La Intervención del Estado cuestiona la gestión de una sociedad de la Confederación Hidrográfica del Sur

La Intervención General del Estado ha cuestionado la gestión económica de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur (Acusur), de la Confederación Hidrográfica del Sur, durante 1998 y 1999, sus dos primeros años de funcionamiento. Dos informes recogen la desaparición durante casi dos meses de una imposición bancaria de 2.000 millones de pesetas y censura contrataciones y pagos efectuados. El subsecretario de Hacienda, Rafael Catalá, pidió explicaciones en septiembre al presidente y al consejero delegado de la sociedad. Ambos rechazan que existan irregularidades.

Uno de los apartados más significativos del primer informe de la Intervención, de abril de este año, determina que entre el 18 de diciembre de 1998 y el 8 de febrero de 1999 un total de 2.000 millones de pesetas ingresados en una cuenta de Acusur en el Banco Santander estuvieron en 'ignorado paradero', según desveló ayer la cadena SER. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur y de Acusur, José Antonio Villegas, sostiene que el citado montante económico siempre permaneció en la entidad en una 'cuenta corriente, con una alta rentabilidad' y que el banco además de asumir un 'error de procedimiento' satisfizo los intereses de demora.

La versión del consejero delegado de la empresa, Fernando Cabezón, difiere. Explica que ingresó en diciembre los 2.000 millones en una cuenta corriente para invertirlo en un eurodepósito. Sin embargo, un representante de la entidad advirtió que no era el momento apropiado para la transacción, por lo que se esperó hasta febrero. El directivo afirma que no dio instrucciones al banco para que moviera el dinero, y que éste acabó sin su autorización en un depósito domestico, algo que entiende pudo deberse a la 'buena voluntad' del banco para que el dinero no estuviera parado esos dos meses.

Una carta del director de Relaciones Internacionales del Santander, dirigida a Acusur en julio de 1999, matiza que el depósito inicial de 'muy alta remuneración' fue 'ofrecido' por la entidad bancaria y que 'de común acuerdo' se decidió esperar hasta febrero, y entretanto las colocaciones puntuales dieron un beneficio de 3.676.715 pesetas.

También la Intervención se preguntaba por los criterios que siguió Acusur para determinar algunos de las imposiciones que realizó para rentabilizar el período en que no tuvo actividad.

La compra de la sede en el número 27 de la calle Amador de los Ríos de Málaga también aparece cuestionada tras la fiscalización de las cuentas por el desfase económico entre el coste de la adquisición y la cantidad sensiblemente inferior abonada por la empresa privada que le vendió el edificio y que lo había comprado unos meses antes. Otro asunto en el que se incide es en alguna contratación realizada antes de la existencia de Acusur y pagada por esta empresa.

La Intervención delegada también pone el acento en los gastos millonarios por campañas de publicidad, que sólo durante 1998 alcanzaron en seis meses 33 millones, pese a que la actividad de Acusur fue nula. Villegas sostiene que los anuncios en la prensa 'forman parte de una práctica común de buen entendimiento en una ciudad con los medios locales'.

Esta investigación fue emprendida de oficio por el órgano encargado del Ministerio de Hacienda cuando auditó las cuentas de Acusur de 1998 y 1999. Al informe inicial, de 15 páginas, contestó Acusur con una réplica de 33 páginas, pero la Intervención elevó en julio pasado a definitivas la mayoría de las conclusiones que había establecido inicialmente. El 28 de septiembre, el subsecretario de Hacienda, Rafael Catalá citó en Madrid a los dos máximos responsables de la sociedad para que aclarasen documentalmente las principales objeciones del informe. Las respuestas no convencieron al alto cargo que les requirió más documentación. Villegas afirma que estas 'informaciones concretas se mandaron a Madrid' y da por zanjado el asunto, porque no ha habido más noticias.

Acusur tiene por objeto la contratación, construcción y explotación de toda clase de obras hidráulicas y gestiona en la actualidad proyectos en Málaga y Almería por valor de unos 80.000 millones. La administración central prevé que reciba hasta el año 2018 una inversión superior al medio billón de pesetas.