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Columna
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Rasputines

La guerra de las cajas sevillanas ha servido para examinar a los dos grandes partidos andaluces y ninguno ha salido muy bien parado. El PP -quizá con la pretensión de desgastar al PSOE- se lanzó a una imparable carrera de inconsecuencias: se opuso a la caja única, a pesar de apoyar esta misma opción en otras regiones, y patrocinó la desobediencia a la ley, situándose en una posición antisistema muy poco apropiada para un partido que gobierna la nación y debería aspirar a gobernar Andalucía.

Con una peligrosa tendencia a coleccionar amistades peligrosas -que se ha visto refrendada en Estepona, en donde se apoyan en los gilistas que antes consideraban indeseables-, el PP se solidarizó con Beneroso y Benjumea, a pesar de las abundantes zonas de sombra existentes en sus gestiones, denunciadas en al menos media docena de informes del Banco de España. Este respaldo a los gestores de El Monte y San Fernando nombrados por el PSOE es muy paradójico: el PP se ha terminado subrogando las responsabilidades políticas en las que Beneroso y Benjumea pudieran haber incurrido; hasta el punto de que si ahora se descubrieran indicios de delito en sus gestiones la responsabilidad terminaría recayendo en el PP, que les apoyó al final, y no en el PSOE, que les nombró.

Pero si la postura del PP ha sido errática e irresponsable, la del PSOE ha sido terriblemente pusilánime. El proyecto de la caja única era, sin duda, el más ambicioso y productivo de los que Chaves ha podido esbozar en sus diez años de gobierno. Nada que ver con las impalpables llamadas a la segunda modernización o a la reforma del Estatuto.

Pero el principal enemigo de este proyecto no ha sido el PP, sino el propio PSOE. El PSOE -como el PP, como la patronal y como los sindicatos- ha mantenido, prácticamente, en cada una de las provincias andaluzas una postura diferente. Todas las taifas -y especialmente las socialistas- se han levantado unánimes contra el proyecto de la caja única. Es lógico: cualquier intento de cohesión perjudica a los que quieren encastillarse en sus límites provinciales.

De todo el proceso, lo más insólito fue la disposición a negociar el cumplimiento de la ley que obliga a la renovación de los órganos de las cajas antes de emprender un proceso de fusión. Hubo un momento en que la única persona que defendía la obligación de respetar la ley era la consejera de Economía, que estuvo en un tris de abandonar el Gobierno.

En la tarea de negociar la aplicación de la ley se aplicaron a fondo, cada uno por su lado, José Caballos y Gaspar Zarrías, estos dos rasputines de Chaves que se han terminado convirtiendo en imprescindibles gracias a su dilatada experiencia en solucionar conflictos que ellos mismos han creado. Con el fin de debilitar a Magdalena Álvarez -que es una de las pocas personas en el Gobierno andaluz que posee un currículo adecuado a su cargo- valía todo: incluso cargarse el proyecto de caja única.

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Ya no están en sus cargos Beneroso y Benjumea, pero sigue en pie su idea de anteponer la fusión de las cajas sevillanas a cualquier otro proceso. De algún modo, continúan ganando batallas después de cesados.

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