Fracasa la estrategia contra la delincuencia

David Bote Vargas tiene 19 años y ya lo han detenido 45 veces. Cada vez que los policías le ponen las esposas, él les canta idéntico estribillo: 'Yo gano en una noche más que vosotros en un mes, pringaos, que sois unos pringaos; ¿para qué me detenéis si mañana estaré en la calle?'. Y es verdad.

David se ha hecho famoso con el método del alunizaje, que consiste en estampar un Opel Vectra, su coche preferido, contras las lunas de un bar o una joyería y llevarse en un santiamén la recaudación del día, la caja de una máquina tragaperras o dos relojes de oro y unas cuantas pulseras. David Bote, enganchado a la droga y a la velocidad, huye del lugar a toda máquina, conduciendo por la acera si es preciso, estampando su coche contra los patrulleros de la policía y dejando tras de sí un rastro inconfundible de adrenalina y cristales rotos. 'Lo que más miedo me da', dice el comisario del distrito de La Latina, 'es que un día se me va a llevar por delante a un agente o a cualquier criatura que esté paseando a su perro'.

Los socialistas sostienen que el PP fomenta la seguridad privada y descuida a la policía

En Justicia apuntan que la solución pasa por los juicios rápidos para los delitos flagrantes

Es sólo un caso, pero hay más, muchos más. Hasta el ministro del Interior, Mariano Rajoy, admitió en el Congreso de los Diputados tener datos de otro delincuente que ya había sido esposado 107 veces. De lo que no se tiene constancia, sin embargo, es de que exista alguna respuesta para una pregunta que parece obvia y que en otros lugares, no aquí, despierta un encendido y preocupado debate entre Gobierno y oposición: ¿qué se puede hacer contra la ola creciente de crímenes, pequeños y mayores, que afecta a todo el país, y especialmente a Madrid, donde unos 50 ciudadanos son atracados cada día y 93 personas han sido asesinadas en lo que va de año?

No hay respuesta para esa pregunta. Y David Bote lo sabe. 'Delante de nosotros', explica el comisario, 'se jacta una y otra vez de ganar en una noche más de 300.000 pesetas, de conducir coches potentes y vestir ropa de marca, de entrar por una puerta y salir por la otra'.

Desde 1999, este delincuente habitual, vecino de uno de los barrios más conflictivos de Madrid y miembro de una familia muy conocida en Instituciones Penitenciarias, entra y sale de la cárcel como Pedro por su casa. Su ficha registra un vaivén constante. Entró en junio de 1999 y salió en julio. Volvió a entrar en enero de 2000 y salió 13 días después, para regresar entre rejas en marzo de aquel año y volver a salir en abril. No estuvo mucho tiempo en la calle. Fue a parar a su segunda casa en agosto para abandonarla en septiembre.

Su temporada más larga en la cárcel la pasó precisamente este año. Ingresó en enero de 2001 en la prisión de Alcalá-Meco y ya no salió hasta el 26 de julio. Sus 45 detenciones atestiguan que David Bote no ha desaprovechado el escaso tiempo que lleva en libertad. Siempre rompiendo escaparates de bares y joyerías, siempre conduciendo un Opel Vectra ajeno por las calles de Madrid. '¿Y qué hacemos con él?', se pregunta desesperado el comisario, 'porque ahora, encima, va de famoso. Ya le han hecho una entrevista en televisión. Lo que nos faltaba es que lo convirtieran en El Vaquilla'.

¿Qué hacemos? No sólo el comisario se hace esa pregunta. Se la hicieron los madrileños no hace mucho tiempo, cuando Pietro Arcan, un delincuente moldavo también habitual de las comisarías cometió un horrible crimen en Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid, asaltando el chalé de una familia, matando al padre, hiriendo a una de las hijas y violando a la otra. ¿Qué hacemos?, se preguntan ahora los joyeros, atracados un día sí y otro también, ya sea en Marbella, Madrid, Barcelona o Sevilla. La delincuencia ha subido este año casi un 11% al dispararse los robos callejeros, en coches y viviendas.

Incluso los máximos responsables de la seguridad -valgan los ejemplos de los delegados del Gobierno en Andalucía y Madrid, José Torres Hurtado y Francisco Javier Ansuátegui Roca- reconocen de forma implícita el fracaso de la policía e intentan escamotear el aluvión de críticas aconsejando a las víctimas que contraten servicios de seguridad privados. 'El PP', dice Javier Barrero, portavoz socialista en la Comisión de Justicia e Interior, 'está estimulando el negocio de la seguridad privada. Mientras la policía tiene sólo 58.000 plazas, de las que 9.000 están sin cubrir, ya hay más de 100.000 guardias privados. El mensaje que lanza el PP es: quien tenga dinero, que compre su seguridad'.

Pero el problema, coinciden unos y otros, no sólo está en las comisarías. También la vista se vuelve -tanto aquí como en Francia o Reino Unido, donde se padecen problemas parecidos- hacia los juzgados. Ya que la policía se siente desbordada por el aumento de delitos, por la especialización y la crueldad de las bandas internacionales, por las limitaciones de una plantilla cada vez más reducida y más vieja, por la lucha contra el terrorismo que requiere muchos y buenos agentes, ¿habrá que endurecer las penas?

Según Barrero, 'la sociedad no puede hacer del Código Penal un arma represiva'. Tampoco los responsables del Ministerio de Justicia apuntan por ahí, y sí por implantar antes del verano los llamados 'juicios inmediatos', a celebrar en menos de 72 horas desde la detención con el fin de sancionar delitos flagrantes y también otro tipo de delitos que conlleven una pena inferior a los tres años.

