Monteseirín remite las irregularidades de Tráfico al fiscal horas antes de que se reúna la comisión

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, volvió a dar ayer un golpe de efecto en la investigación sobre supuestas irregularidades cometidas en la delegación de Tráfico. Hace un mes, creó por decreto una comisión para investigar los hechos, apenas doce horas antes del inicio de un pleno municipal donde se iba a votar la constitución de este órgano. El pasado lunes, en vísperas de la primera reunión de la comisión, Monteseirín decidió enviar a la Fiscalía toda la documentación sobre el caso, ya que el juez instructor ha apreciado indicios de cohecho.

El alcalde, que no participa en la comisión, subrayó ayer que él se está limitando a 'dar los pasos' que le dictan los asesores jurídicos. Los cuatro representantes de los grupos municipales en la comisión de investigación, incluso la portavoz socialista, Evangelina Naranjo, según reconoció después ella misma, entraron en la primera reunión de este órgano sin saber que Monteseirín había firmado el lunes una resolución para enviar al Ministerio Fiscal la documentación reunida por el juez instructor de las presuntas irregularidades cometidas por dos funcionarios de Tráfico.

Los portavoces municipales -Naranjo, Luis Pizarro (IU), Juan Ortega (PA) y Ricardo Villena (PP)- se disponían a concretar un calendario de reuniones y las bases de funcionamiento de la comisión cuando el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Enrique Barrero, les informó del decreto del alcalde.El propio Barrero, que participó excepcionalmente en la reunión en sustitución del secretario general de la corporación, aconsejó a los representantes municipales que se paralizase la comisión hasta que el fiscal se pronuncie sobre los informes que se le han remitido. Pero ningún portavoz político defendió la propuesta . 'La comisión no va a entrar en si existe o no delito, sino en qué entorno político o administrativo ha favorecido las irregularidades desde el Ayuntamiento', explicó después el portavoz de IU.

Los dos socios de gobierno, PSOE y PA, se han mostrado reacios desde el principio a la comisión de investigación porque pensaban que ésta podía interferir en los trabajos del juez instructor. Sin embargo, el alcalde decidió crearla y el pleno la ratificó. Ayer, el jefe de la asesoría jurídica insistió en que era más oportuno suspender las reuniones, igual que se ha optado por paralizar el expediente disciplinario de los dos funcionarios bajo sospecha.

Los cuatro representantes municipales optaron por pedir que se les facilitara el informe del instructor para analizarlo en la reunión que celebrarán el próximo miércoles. Antes de Navidad, la comisión tiene previsto celebrar otra sesión el lunes día 17. Tras estos dos encuentros, en principio, deben quedar concretados un calendario de reuniones y las reglas de funcionamiento. Además, los portavoces políticos especificarán quiénes quieren que comparezcan y qué documentos quieren estudiar.

El portavoz de IU ya adelantó ayer que va a solicitar el expediente de contrato de la empresa Andaluza de Señalizaciones, concesionaria de los servicios de instalación y mantenimiento de las señales de tráfico; además, Pizarro va a pedir toda la documentación referida a la ejecución de ese contrato. El portavoz de IU propondrá también la comparecencia de los dos concejales que han ocupado la delegación de Tráfico desde 1995 hasta hoy, de los dos directores de este área, de los jefes de servicio y de empleados de la empresa. Además, Pizarro solicitará que el secretario y el interventor del Ayuntamiento expliquen desde cuándo conocen las supuestas irregularidades.

Durante la reunión de ayer volvió a surgir la discrepancia por el ámbito de investigación de la comisión. Cuando la constituyó, el alcalde aseguró que las pesquisas no se iban a acotar al mandato anterior, durante el que supuestamente se cometieron las irregularidades, y garantizó que este órgano tendrá las manos libres para rastrear en todo lo que considere necesario dentro de ese asunto. El pleno ratificó su propuesta por unanimidad. Sin embargo, el concejal popular Ricardo Villena advirtió ayer de que su grupo entendía que se podía investigar cualquier tema concerniente a la Delegación de Tráfico. Finalmente, el jefe de la Asesoría Jurídica consultó el acta del pleno y convenció al representante del PP. Tras la reunión, Villena aseguró que la comisión debe servir 'no sólo para arrojar luz a las presuntas irregularidades, sino también para que la clase política quede en lo más alto'.