La autodeterminación: un debate artificial

Siempre que he tenido ocasión, he puesto de manifiesto mi sorpresa por el silencio de los empresarios vascos en torno a la cuestión del derecho de autodeterminación planteada por el nacionalismo vasco. Sorpresa relativa, evidentemente, porque a nadie se le escapa que vivimos en una tierra -la vasca- en la que no existe libertad, en la que determinadas opiniones están silenciadas por la amenaza y en la que el colectivo empresarial es uno de los más afectados por esa situación. Es por ello que la declaración del Círculo de Empresarios Vascos (CEV) del pasado 14 de noviembre adquiere un relieve especial que se ve aumentado porque en su seno también hay un empresariado nacionalista. Estoy seguro de que será objeto de duras críticas en la medida en que tiene el atrevimiento de dirigirse a la línea de flotación de un discurso político, en mi opinión, nada claro, prudente ni riguroso; adjetivos que, como acertadamente señala la citada organización empresarial, deberían calificar el debate sobre los planteamientos respecto al futuro de la comunidad autónoma vasca y su engarce con el Estado.

En el País Vasco lo obvio no se admite si va contra los intereses políticos de los partidos gobernantes

De ahí que sea muy oportuna la reivindicación que efectúa el CEV, recordando a las instituciones y a los partidos políticos que no tienen el monopolio de la opinión y la preocupación por los problemas comunes. Una vez más, las críticas pondrán de manifiesto que quienes afirman representar a los ciudadanos vascos y gobernar atendiendo a sus preocupaciones no están dispuestos a cambiar el rumbo, porque los equivocados son los ciudadanos. Incluso cuando se trata de opiniones tan autorizadas como las de los empresarios.

Lo lamentable es que en el País Vasco lo obvio no se admite si va contra los intereses políticos de los partidos gobernantes. Es más, con la misma testarudez que se predica del buey, se continúa por el camino opuesto aunque, como en el caso de la autodeterminación, ello conduzca a la nada o sea política, económica y socialmente inviable. Porque vamos a ver: ¿los partidos políticos que conforman el Gobierno vasco y el propio Gobierno han podido ignorar en algún momento las incidencias que el discurso soberanista o autodeterminista tiene y tendrá sobre la economía y las empresas vascas? ¿Desconocen las consecuencias de continuar por ese camino? ¿Piensan que, de llevarse a la práctica, las empresas del resto de España continuarán invirtiendo en el País Vasco o que distintas sociedades y empresas mantendrán sus sedes sociales en el País Vasco? ¿Consideran que toda esa aventura es política, económica y socialmente viable? ¿Estiman que el nivel de vida de los ciudadanos vascos no se verá afectado?

No son precisos conocimientos específicos para poder responder a esas preguntas, porque son evidentes. De ahí que la responsabilidad política sea todavía mayor, porque se instaura y se mantiene conscientemente un debate artificial. Nada de lo que manifiestan los empresarios vascos en su declaración puede constituir una sorpresa para un político. La sorpresa es que ningún político con responsabilidades de gobierno haya tenido la valentía de reconocerlo. Y los ciudadanos que no compartimos las tesis oficiales, aunque a alguien le disguste, tenemos derecho a exigirlo. Tenemos derecho a exigir claridad, rigor, seriedad, porque no somos meros espectadores de una representación escénica interpretada por y para un determinado sector de la sociedad, sino que tales proyectos nos afectan directamente en la medida en que -hay que recordarlo- también somos parte de la misma.

Ese mismo rigor, claridad y seriedad los exigimos cuando para vendernos el derecho de autodeterminación se invoca el Derecho Internacional y los tratados internacionales. Son habituales, en ese sentido, tanto declaraciones públicas de representantes de partidos políticos nacionalistas como cartas publicadas en este mismo diario en la sección correspondiente. Puesto que se recurre al Derecho Internacional para justificar el derecho de autodeterminación respecto del País Vasco, lo menos que puede pedirse es que se nos diga dónde y con qué contenido. No estaría de más, aunque sé que es inútil pedirlo, el recurso a la honestidad intelectual. Aunque ello implique tener que reconocer que el Derecho Internacional no ha reconocido nunca ni reconoce ahora el derecho de autodeterminación respecto de entidades territoriales que forman parte de un Estado democrático. Esta realidad es, también, una obviedad: ¿cómo iban los Estados -autores que son del Derecho Internacional- a dotar al derecho de autodeterminación de un contenido que pudiera conllevar la destrucción del propio Estado o la secesión de determinadas partes del mismo? ¿Quién puede imaginar semejante suicidio?

Y, por si todo lo anterior no fuera suficiente, queda todavía una última obviedad: en un mundo absolutamente interrelacionado, trayectorias como la patrocinada desde el nacionalismo vasco en pos de la autodeterminación van en sentido contrario.

