El interventor municipal pone reparos a la compra de las sedes del BBVA y el SCH

Los convenios firmados por el segundo teniente de alcalde, Ignacio del Río, con los bancos BBVA y SCH para trasladar la Gerencia Municipal de Urbanismo a las actuales sedes de esas entidades -en la calle de Alcalá, números 45 y 49- no se ajustan a la Ley de Régimen Local, según dos informes del interventor general en el Ayuntamiento, Vicente Arnau.

Los convenios firmados por el segundo teniente de alcalde, Ignacio del Río, con los bancos BBVA y SCH para trasladar la Gerencia Municipal de Urbanismo a las actuales sedes de esas entidades -en la calle de Alcalá, números 45 y 49- no se ajustan a la Ley de Régimen Local, según dos informes del interventor general en el Ayuntamiento, Vicente Arnau. Éste cuestiona varios puntos de los convenios, tales como que la compra de los edificios se pueda hacer mediante la venta o permuta de suelo municipal. Según Arnau, se deben 'consignar en los presupuestos las cantidades necesarias' para abonar los 18.633 y 15.000 millones comprometidos, respectivamente, con el BBVA y SCH.

Del Río llevará al pleno municipal del próximo día 20 los dos convenios para que la corporación autorice al alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, la firma de esos acuerdos. En los convenios se establece que la transmisión de los inmuebles al Ayuntamiento debe producirse antes del 31 de diciembre. Pero el interventor, un funcionario independiente del gobierno municipal y encargado de fiscalizar sus cuentas, pone reparos a que la operación diseñada por el edil de Urbanismo.

Del Río planteó el traslado de la actual Gerencia Municipal de Urbanismo, sita en la calle de Paraguay, 5, tras el derrumbe que sufrió el pasado 24 de junio. Con esa idea, el edil de Urbanismo cerró el pasado día 10 los acuerdos con los bancos BBVA y SCH, por un monto de 33.600 millones, a pesar de la opinión en contra de IU y PSOE. La operación incluye otro edificio del paseo de Recoletos, además de los dos de la calle de Alcalá.

En el caso del SCH, el convenio establece permutar su sede por seis parcelas, sobre las que se harán 658 pisos, o bien usar los ingresos obtenidos por la venta de las mismas para pagar los 15.000 millones. Para el BBVA se fija un coste de 18.633 millones, que el Ayuntamiento abonará en metálico tras vender la actual sede de Gerencia. Pero Arnau considera que los ingresos que se obtengan con esas ventas no se pueden destinar a comprar los inmuebles, ya que 'no se corresponden con los bienes pertenecientes al patrimonio público del suelo'.

El convenio con el BBVA, que se establece como una compraventa en la que se fija un plazo de 18 meses para pagar los 18.600 millones, se hace una descripción minuciosa de la actual sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se tasa en 17.657 millones. El informe del interventor se muestra contundente sobre la no vinculación entre la venta de ese inmueble y la compra de la sede del BBVA de la calle de Alcalá: 'A pesar de que el convenio se refiere a la determinación de las condiciones reguladoras de la adquisición de unos edificios a sus propietarios, en su texto se desarrollan cuestiones totalmente ajenas al negocio que se trata, como son la descripción y valoración del edificio municipal de la calle de Guatemala [sede de la Gerencia de Urbanismo]', dice Arnau.

Del Río ha manifestado que tiene la intención de vender ese inmueble de la calle de Guatemala para así pagar al banco. Pero, en contra de ese plan, el interventor discrepa y especifica que el Ayuntamiento 'deberá consignar en los presupuestos que correspondan las cantidades necesarias para la financiación' de la compra de los inmuebles bancarios, según la ley reguladora de las Haciendas Locales.

Ante esos reparos de Arnau, Justo Calcerrada, portavoz de IU, cree que el gobierno municipal debería reconsiderar la compra de las sedes bancarias. 'De no ser así, denunciaremos los convenios en los tribunales por malversación de fondos públicos', dice Calcerrada.

Arnau se ha manifestado reiteradamente en contra de que el Gobierno de José María Álvarez del Manzano venda parcelas municipales para financiar gastos de todo tipo con el dinero recaudado. Según el interventor, esos fondos sólo pueden utilizarse para inversiones vinculadas con el Patrimonio Municipal del Suelo. No ocurre eso en la operación diseñada por Del Río. Los convenios determinan que el Ayuntamiento 'se obliga' a incluir los inmuebles bancarios como 'bienes en el Patrimonio Municipal del Suelo', pero Arnau considera que esa 'determinación es contraria al destino auténtico' que tendrán los edificios. En estos serán instaladas las 'sedes administrativas' de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. 'Siendo, por tanto y, por imperativo legal, bienes de dominio público afectos a un servicio público, como establecen la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Reglamento de Bienes de las entidades Locales. 'La integración de esos bienes en el Patrimonio Municipal del Suelo no puede realizarse de modo injustificado, sino atendiendo a la calificación jurídica real de los mismos y a la finalidad legal de dicho patrimonio. Por tanto, los edificios objeto de la adquisición habrán de incorporarse al Patrimonio ordinario', no al Patrimonio del Suelo, según Arnau.