Un abogado pide la reapertura del caso por la muerte de Sá Carneiro

El abogado Ricardo Sá Fernandes solicitó ayer en la Asamblea de la República portuguesa la reapertura del proceso judicial por la muerte en extrañas circunstancias del ex primer ministro Francisco Sá Carneiro y el ex ministro de Defensa Adelino Amaro da Costa, ocurrida hace ahora 21 años. Durante la presentación del libro El crimen de Camarate, el autor y abogado de los familiares de las víctimas defendió la tesis del atentado y acusó a las autoridades políticas y judiciales de obstruir la investigación.

El ex presidente Mario Soares y el ex primer ministro Aníbal Cavaco Silva han reclamado también la reapertura del proceso. La caída del avión Cessna en el que viajaban Sá Carneiro y Amaro da Costa no fue un accidente, a juicio de Sá Fernandes, sino un claro crimen de Estado en el que están identificados los autores materiales y, casi con seguridad, el móvil: impedir una investigación sobre el tráfico de armas que estaba dirigiendo el entonces ministro de Defensa.

Sá Fernandes subraya que uno de los supuestos autores del atentado, Lee Rodrigues, actualmente en Brasil, confesó a terceras personas haber colocado la bomba en la avioneta, pero nadie quiso apreciar ésta u otras pruebas que conducían hacia el crimen.

Sá Fernandes considera como principal responsable del caso al que fuera durante 17 años fiscal general del Estado, Cunha Rodrigues. A su juicio, Cunha Rodrigues 'trató el asunto Camarate como una cuestión de Estado y no como una cuestión simplemente judicial, obstruyendo el esclarecimiento de la verdad'. El abogado sostiene que el temor a una guerra civil en un momento delicado de la transición portuguesa enterró el caso durante años y luego fue muy difícil volver a reabrirlo.

Por su parte, el diplomático y ex presidente de la asamblea general de la ONU, Diego Freitas do Amaral, afirma en el prólogo del libro que 'si el ministerio público mantiene su orientación de no ejercer la acción penal en un caso en el que las dudas son tantas y las pruebas contrarias a la tesis oficial son tan fuertes, habrá que pensar entonces en retirar al ministerio público el monopolio de la acción penal y restituirselo a los ciudadanos con intereses legítimos'.