Los operadores batallan por la banda ancha

El fino olfato antiabusos de Bruselas se ha detenido esta semana en una filial de France Télécom, Wanadoo Interactive. Esta empresa es sospechosa de cobrar a un precio por debajo de costes los servicios de Internet a gran velocidad que ofrece mediante la llamada tecnología ADSL, que permite el acceso rápido a la Red y la veloz transmisión de información con una simple adaptación de la red telefónica tradicional.

A este lado de los Pirineos, los competidores de Telefónica respiran con cierto alivio ante este toque de atención. Aunque echan en falta un órgano regulador europeo del sector, los operadores alternativos al Goliath español de las telecos albergan la esperanza de que Telefónica tome nota de la vigilancia de la Comisión Europea sobre estas prácticas.

Los rivales del ex monopolio temen que el mercado español de Internet de alta velocidad -las llamadas comunicaciones de banda ancha- acabe siendo un espejo que refleje fielmente la posición de dominio apabullante que Telefónica ejerce aún hoy en el mercado, pasados tres años desde que se abrió el sector a la competencia, particularmente en el negocio de la telefonía fija.

El último informe anual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), correspondiente al año 2000, atribuía a Telefónica una cuota de mercado del 91,5%, si se mide por los ingresos, y del 89,1%, si se mide por el tráfico que circula por sus líneas. El panorama no habría cambiado mucho en la primera mitad de 2001, a tenor de los datos manejados por el propio operador dominante español, que habría obtenido un 92% de todos los ingresos generados por voz, en contraste con el 80% que en su mercado mantienen respectivamente France Telecom, el 81% de Deutsche Telecom o el 88% de Telecom Italia, aunque en Francia, Alemania e Italia la liberalización del sector se produjo casi un año antes que en España.

Situación 'crítica'

El temor de los operadores alternativos a que la historia se repita en el mercado de la banda ancha está bien recogido en la radiografía de la competencia en telecomunicaciones en los distintos países comunitarios difundida este mes por la Comisión Europea.

El informe de Bruselas describe como 'particularmente crítica' la experiencia de los competidores de Telefónica ante la agresiva estrategia de ésta y sus filiales en materia de ADSL. Bruselas asume, además, las inquietudes de unos operadores alternativos atrapados entre la oferta minorista de Telefónica y los costes que ésta les cobra por permitirles la interconexión a su red, entre los más caros de Europa. Y también suscribe las críticas por la 'insuficiente coordinación' de autoridades competentes en telecomunicaciones como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Economía y la CMT, cuyas medidas de presión aplicadas a Telefónica se consideran 'insuficientes' para garantizar la competencia.

La inquietud sobre el mercado del ADSL tiene sus razones. Esta tecnología es, por el momento, la apuesta de Telefónica para dar banda ancha readaptando su red y sin tener que cumplir con su compromiso de cablear con fibra óptica todo el territorio español, mientras los operadores de cable se pelean con los ayuntamientos, porque para cablear tienen que poner las calles patas arriba, y con los inversores, por las costosas inversiones requeridas para ello. A título de ejemplo: para cablear entera una ciudad como Albacete, con 143.799 habitantes, ONO ha tenido que desembolsar 4.000 millones de pesetas. Telefónica asegura que cuenta ya con 400.000 líneas de ADSL en funcionamiento en toda España.Al movimiento del primer operador, que pese a sus compromisos con el cable no ha encontrado pegas en el Gobierno para su giro estratégico, los competidores han reaccionado apuntándose también al ADSL.

No lo han hecho sólo rivales directos en telefonía fija como Retevisión, sino incluso operadores de cable de nicho como Colt, especializado en dar servicios a empresas para las que las comunicaciones sean estratégicas, u otros cableros como la pequeña empresa catalana Flas10.com, a la espera de conseguir financiación suficiente para tender su propia red de fibra de última generación. Pese a que los operadores de cable llegan con su propia red a las viviendas (directamente con fibra óptica o con cable coaxial en el tramo final), les es difícil perderse la oportunidad, mientras se dejan la piel y la cartera en el despliegue de su red, de ampliar su base de clientes con una tecnología intermedia. En efecto, los expertos consideran al ADSL como muy válido para la actual demanda de servicios: una 'solución intermedia' o 'de transición' en materia de acceso rápido a Internet, frente a la mayor fiabilidad y capacidad de la fibra óptica. Los defensores del cable se refieren al ADSL como 'la banda ancha de los pobres'.

Pero para no quedarse sin parte de este pastel, hace falta entendérselas con Telefónica, puesto que los servicios de ADSL se cuelan en los hogares a través de los pares de cobre de toda la vida que llegan a los hogares, cuya capacidad se amplifica, al margen de que buena parte de las centrales de Telefónica sí estén conectadas entre sí con fibra óptica.

La pesadilla del bucle

Y aquí se acumulan las jaquecas para los operadores alternativos. 'Hasta que Telefónica abra de veras el bucle local , será difícil para los competidores apostar en serio por el ADSL y darle algo más que arañazos a Telefónica en este mercado', subrayan fuentes del sector. El informe de Bruselas deja claro que sólo se ha hecho efectiva la apertura en 'un puñado' de líneas locales de acceso compartido. Se estima que, este año, el número no supera la decena.

En teoría, la apertura del bucle rige desde el pasado enero, pero se ha retrasado por una suma de 'problemas técnicos', según Telefónica, y de reticencias por parte de los alternativos ante los precios que el primer operador les cobra por el acceso al bucle (2.163 pesetas por línea). España ha esquivado precisamente esta semana un procedimiento de infracción de la Comisión Europea por la apertura a la competencia de las redes locales de telefonía fija dejando claro que el Gobierno ha hecho sus deberes y apuntando las responsabilidades hacia la falta de entendimiento entre los propios operadores.

De lo que no se ha librado el Gobierno es de ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE porque la cuota de abono mensual actual de Telefónica (1.742 pesetas más IVA) se juzga por debajo de costes, situación que según el pacto tarifario vigente entre Gobierno y Telefónica, sólo se corregirá a partir de 2003.