El PSOE insta a sus alcaldes a rechazar el plan de nuevos colegios porque el Gobierno 'no pone el dinero'

La Federación Socialista Madrileña (FSM) está dispuesta a torpedear una de las mejores fotos que podría lograr el consejero de Educación, Carlos Mayor Oreja: la firma de un acuerdo regional con los ayuntamientos y los sindicatos para un plan bianual, con 51.600 millones de pesetas, para construir 71 nuevos centros educativos. La secretaria de Educación de la FSM, Maribel Manzano, ha instado a los 59 alcaldes socialistas a que abandonen la negociación, en la que llevan más de un año, hasta que el Gobierno regional no aclare de dónde sacará los 20.640 millones que debería destinar en 2002.

'La vía de negociación está muerta porque la Comunidad no ha puesto ni una sola peseta encima de la mesa. Aunque las competencias educativas son del Gobierno regional, son los ayuntamientos los que van a tener que adelantar el dinero', dice Manzano, quien explica que la mayor parte de los 11.039 millones de pesetas presupuestados en 2002 para infraestructuras educativas son para construcciones que ya se han finalizado, aunque Educación las está pagando todavía.

Fausto Fernández, presidente de la comisión de Educación de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y alcalde, por IU, de Rivas-Vaciamadrid, afirma que si los municipios socialistas se echan atrás no será posible llegar a un acuerdo con el Gobierno regional. Aunque reconoce que el borrador de acuerdo que le ha remitido la consejería es 'demasiado etéreo' en cuanto a los compromisos de financiación, Fernández sostiene que es 'una torpeza que un partido político [el PSOE] interfiera en el funcionamiento de la FMM'.

'Las construcciones se van a realizar con acuerdo o sin él', dice Juan González Blasco, viceconsejero de Educación, quien asegura que la financiación 'está garantizada': 11.039 millones del presupuesto ordinario, otros 6.570 del pacto para la mejora de la educación y el resto (3.031) lo tendrán que adelantar aquellos municipios que estén dispuestos a firmar convenios. CC OO y UGT, por su parte, critican que el Gobierno destine el dinero del pacto para los nuevos centros mientras piensa financiar a centros privados el 75% de las 10.000 plazas para menores de tres años que debe ofrecer en 2003.