrollo puede ser rehén de la OMC si trata de legislar para proteger su medio ambiente o la salud de su gente, si esto va en contra del interés de un pequeño grupo de ricos.

El Rainbow Warrior llevó un mensaje a Qatar: la promoción del libre comercio no puede hacerse a cualquier coste. El comercio no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para conseguir el bienestar de los pueblos, y su desarrollo sostenible.

Después de Qatar sigue habiendo aspectos importantes de la política de la OMC que deben revisarse. En primer lugar es necesario analizar en profundidad cuál ha sido el impacto sobre el medio ambiente de las políticas de la OMC desde su fundación hasta hoy. Asimismo la OMC debe adoptar medidas que garanticen su transparencia y apertura a la sociedad civil. A muchos sorprenderá que para Greenpeace la existencia de una organización intergubernamental que regule el comercio internacional puede ser positiva, siempre que, claro está, controle y regule las actividades de las corporaciones trasnacionales. El problema es que, desde su creación, han sido esas corporaciones y sus países de origen (EE UU, la Unión Europea y otros países de la OCDE) los que controlan la OMC.

Las campañas de Greenpeace siempre han aspirado a ser globales, y a lo largo de los 30 años de existencia de la organización se han conseguido victorias relevantes para el Planeta, que afectan también al comercio. Por ejemplo, la prohibición global de exportar residuos tóxicos y radiactivos a países no miembros de la OCDE que se plasmó en el Convenio de Basilea y otros muchos acuerdos internacionales como el de limitación del tráfico de especies protegidas, el convenio de protección de la capa de ozono o el Protocolo de Madrid de protección del continente Antártico. Estos acuerdos internacionales no debieran verse afectados por las decisiones de la OMC, ya que en caso contrario retrocederíamos muchos años en lo que ya se ha conseguido en la lucha por la defensa del planeta.

Mención aparte merece el Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático que nuevamente se ha discutido en Marraquech (Marruecos), y del que el gobierno de EE UU dio la espantada antes de la última cumbre celebrada en Bonn. No es aceptable que la OMC inicie una nueva ronda de liberalización sin que los EE UU hayan ratificado el Protocolo de Kioto. Recordemos que el cambio climático amenaza la existencia misma de países enteros y que serán los más pobres, una vez más, los más afectados.

El próximo otoño en Johannesburgo (Sudáfrica) se celebra la Cumbre Río + 10 en la que se analizarán los avances globales en defensa del medio ambiente que se han producido desde la reunión de Río en 1992. Desde Greenpeace proponemos que tras la Cumbre Río + 10 se celebre una reunión intergubernamental que revise el papel de las instituciones de comercio y financieras internacionales, con el mandato de revisar sus objetivos al objeto de transformar la OMC, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en instrumentos que busquen el desarrollo sostenible y el bienestar social.Si la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se celebraba en Qatar para eludir protestas como las que se produjeron en Seattle en 1999, la presencia allí del Rainbow Warrior de Greenpeace sirvió para recordar a los dirigentes de la OMC que muchos ciudadanos del mundo les están observando. En Qatar, sin embargo, se ha perdido la oportunidad de resolver el conflicto histórico entre la liberalización del comercio y la efectividad de las políticas ambientales, ya que la OMC ha optado sin más por iniciar una nueva ronda de liberalización del comercio mundial.

Mucha gente que sigue con interés la polémica sobre la globalización se pregunta qué tiene que ver el proceso de liberalización del comercio con la protección del medio ambiente. Lo cierto es que mucho, y de ahí la insatisfacción por el fracaso de la OMC en Qatar de reconocer que el derecho al medio ambiente debe estar por encima del libre comercio.

La OMC se creó para extender y fortalecer el comercio multilateral y, a diferencia de otras organizaciones intergubernamentales, tiene un sistema de resolución de disputas entre países que es legalmente vinculante para los estados miembros. Esto se refleja en sanciones concretas. Por ejemplo, cuando el panel de disputas de la OMC se pronunció contra la decisión de la Unión Europea de prohibir la importación de carne de animales tratados con hormonas de crecimiento, fue sancionada a pagar a los EE UU 190 millones de dólares anuales en compensación. Como país rico, la UE puede permitirse el mantener su prohibición y pagar la sanción, actitud que no es accesible para los países más pobres.

Sri Lanka, por ejemplo, decidió prohibir hace unos meses la utilización de organismos modificados genéticamente (OMGs) en sus cultivos. En cuanto adoptó esta medida, las corporaciones multinacionales y la administración estadounidense amenazaron veladamente a Sri Lanka con denunciar el caso por contravenir las normas de la OMC. Para un pequeño país como Sri Lanka, el pago de compensaciones por una condena de este tipo es un precio demasiado alto, así que deci-dió 'suspender' esa legislación.

En las condiciones actuales, un país en vías de desarrollo puede ser rehén de la OMC si trata de legislar para proteger su medio ambiente o la salud de su gente, si esto va en contra del interés de un pequeño grupo de ricos.

El Rainbow Warrior llevó un mensaje a Qatar: la promoción del libre comercio no puede hacerse a cualquier coste. El comercio no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para conseguir el bienestar de los pueblos, y su desarrollo sostenible.

Después de Qatar sigue habiendo aspectos importantes de la política de la OMC que deben revisarse. En primer lugar es necesario analizar en profundidad cuál ha sido el impacto sobre el medio ambiente de las políticas de la OMC desde su fundación hasta hoy. Asimismo la OMC debe adoptar medidas que garanticen su transparencia y apertura a la sociedad civil. A muchos sorprenderá que para Greenpeace la existencia de una organización intergubernamental que regule el comercio internacional puede ser positiva, siempre que, claro está, controle y regule las actividades de las corporaciones trasnacionales. El problema es que, desde su creación, han sido esas corporaciones y sus países de origen (EE UU, la Unión Europea y otros países de la OCDE) los que controlan la OMC.

Las campañas de Greenpeace siempre han aspirado a ser globales, y a lo largo de los 30 años de existencia de la organización se han conseguido victorias relevantes para el Planeta, que afectan también al comercio. Por ejemplo, la prohibición global de exportar residuos tóxicos y radiactivos a países no miembros de la OCDE que se plasmó en el Convenio de Basilea y otros muchos acuerdos internacionales como el de limitación del tráfico de especies protegidas, el convenio de protección de la capa de ozono o el Protocolo de Madrid de protección del continente Antártico. Estos acuerdos internacionales no debieran verse afectados por las decisiones de la OMC, ya que en caso contrario retrocederíamos muchos años en lo que ya se ha conseguido en la lucha por la defensa del planeta.

Mención aparte merece el Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático que nuevamente se ha discutido en Marraquech (Marruecos), y del que el gobierno de EE UU dio la espantada antes de la última cumbre celebrada en Bonn. No es aceptable que la OMC inicie una nueva ronda de liberalización sin que los EE UU hayan ratificado el Protocolo de Kioto. Recordemos que el cambio climático amenaza la existencia misma de países enteros y que serán los más pobres, una vez más, los más afectados.

El próximo otoño en Johannesburgo (Sudáfrica) se celebra la Cumbre Río + 10 en la que se analizarán los avances globales en defensa del medio ambiente que se han producido desde la reunión de Río en 1992. Desde Greenpeace proponemos que tras la Cumbre Río + 10 se celebre una reunión intergubernamental que revise el papel de las instituciones de comercio y financieras internacionales, con el mandato de revisar sus objetivos al objeto de transformar la OMC, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en instrumentos que busquen el desarrollo sostenible y el bienestar social.

Juan López de Uralde es director ejecutivo de Greenpeace España.