Amenaza de expulsión

Los contingentes de años anteriores sirvieron para regularizar a los inmigrantes que ya estaban en España: viajaban a su país, recogían el visado en el consulado y volvían. Ahora esa solución es imposible, porque la Ley de Extranjería señala que las ofertas de trabajo 'se ofrecen a trabajadores extranjeros que no se hallen ni sean residentes en España'.

En el Ministerio de Trabajo son conscientes de que toda esta situación puede degenerar en un problema social. 'Por eso hemos sido muy prudentes a la hora de fijar el contingente, porque sabemos que dentro de un año podemos encontrarnos en un aprieto', dice un alto funcionario.

Éste es el escenario que temen todos los agentes sociales: de un lado, muchos de los 300.000 inmigrantes que se han acogido a la regularización por arraigo habrán perdido su trabajo.

Y los empleos disponibles estarán en manos de los que lleguen con el contingente. Además, habrá una nueva bolsa de irregulares: los que han entrado en el país desde el 23 de enero pasado.

El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, ya ha previsto ese problema y ha enunciado la solución: 'Las personas que han llegado ilegalmente a España tras el 23 de agosto serán expulsadas a sus países. No van a ser regularizadas. Las regularizaciones extraordinarias son importantes y necesarias, pero actúan como elementos de distorsión demasiado graves cuando hablamos de políticas de regulación de flujos'.