Sólo queda confiar en que el sentido común habite algún día entre nosotros. Puesto que tenemos la ventaja de contar todavía -aunque cada vez de modo más escaso- con un medio rural, sabemos por experiencia que es cierto que el buey es testarudo. Lo que también sabemos es que no es un animal estúpido ni suicida: él nunca se arrojaría al precipicio.Siempre que he tenido ocasión, he puesto de manifiesto mi sorpresa por el silencio de los empresarios vascos en torno a la cuestión del derecho de autodeterminación planteada por el nacionalismo vasco. Sorpresa relativa, evidentemente, porque a nadie se le escapa que vivimos en una tierra -la vasca- en la que no existe libertad, en la que determinadas opiniones están silenciadas por la amenaza y en la que el colectivo empresarial es uno de los más afectados por esa situación. Es por ello que la declaración del Círculo de Empresarios Vascos (CEV) del pasado 14 de noviembre adquiere un relieve especial que se ve aumentado porque en su seno también hay un empresariado nacionalista. Estoy seguro de que será objeto de duras críticas en la medida en que tiene el atrevimiento de dirigirse a la línea de flotación de un discurso político, en mi opinión, nada claro, prudente ni riguroso; adjetivos que, como acertadamente señala la citada organización empresarial, deberían calificar el debate sobre los planteamientos respecto al futuro de la comunidad autónoma vasca y su engarce con el Estado.

De ahí que sea muy oportuna la reivindicación que efectúa el CEV, recordando a las instituciones y a los partidos políticos que no tienen el monopolio de la opinión y la preocupación por los problemas comunes. Una vez más, las críticas pondrán de manifiesto que quienes afirman representar a los ciudadanos vascos y gobernar atendiendo a sus preocupaciones no están dispuestos a cambiar el rumbo, porque los equivocados son los ciudadanos. Incluso cuando se trata de opiniones tan autorizadas como las de los empresarios.

Lo lamentable es que en el País Vasco lo obvio no se admite si va contra los intereses políticos de los partidos gobernantes. Es más, con la misma testarudez que se predica del buey, se continúa por el camino opuesto aunque, como en el caso de la autodeterminación, ello conduzca a la nada o sea política, económica y socialmente inviable. Porque vamos a ver: ¿los partidos políticos que conforman el Gobierno vasco y el propio Gobierno han podido ignorar en algún momento las incidencias que el discurso soberanista o autodeterminista tiene y tendrá sobre la economía y las empresas vascas? ¿Desconocen las consecuencias de continuar por ese camino? ¿Piensan que, de llevarse a la práctica, las empresas del resto de España continuarán invirtiendo en el País Vasco o que distintas sociedades y empresas mantendrán sus sedes sociales en el País Vasco? ¿Consideran que toda esa aventura es política, económica y socialmente viable? ¿Estiman que el nivel de vida de los ciudadanos vascos no se verá afectado?

No son precisos conocimientos específicos para poder responder a esas preguntas, porque son evidentes. De ahí que la responsabilidad política sea todavía mayor, porque se instaura y se mantiene conscientemente un debate artificial. Nada de lo que manifiestan los empresarios vascos en su declaración puede constituir una sorpresa para un político. La sorpresa es que ningún político con responsabilidades de gobierno haya tenido la valentía de reconocerlo. Y los ciudadanos que no compartimos las tesis oficiales, aunque a alguien le disguste, tenemos derecho a exigirlo. Tenemos derecho a exigir claridad, rigor, seriedad, porque no somos meros espectadores de una representación escénica interpretada por y para un determinado sector de la sociedad, sino que tales proyectos nos afectan directamente en la medida en que -hay que recordarlo- también somos parte de la misma.

Ese mismo rigor, claridad y seriedad los exigimos cuando para vendernos el derecho de autodeterminación se invoca el Derecho Internacional y los tratados internacionales. Son habituales, en ese sentido, tanto declaraciones públicas de representantes de partidos políticos nacionalistas como cartas publicadas en este mismo diario en la sección correspondiente. Puesto que se recurre al Derecho Internacional para justificar el derecho de autodeterminación respecto del País Vasco, lo menos que puede pedirse es que se nos diga dónde y con qué contenido. No estaría de más, aunque sé que es inútil pedirlo, el recurso a la honestidad intelectual. Aunque ello implique tener que reconocer que el Derecho Internacional no ha reconocido nunca ni reconoce ahora el derecho de autodeterminación respecto de entidades territoriales que forman parte de un Estado democrático. Esta realidad es, también, una obviedad: ¿cómo iban los Estados -autores que son del Derecho Internacional- a dotar al derecho de autodeterminación de un contenido que pudiera conllevar la destrucción del propio Estado o la secesión de determinadas partes del mismo? ¿Quién puede imaginar semejante suicidio?

Y, por si todo lo anterior no fuera suficiente, queda todavía una última obviedad: en un mundo absolutamente interrelacionado, trayectorias como la patrocinada desde el nacionalismo vasco en pos de la autodeterminación van en sentido contrario.

Sólo queda confiar en que el sentido común habite algún día entre nosotros. Puesto que tenemos la ventaja de contar todavía -aunque cada vez de modo más escaso- con un medio rural, sabemos por experiencia que es cierto que el buey es testarudo. Lo que también sabemos es que no es un animal estúpido ni suicida: él nunca se arrojaría al precipicio.

Carlos Fernández de Casadevante Romani es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ex profesor de la UPV.