Derechos Humanos exige a la Junta que revise los casos de retirada de menores de 27 familias

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigió ayer la revisión de los casos de retirada de menores a 27 familias biológicas, que han perdido la tutela de sus hijos porque la Administración autonómica ha decretado que existía una situación de desamparo. La representante de la asociación, Asunción García, instó ayer a la Consejería de Asuntos Sociales a cumplir 'las promesas que le han hecho a las madres'. García asegura que, entre los compromisos, figuraban la revisión y medidas de acercamiento progresivo de los menores a sus familias biológicas. Entre los casos afectados figura el de Carmen Bellido, a pesar de que una sentencia le da la razón frente a la retirada de sus hijos.

Tanto las madres como la responsable de menores en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asunción García, fueron ayer muy críticas con la actuación de la Consejería de Asuntos Sociales al considerar que no ha cumplido las promesas realizadas a las familias biológicas, después de una campaña de movilizaciones iniciada a finales de 2000.

La organización asegura que no se han revisado los casos, ni se han adoptado medidas de acercamiento entre los menores retirados y sus familias y que, en algunos casos, incluso se ha retirado el régimen de visitas del que antes disponían los progenitores biológicos.

Asuntos Sociales rehusó ayer responder a las críticas de la asociación, aunque recordó que muchos casos están pendientes de decisiones judiciales. Entre las 27 familias afectadas, según Derechos Humanos, hay algunos casos que tienen ya siete años de antigüedad como el de Manuela Aguilar y Manuel Garrido, quienes han perdido el contacto con dos de las cuatro hijas que ellos mismos habían internado en un centro ante las pésimas condiciones de la vivienda que ocupaban. Las dos mayores ya han salido del sistema de protección de menores al cumplir los 18 años.

Pero también hay situaciones que responden a otras circunstancias, como la de Carmen Bellido, que aseguró que 'las mujeres solas sin recursos con cargas familiares y que piden ayudas a los servicios sociales son las víctimas idóneas para perder a sus hijos'.

Bellido explicó que en 1997 recurrió a los servicios sociales para pedir ayuda ante la difícil situación económica que atravesaba entonces. En marzo de 2000 recibió una carta de Asuntos Sociales en la que le notificaban la retirada de sus tres hijos cuando, según su versión, disponía ya de ingresos como auxiliar de clínica.

El pasado 3 de octubre, un juzgado sevillano dio la razón a la madre y ordenó el retorno de los hijos al hogar familiar, aunque de momento no se ha ejecutado. 'No están de acuerdo jamás en que un niño vuelva con su familia', sentenció la madre, que también criticó a la Administración autonómica por 'no informar a las familias de acogida de que los niños pueden volver con sus padres'. Carmen Bellido pidió a Asuntos Sociales que trabaje con las familias biológicas y lamentó que descarten esta opción de partida: 'Para ellos es más fácil retirar a un niño que ayudar a las familias'.

Pocos medios

Otra de las madres que ha denunciado su caso ante Derechos Humanos es Carmen Espejo, de 28 años, a quien retiraron dos hijos, de 4 y 5 años, en 2000. Espejo sostiene que, aunque ella carece de trabajo, vive con sus padres que disponen de empleo e ingresos suficientes para que 'en mi casa no falte de nada'. La asociación atribuye a la falta de medios de la Administración que no se ofrezca una atención correcta y cita como ejemplo el que cada técnico tenga que atender un centenar de casos.

Tampoco la administración de Justicia se libró de las críticas de la asociación, que acusa a los juzgados de familia de 'eternizar' los expedientes abiertos tras la retirada de menores, dilatando la solución sobre los pequeños y su posible retorno al hogar biológico. Asunción García señaló que la organización podría retomar las movilizaciones, aunque dependerá de los que decidan las familias afectadas.