Ejemplaridad

El juzgado de lo social número 3 de Almería ha declarado que casarse por lo civil con un divorciado es causa de no renovación del contrato de una profesora de religión, católica por supuesto. A partir de ahora, si en sede de recurso no se rectifica el sentido de este fallo, los docentes de religión, además de conocer la asignatura que imparten, van a tener que llevar su vida privada en público, y que le guste al obispo. Una exigencia difícil de cumplir. La ejemplaridad, dentro del sistema eclesiástico, no responde a un único modelo. Va en función de circunstancias, y cargos. No es lo mismo ser cardenal, o ecónomo, que docente. Si eres cardenal, como Milingo, puedes casarte sin perder el purpurato. Si eres ecónomo, puedes faltar a la verdad y seguir en Gescartera, digo en el Obispado de Valladolid. En cambio a los docentes, que no son cardenales ni ecónomos, se les echa a la calle con la bendición episcopal y jurisdiccional. Ejemplarizante.

Sin embargo, lo peor de todo no es la diversidad en la forma de entender la ejemplaridad. Una vez comprendida, algunos la pueden llevar con cierto descaro, y no estoy pensando en el ecónomo de Valladolid. Lo peor es que la decisión pueda estar justificada. Así lo dice la sentencia. Funda su decisión en el Acuerdo que el Gobierno central y la Santa Sede firmaron en 1999. Un acuerdo que, según la sentencia, legitima el cese. Vamos que, con la ley en la mano, si los despidos los decide el obispado, se puede alcanzar la gloria en el cielo y en la tierra. En cambio si los decide un empresario, que no sea obispo, la ley le impone una sanción, puede ir a la cárcel, y el cielo que ni lo sueñe. Es lo que se llama igualdad ante las leyes divina y humana.

Tal vez, ante esta situación, se deba imponer un acto de cordura y las CCAA que ven cómo se despide a los trabajadores de los colegios públicos inviten al Gobierno central a modificar el contenido de un acuerdo que no parece muy constitucional. También cabe la esperanza que otro juez lo haga, y busque ayuda en el Tribunal Constitucional. Evitaría que la vida íntima del profesorado sea expuesta a una sociedad que se ha dicho, a sí misma, que la vida privada está sustraída al conocimiento de otras personas.