Las dos cárceles de la Generalitat no han renovado nunca su seguridad

Las dos prisiones de Cataluña construidas por el Gobierno de CiU desde que asumió las competencias penitenciarias, Quatre Camins y Brians, no han renovado su sistema general de seguridad electrónico e informático desde que se pusieron en marcha. La primera en 1989, en el término de La Roca del Vallès, y la segunda en 1991, en Sant Esteve Sesrovires. Desde entonces, el Departamento de Justicia ha realizado retoques parciales, pero el sistema ha quedado obsoleto para cumplir su misión, según diversas fuentes penitenciarias.

Las deficiencias de seguridad de la prisión de Brians, que acoge una población de 1.378 presos, fueron comunicadas hace unos meses por escrito por el responsable del centro, José María Montero, a la directora general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Mercedes Sánchez. En esa carta se relataba que, por extraño que parezca, no existen cámaras de vigilancia ni en los patios de los cuatro módulos de la cárcel, ni en la zona de seguridad. Asimismo, tampoco hay sensores en los muros de la prisión. Ante esa circunstancia, no resulta extraño que los cuatro presos que huyeron en la madrugada del pasado lunes del módulo 3 de la cárcel de Brians no fuesen detectados por las cámaras de seguridad. Justicia admitió ayer que en esa prisión existe una 'zona oscura' y que la huida se produjo por una 'cadena de fallos'.

La falta de cámaras de seguridad en los patios de los módulos de Brians y de sensores en los muros es una situación que no se da en ninguna otra cárcel de Cataluña ni tampoco en las del resto de España. Incluso en la vetusta prisión Modelo existen cámaras de vigilancia en los patios, aunque la verdad es que no funcionan desde hace más de 15 años, explica José Fermín Sanz, responsable de Comisiones Obreras de los funcionarios de la Generalitat. 'Aunque cueste creerlo, la realidad es esa, y por eso no nos sorprende el rosario de fugas que se está produciendo en las últimas semanas', explica Sanz.

Personal insuficiente

Este sindicato, mayoritario en el sector, recordó ayer en un comunicado que el Gobierno de CiU ha incumplido su compromiso de abordar 'la falta de medios técnicos de seguridad o medios deficientes y en mal estado'. A eso hay que añadir, según Comisiones Obreras, la falta de funcionarios para garantizar la seguridad de las prisiones. El día que se fugaron Jordi Cruz Arjona y David Durán Ureña debía haber en toda la prisión 22 funcionarios, pero la realidad es que eran 18. Los otros cuatro estaban de baja, y su ausencia no fue cubierta por la Administración.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó ayer realizar cualquier comentario sobre la revisión de los sistemas de seguridad de estas prisiones y se limitó a señalar que 'existe un mantenimiento permanente del sistema'.

Junto a las deficiencias del sistema electrónico de seguridad hay otros factores que contribuyen a explicar las fugas de las últimas semanas. El primero es que una huida produce un efecto mimético entre los presos. Si les sale bien a algunos, ¿por qué no intentarlo? Esa es la pregunta que se hacen algunos reclusos para probar fortuna. Y existe también un enfrentamiento endémico entre el funcionariado y la Administración autonómica que se arrastra desde que se produjo el traspaso de competencias penitenciarias a la Generalitat, en 1984, y que no se ha saldado porque las posturas están muy distantes.

El conseller en cap, Artur Mas, terció ayer en la polémica generada por el rosario de fugas de presos de las últimas semanas y anunció que en breve habrá dimisiones por estos hechos. Eso sí, habrá que esperar unos días a que finalice la investigación oficial encargada el lunes por el consejero de Justicia, Josep Delfí Guàrdia, al secretario sectorial de Ejecución Penal, Francesc Jiménez Gusi. Guàrdia anunció que esa investigación sería 'rápida' y que el objetivo era analizar 'qué ha fallado', aunque ya descartó que hubiese habido 'negligencia activa'.

La delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, se refirió también a la situación creada en los últimos días y aseguró que las fugas son una 'circunstancia a todas luces preocupante'.

En medios jurídicos relacionados con el ámbito penitenciario existe una coincidencia en señalar que el clima de deterioro en las prisiones catalanas no es ajeno a la destitución que se produjo hace dos años del director general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación de la Generalitat, Ignasi García Clavel, actual delegado de la Generalitat en Barcelona y secretario general para las confesiones religiosas. García Clavel hubo de abandonar su cargo en diciembre de 1999 tras más de nueve años de ocuparlo y después de que Jordi Pujol cediera a las presiones de la entonces consejera de Justicia, la democristiana Núria de Gispert, actual titular de Gobernación.

Durante su mandato, García Clavel también hubo de soportar un estrecho marcaje del hasta hace pocos días secretario general de Justicia, Ángel Vicente, y del actual director de Servicios, Lucas Castaño. Ambos habían sido funcionarios de prisiones antes que altos cargos de la Generalitat y siempre aspiraron, sin éxito, a ocupar el cargo de García Clavel.

Tanto Castaño como Vicente siempre mantuvieron unas excelentes relaciones personales con el ex juez de vigilancia penitenciaria José Ramón Manzanares, condenado a 30 meses de inhabilitación por retrasar la concesión de los permisos de los presos navideños en 1998. García Clavel, por el contrario, siempre se opuso al recorte de los derechos de los presos que implicaban algunas resoluciones judiciales.

Reconocimiento unánime

Ese clima de división en el Departamento de Justicia explica que algunas decisiones sobre los sistemas de seguridad de las prisiones le fuesen impuestas a García Clavel, sin que éste tuviese capacidad para modificarlas. Sin embargo, su labor fue reconocida de manera unánime por diversos sectores progresistas del mundo judicial, algo completamente inusual tratándose de un alto cargo de la Generalitat. Desde el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, al mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, o el presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, Gerard Thomas, que es el tribunal encargado de resolver los recursos de vigilancia penitenciaria.

Al margen de las dimisiones futuras, Artur Mas anunció también que las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas serán más rigurosas a partir de ahora en la propuesta de concesión de permisos para los casos de abusos sexuales y delitos de sangre. Actualmente, la concesión de un permiso depende en último extremo del juez de vigilancia penitenciaria y en esa decisión se tiene en cuenta el informe de la prisión.

Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad de Barcelona, advirtió ayer del riesgo de endurecer la concesión de permisos y recordó que el 97% de las salidas concluyen con éxito. 'Las fugas sólo alimentan las reivindicaciones de los sindicatos más ultras para pedir mano dura y ante eso no se puede ceder', advirtió Rivera, quien durante muchos años defendió ante los tribunales los derechos de los presos.

En este clima de desconcierto, el alcalde de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) y diputado del PSC, Joan Galcerán, denunció ayer que cuatro internos de Brians se intentaron fugar el pasado miércoles y que los funcionarios consiguieron abortar el intento 'a pedradas'. Según Galcerán, se produjo una 'situación estrambótica' cuando los reclusos fueron vistos corriendo por el patio donde se ha de construir la futura pista deportiva del centro en un intento de escapar y los funcionarios se limitaron a tirarles piedras para evitarlo, informa Dulce Valero. Según Galcerán, este incidente supone una 'relajación hasta el absurdo' de los funcionarios, de insituciones penitenciarias.