Según Manel Silva, el diputado de Convergència i Unió que hizo la propuesta, la celebración de juicios en 72 horas -el plazo máximo de detención preventiva- 'evitaría que el juez tuviese que enviar a prisión provisional a personas que luego serán condenadas a penas leves, y también tener que dejar en libertad a otras que no tienen domicilio fijo y sobre las que todo apunta a que tratarán de sustraerse a la acción de la justicia'.

En Francia, donde la delincuencia está aumentando en unos niveles comparables a los españoles, el debate está llegando más lejos. La seguridad ya se ha convertido en la estrella de las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Lejos de andarse por las ramas, los franceses de izquierdas y derechas andan estos días debatiendo la idoneidad o no de la llamada tolerancia cero, una política de represión sistemática de la pequeña delincuencia puesta en práctica, con bastante éxito y no menos polémica, por el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

Hablando en plata, se trata de aplicar mano dura contra los delincuentes de poca monta para evitar que pasen a mayores. O, lo que es lo mismo, la tolerancia cero surge de aplicar sobre el terreno la doctrina de los cristales rotos, desarrollada en 1982 por dos universitarios americanos de ideología conservadora, George Kelling y James Wilson, quienes apostaron por perseguir con el mismo vigor los pequeños delitos y los crímenes de sangre.

Tan a pecho se lo tomó Giuliani al llegar a la alcaldía de Nueva York en 1993, que pintar un graffiti, fumar marihuana o romper una ventana llegaron a suponer penas de cárcel. Los resultados no se hicieron esperar. Por un lado, la criminalidad se redujo en más de un 50% y la ciudad volvió a ser habitable después de mucho tiempo, pero, por otro, el racismo y la brutalidad policial se dispararon hasta límites nunca vistos. Incluso el teniente de alcalde, Rudy Washington, el único colaborador negro de Giuliani, sufrió el acoso de su propia policía. En 1998, un agente le dio el alto cuando circulaba junto a su esposa en una limusina conducida por un chófer y le interrogó minuciosamente. El policía explicó luego que le había resultado 'sospechoso que un negro viajara en limusina'.

¿Importarán, pues, los franceses algún día la tolerancia cero? ¿Cruzará después los Pirineos para instalarse en España? Sea sí o no la respuesta a una y otra pregunta, lo que sí parece claro es que difícilmente se podrá poner en práctica aquí una ley así en estado puro.

Basta escuchar al inspector jefe Kevin Perham, oficial de la policía de Nueva York, y recordar el caso de David Bote Vargas, detenido 45 veces y otras tantas puesto en libertad, para constatar que hay más de un océano de distancia entre un concepto de justicia y otro. 'Ahora', explicó Perham a este periódico, 'perseguimos delitos que antes ignorábamos y obtenemos resultados. Por ejemplo, pongamos que encierro a un tipo que se ha colado en el metro. Es frecuente que esté buscado por alguna otra cosa, así que permanece en la cárcel cuatro o cinco días, o quizá queda fuera de circulación durante más tiempo. O pongamos que se trata de un ladrón. Un buen ladrón hace dos trabajos al día. Si se le encarcela durante una semana por colarse en el metro, hay 10 o hasta 14 robos menos. Si se multiplica por 100, por 1.000... Así es como desciende el número de delitos. Además, cuando un individuo está en prisión, no está pegando tiros, ni recibiéndolos, ni comprando drogas...'. Explicado así, la norteamericana tolerancia cero suena bastante a la vieja ley española de vagos y maleantes. Tanto ésta como aquélla consideraban clave el carácter reincidente del sospechoso.

Ahora y aquí, en cambio, el hecho de que el detenido esté involucrado en otros delitos anteriores y tenga antecedentes policiales no supone en ningún caso una razón legal para decretar prisión preventiva. Lo explica muy bien Raimunda de Peñafort, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid y conocedora como pocos del día a día de la delincuencia habitual. 'Para decretar una prisión preventiva', explica la juez, 'es preciso que se cumplan tres requisitos: que la pena susceptible de imponer por el delito motivo de la detención sea superior a tres años de cárcel; que exista un riesgo real de fuga, y que el fiscal pida al juez -punto éste fundamental- la prisión. Si no se dan estos tres requisitos, no se puede meter a nadie en la cárcel de forma preventiva'.

La juez admite que más de una vez se ha encontrado con personas detenidas más de 100 veces en un solo año por delitos de hurto -en su mayoría carteristas- y que los ha tenido que dejar en libertad en aplicación de la ley. 'Hay otros robos en los que sí concurre violencia', añade Raimunda de Peñafort, 'y cuyos autores difícilmente acaban en prisión preventiva. En la fiscalía, por ejemplo, existe el criterio de no pedir cárcel por un tirón si el agresor no ha usado un arma ni la víctima ha sufrido lesiones'.

Al igual que en Francia o en el Reino Unido, el debate sobre la seguridad está en la calle. El viernes mismo, en un autobús de la línea 21 de Madrid, dos hombres de edad comentaban entre sí: 'Ni los políticos ni los jueces hacen nada y un día va a haber una desgracia. Va a salir un joyero con una escopeta y le va a pegar dos tiros a un delincuente y se va a armar la de Dios', decía uno para que asintiera el otro: 'Sí, y lo peor es que el joyero se buscará dos ruinas, la suya y la del pobre desgraciado que se lleve por delante'.