Columna
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La costosa agonía de la convertibilidad

El Gobierno del presidente Raúl Alfonsín había intentado, durante los años ochenta, todo tipo de políticas heterodoxas, como los controles de precios, y políticas autárquicas para proteger la industria nacional con el fin de impulsar un crecimiento para Argentina. Sin embargo, el país terminó viviendo a expensas del Estado y tuvo que recurrir a la emisión de dinero para financiarse. Estas políticas desembocaron en una hiperinflación que condujo a la economía a una de sus peores crisis.

Carlos Menem, elegido en medio de esta crisis, decidió que la forma de salir del letargo era cambiar de rumbo económico. Para ello nombró a un tecnócrata liberal, como Domingo Cavallo, para que diseñara un nuevo programa económico. El plan que ideó Cavallo fue la convertibilidad. La disciplina monetaria que exigía el sistema, junto a otras medidas, como las privatizaciones, la apertura al comercio exterior y la cuenta de capitales, deberían ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad privada y atraer a los inversores externos.

Una devaluación, por costosa que sea en el corto plazo, puede ser la única alternativa posible para recuperar el crecimiento sostenible

Los primeros años avalaron estas expectativas. Sin embargo, en 1995, la crisis mexicana dejó en evidencia las debilidades del sistema argentino. La salida de capitales que se originó por el contagio generó problemas de liquidez en el sistema financiero, desatando por primera vez el miedo de una devaluación.

El apoyo de los organismos multilaterales, liderados por el FMI, permitió sobrepasar esta crisis, pero la confianza en la convertibilidad nunca más fue la misma. La crisis asiática, iniciada en 1998, pareció ser el principio del fin para este sistema. Argentina se vio enfrentada a tipos de interés incompatibles con el crecimiento y cayó en una recesión. La receta utilizada fue reducir el gasto público para que los inversores recuperasen la confianza en un país con problemas para cumplir sus obligaciones financieras.

Argentina se hundió en una recesión cada vez más profunda, lo que, a su vez, llevó los tipos de interés a cifras exorbitantes, imposibilitando el despegue de la economía. En sucesivas ocasiones, el FMI tuvo que rescatar a Argentina de una suspensión de pagos, esperando que estos fondos restituyeran la confianza de los inversores.

Diez años después de la instauración de la convertibilidad, Argentina está de nuevo sumida en una crisis alarmante. El FMI, antaño cómplice de la convertibilidad, ha negado brindar apoyo adicional, dejando entrever sus dudas sobre el actual régimen. El originalmente ortodoxo ministro Cavallo está ensayando todo tipo de políticas heterodoxas para salvar a la convertibilidad.

Como en 1989, se han congelado los depósitos para evitar la fuga de capitales y la quiebra del sistema financiero. El modelo no sólo ya no cumple con sus objetivos iniciales, sino que además las medidas adoptadas en estos meses para salvarlo están creando un sentimiento adverso de los inversores que tardará en borrarse. Cavallo, empecinado en mantener la convertibilidad, está dando los últimos manotazos que da un ahogado antes de hundirse y posterga a toda costa lo impostergable. Se ha llegado a un punto en que el remedio es peor que la enfermedad.

Una dolarización en estos momentos no restauraría la competitividad necesaria para un país minado por la desconfianza y sólo prolongará la agonía, por lo que una devaluación, por costosa que sea en el corto plazo, puede ser la única alternativa viable para recuperar finalmente una senda de crecimiento sostenible.

Lucas Vigier es analista de América Latina en Analistas Financieros Internacionales.

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