¡Ah, Del Castillo!

Siguiendo las sabias recomendaciones de Paul Valery, quien definió la política como el arte de evitar que la gente se preocupe de lo que le atañe, Aznar y su conversa ministra, Del Castillo, encabezan desde hace algún tiempo una cruzada sin precedentes contra aquellos que se permiten dudar siquiera de la conveniencia de algunos artículos de la ya muy popular, en todos los sentidos, Ley Orgánica de Universidades (LOU). Se van a enterar, éste parece ser el lema de campaña elegido para la ocasión, el cual, por cierto, ya fue popularizado en su día por el propio Zaplana cuando todavía reinaba el díscolo rector Pedreño; se van a enterar, avisó entonces, y, efectivamente, así ha sido.

De este modo, el PP, ese gran valedor de la preeminencia de la sociedad civil frente al Estado omnipotente, en versión algo descafeinada de Antonio Gramsci, confunde frecuentemente las manifestaciones con líos callejeros y las conferencias de rectores electos con la defensa de intereses corporativos, mientras cultiva una misteriosa deriva por la designación frente a la elección; entre otras cosas, porque, ya se sabe, la mayoría de las elecciones son un paripé formal que suele retrasar innecesariamente la toma de decisiones. Vean, si no, su próximo congreso: ya conocemos quién será su presidente (el primero en la historia de los congresos partidarios que, para asombro general, no será elegido por el propio congreso), pero no sólo eso, ya sabemos quién va a ser el presidente del partido: Él, o sea Aznar; e incluso quién su secretario general: esa muestra ambulante de centrismo, moderación y buenos modos que es Javier Arenas.

Pues bien, tras estos ejemplos de amor indiscutible por la democracia, y en medio de un país lleno de corporaciones y de uniones temporales de intereses al amparo del poder, ahora, no contentos con representar a toda la derecha de este país (desde la extrema hasta la liberal), se han llegado a creer que también pueden representar a la izquierda, con un pequeño esfuerzo adicional. ¿Por qué no? si a la postre basta con introducir una ligera confusión más en el panorama político, o utilizar un lenguaje, estilo Nuevas Generaciones, la mar de moderno y como muy actual, o sea que para nada se note; y así confundir al personal, que está como manipulado ¿sabes? y que no se ha leído la ley ni nada, y se van de acampada a fumar porros que, o sea, es, lo que de verdad les gusta.

Cierto es que cualquier ley de universidades siempre será polémica, por definición, puesto que la Universidad está llena de librepensadores, y es sabido que a éstos lo que más les gusta es criticar, de manera que es previsible que casi todo les parezca mal. Además, las leyes las hacen los parlamentos, legitimados para ello por la representación popular que ostentan. Nada que objetar pues al hecho de que el PP intente tener su propia ley; todo el mundo quiere tener una ley de lo que sea, a ser posible con su nombre. Pero al menos me permitirán indicar que tan legítimo es esto como que, quien esté en desacuerdo, se manifieste y opine cómo y cuando lo decida.

Se ha dicho ya casi todo sobre los pros y contras de la LOU. Yo sólo me centraré en dos aspectos que, aunque revestidos bajo el manto de una mayor democratización, me parece pueden esconder alguna pequeña-gran trampa de ésas a las que ya estamos acostumbrados. En primer lugar veamos el referido a la elección de rector. Como es sabido éste será elegido por sufragio directo, y no por el claustro como hasta ahora. Nada más democrático, afirma Del Castillo; de acuerdo, pero si lo es, entonces Aznar debería tener razones para preocuparse por su propia legitimidad, puesto que a él lo eligió el claustro de la Carrera de San Jerónimo y no parece, por lo que observamos, que muestre signos de mala conciencia alguna. La pregunta es: ¿no se estará buscando con este procedimiento que la política partidaria, de la que ya estamos hartos una mayoría en la Universidad, entre en liza, ya sin disimulo, y que a la postre el rector no dependa de acuerdos y consensos claustrales en el seno de la misma (con todas sus virtudes y defectos), sino de la cantidad de recursos financieros y apoyos mediáticos externos conseguidos? Se me puede responder que no, pero dado que es un supuesto de muy fácil contrastación es obvio que muy pronto saldremos de dudas.

En segundo lugar, recuerdo a los interesados que el Consejo Social, que ejercerá la representación de la sociedad (excelsa palabra) a la que la Universidad deberá rendir cuentas, alcanza un peso decisivo en la ley, puesto que será el encargado de aprobar los presupuestos anuales. Naturalmente ¿quién se puede oponer, de no ser por los intereses- corporativos-que-todos-sabemos, a que la Universidad rinda cuentas ante la sociedad que es, en definitiva quien la paga a través de sus impuestos? Nadie que sea sensato, desde luego. Ahora bien, dado que la representación de la sociedad se determinará (nimio detalle) en la proporción mayoritaria de tres quintas partes, por el Parlamento autonómico, el control político por el partido que ostente la mayoría absoluta puede ser total (¿es éste el nuevo concepto de autonomía universitaria?). Dicho de otra manera, puede ocurrir que la sociedad sea quien el presidente del gobierno de turno diga que es. Y claro, ¿quién garantizaría a partir de aquí que si el rector elegido no es del gusto del poder político no vea rechazados sus presupuestos, uno tras otro, hasta su dimisión final? Nadie sensato, tampoco.

Por supuesto yo no digo que ello no sea legítimo; el Parlamento funciona por mayorías y éste procedimiento puede considerarse tan democrático como cualquier otro. Yo sólo digo que si el objetivo real no fuera controlar políticamente la universidad, lo hubieran tenido tan fácil como añadir una simple línea en la que se exigiera algún tipo de mayoría cualificada para la elección del Consejo Social. Como esto no se ha hecho, el procedimiento será muy democrático y todo lo que ustedes quieran, pero yo no me fío un pelo de las verdaderas intenciones que puedan anidar ocultas tras el artículo en cuestión (¿las mismas que en la ley de las cajas, quizá?). Desconozco si todo esto ha sido fruto exclusivamente del efecto Pedreño o es que Del Castillo se ha llegado a creer que va a pasar a los anales de la Historia con su ley debajo del brazo, cual idealista hidalgo castellano arrasando molinos corporativos por doquier, pero me parece que ésta ley es, cuando menos, discutible, y debería haberse discutido mucho más.

Desgraciadamente no ha sido así; y no lo ha sido porque aunque, a estas alturas, ya todos reconocemos que nuestros gobernantes son políticos de indiscutible talla mundial, también sabemos que tienen una cierta proclividad a dotarse de ideas fijas. Y, claro, ya saben lo que dijo Jacinto Benavente: una idea fija siempre parece una gran idea, pero no por ser grande, sino porque llena todo el cerebro. Pues eso.

Andrés García Reche es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.