El presidente de FARA hacía creer que Pérez Saldaña accedía a sus peticiones

El sumario del caso Fara no sólo deja en evidencia la falta de control en el manejo de las ayudas públicas -usadas para comprar coches de lujo, obligaciones del Estado y pagar a los músicos de una boda-, sino también la existencia de profesores ficticios en los programas subvencionados. El expediente recoge una conversación telefónica en la que el presidente de la FARA, Vicente Rodríguez Arribas (principal imputado en el caso) se jacta de que el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, accedió a relevar a un funcionario y le pidió tiempo para sustituirlo por 'un gitanito'. No obstante, el funcionario sigue en su puesto.

En una intervención telefónica incluida en el sumario -en el que se investiga el desvío de subvenciones concedidas a la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) y el uso de la organización para el blanqueo de dinero- Rodríguez Arribas habla con un tal Manuel y le comenta que 'al final ha quitado al Leal'. Se refiere al jefe de servicio de la Secretaría de Comunidad Gitana de Asuntos Sociales, José Manuel Leal Sabido.

Rodríguez Arribas dice a su interlocutor que 'ese payo les estaba haciendo la guerra', que el consejero ha visto que 'ha cometido un fallo' y le ha dicho: 'Mira, Vicente, yo ceso a los directores, el Chaves cesa a los consejeros y los directores cesan a los funcionarios; así que déjame unos diítas para que meta el bisturí, y no os preocupéis que lo echamos y metemos a un gitanito en la Secretaría Gitana, y un contrato para un asesor del consejero, también un gitano'. Aunque la grabación fue hecha por la policía en junio, Leal continúa en su cargo.

El sumario también recoge la conversación que Saldaña mantuvo con dos inspectores de policía que el 4 de julio le entregaron en mano, en Sevilla, el mandamiento judicial que solicitaba información sobre las subvenciones. El consejero comentó a los agentes que desde la llegada de la actual directiva de FARA -que accedió al poder en 1998 por un golpe interno- tanto él como Leal habían sufrido 'presiones y amenazas' por su propósito de reducir las ayudas porque 'no estaba dispuesto a entregar dinero público a unos narcotraficantes'.

Según el informe policial, Saldaña dijo que la reducción 'obedecía tanto a la manera antidemocrática de acceder al poder de la directiva de la FARA como a la trayectoria delictiva de sus principales miembros'. Después, tras desgranar las amenazas 'tácitas' que recibía y asegurar que los dirigentes de la federación hasta conocían el colegio donde iban los hijos de Leal, justificó que las reuniones con FARA se hubieran reanudado en que 'otros consejeros' habían recibido a sus dirigentes y que él no podía quedarse 'solo en la negativa'.

Pérez Saldaña dijo también a los inspectores que el propósito de la directiva -seis de cuyos miembros están imputados, dos de ellos en prisión- es 'la recepción de importantes subvenciones, el acceso a fondos europeos, el control absoluto de todo lo relativo al pueblo gitano y la imperiosa necesidad de que como asesor directo del consejero se designe a una persona señalada por ellos'. Saldaña, incluso, apuntó que le remitieron el currículum de la persona que 'debe ocupar el puesto'. El consejero se comprometió ante los policías a recoger la documentación requerida judicialmente y dijo que lo haría con la excusa de una auditoría rutinaria de las subvenciones porque 'podía haber gente del secretariado en connivencia con FARA'.

Al día siguiente, el 5 de julio, Leal declaró en Málaga como testigo ante el juez. Dijo que hubo un intento de soborno por parte de Rodríguez Arribas y de otros dirigentes de la federación. No precisó ni a quién ni la cuantía. Sí detalló que quienes lo habían amenazado veladamente eran Rodríguez Arribas y el presidente adjunto de la federación, José Maldonado Sandoval, también imputado en la causa; y que había 'otros funcionarios autonómicos y de la administración central' que también habían sido presionados.

Tras estos testimonios y el análisis de las intervenciones telefónicas, el informe policial concluye que 'estaríamos ante auténticas formas de actuaciones de índole mafioso, en la fase de introducirse una organización de estas características en el tejido político, y ya desde dentro, en puestos claves de la Administración, controlarla en beneficio propio'.