El Parlament aprueba por unanimidad una nueva Ley de Justicia Juvenil

Unanimidad poco habitual. El Parlament aprobó ayer con los votos a favor de todos los grupos una nueva Ley de Justicia Juvenil, que regula en todos sus aspectos las competencias de la Generalitat para organizar y dirigir los centros donde están ingresados los menores o jóvenes acusados o condenados por un delito. El nuevo texto era necesario tras la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor el pasado mes de enero, de ámbito español, y que eleva la edad penal de 16 a 18 años.

La ley catalana que regula la actuación de la Generalitat consta de cinco apartados. Posiblemente el más novedoso es el del estatuto del menor, que fija sus derechos y deberes. Otro capítulo regula la ejecución de diferentes medidas en régimen abierto, así como los internamientos cautelares o definitivos en los centros tras una sentencia judicial. También se detallan las medidas para facilitar la reinserción de los menores y la inspección de los centros.

El consejero de Justicia, Josep Delfí Guàrdia, aseguró ayer que la nueva ley permite superar los principios 'correccionistas y paternalistas' de modelos anteriores y precisó que lo que se pretende es evitar la 'estigmatización' de los jóvenes que han cometido algún delito. Justicia aseguró ayer en un comunicado que esa ley se enmarca en un modelo iniciado en 1981 que hubiera sido imposible llevar a cabo sin la complicidad de los diversos sectores judiciales. Basta recordar, por ejemplo, que Barcelona es la única ciudad española en la que existe una fiscalía de menores que funciona las 24 horas del día.

La nueva ley, se asegura desde Justicia, permitirá individualizar el tratamiento de los jóvenes porque se refuerza la intervención de los técnicos de la Administración en el proceso judicial, así como el papel del educador en un régimen abierto. También se impulsan los programas de mediación y reparación a la víctima y los trabajos en beneficio de la comunidad.

Medidas de reinserción

Los jueces de menores no pueden aplicar una pena alternativa al internamiento si no existen instalaciones para ello o profesionales que evalúan cada caso y proponen una actuación de reinserción con el menor que delinque. Y hasta ahora la experiencia en Cataluña es positiva, porque según las cifras oficiales, el 88% de los menores delincuentes se acogieron el año pasado a penas alternativas para evitar su ingreso en un centro, la última y drástica solución que aplica el juez de menores. Así, durante el año 2000, sólo 368 jóvenes ingresaron en un centro y 3.181 repararon de diferentes formas el daño causado.

La nueva ley también permite que los ayuntramientos participen en la prevención y la reinserción social de los menores o jóvenes a través de los servicios de atención primaria, y regula la participación, sin ánimo de lucro, de particulares, asociaciones o fundaciones en este proceso.