Ecologistas y vecinos se enfrentan al cierre ilegal de caminos en la Sierra de Córdoba

La Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos, formada por una decena de grupos ecologistas, asociaciones de vecinos y representantes del movimiento ciudadano, acaba de constituirse con objeto de denunciar y combatir el vallado ilegal de los senderos rurales de titularidad pública en la Sierra de Córdoba.

Cuando los propietarios de terrenos aledaños cierran indebidamente un camino que no les pertenece, según explicó Bartolomé Olivares, presidente de Acción Ecologista Guadalquivir, no sólo impiden el paso a excursionistas, ciclistas y caballistas, sino, lo que es más grave, perjudican seriamente a la fauna local.

Olivares señaló que, a lo largo de los últimos tres años, los propietarios han ido apropiándose de los caminos públicos de la sierra cordobesa 'poniendo mallas con pinchos'. Estas barreras, agregó, encierran a los animales, protegidos o no, en los cotos de caza, y alteran la composición y dinámica de sus poblaciones, al negar a muchos ejemplares la posibilidad de moverse libremente por lo que hasta entonces era su territorio, para buscar alimento o para reproducirse. Las mallas dañan y matan, además, a muchos animales, como por ejemplo águilas, que quedan atrapados en ellas y no pueden liberarse.

Linces y zorros

El presidente de Acción Ecologista Guadalquivir recalcó que, en estas condiciones, especies protegidas como el lince, el meloncillo o el zorro, 'consideradas como alimañas por los propietarios de los cotos', son objeto de caza. E hizo ver que es imposible denunciar acciones ilegales como éstas, o como las talas incontroladas, porque el vallado no permite el paso a nadie ajeno a la propiedad del coto.

Olivares indicó que también se ocupan ilícitamente los cauces de los arroyos, que son igualmente públicos, 'pero la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no parece muy dispuesta a denunciar'.

Por todo esto, la plataforma se propone comenzar el año con movilizaciones mensuales, presentándose en los caminos ilegalmente cerrados y echando abajo las barreras. Olivares aclaró que antes de hacerlo avisarán a los propietarios, para que les denuncien si así lo desean, de manera que los casos vayan a los tribunales. Una vez trasladados los conflictos a la justicia, los ecologistas están seguros de ganar, 'porque los caminos son de titularidad pública y los infractores son ellos'.

La primera acción está prevista para el 20 de enero en la zona de La Palomera. 'No queremos enfrentamientos ni violencia de ningún tipo', concluyó Olivares: 'sólo exigimos que se imponga la ley'.