La ley de Gestión de Emergencias ordena las competencias ante los riesgos

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el proyecto de ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, que pretenden ordenar las competencias de la Administración ante las situaciones de riesgo, ya sean emergencias de tipo catastrófico o de carácter menor. Según explicó el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, una de las novedades del texto es que obliga a las empresas con peligrosidad a contar con su propio servicio de bomberos o acuerden servicios concertados.

Al término del Consejo de Gobierno, Alfonso Perales insistió en que la Ley de Gestión de Emergencia no parte de cero, ya que existen planes y servicios para asistir a las diversas contingencias, y lo que se pretende es ordenar, coordinar y dar amparo legal a lo que se venía haciendo.

El consejero puso como ejemplo el teléfono único europeo 112 para la atención de todo tipo de urgencias, pendiente de la firma de un convenio con el Gobierno central para su puesta en marcha efectiva en todas las provincias. A través de él se podrá reclamar asistencia en incendios, salvamento, seguridad ciudadana, protección civil y prestación sanitaria, con independencia de la administración o entidad de que quien dependa el servicio.

La nueva norma consolida también el Centro de Coordinación de Emergencias, que ya funciona en las ocho provincias andaluzas, como infraestructura encargada de gestionar la información y los avisos, coordinar los servicios de la Junta y canalizar el apoyo a los centros operativos locales.

Alfonso Perales destacó que el proyecto de ley concibe la protección civil como un servicio 'integral e integrador', como un elemento más de 'nivelación social', de tal manera que no sean los más desfavorecidos los que sufran las peores consecuencias de las posibles catástrofes.

La futura ley exigirá a las distintas administraciones la previsión de amenazas, a través de mapas de riesgo, formación de personal, elaboración de catálogos de actividades que pueden generar riesgos, y un amplio abanico de planes de emergencias (incendios forestales, terremotos, inundaciones, transportes de mercancias peligrosas y grandes concentraciones humanas). En la actualidad, Andalucía dispone de un Plan Territorial de Emergencias de Andalucía y 75 planes municipales homologados.

En el reparto de competencias, el Consejo de Gobierno asume la declaración de las emergencias de interés general, la imposición de sanciones graves y la aprobación del plan territorial y los planes especiales. El régimen sancionador oscila entre los 600.000 euros (casi 100 millones de pesetas) para las faltas muy graves y los 6.000 euros (un millón de pesetas) para las leves.

La nueva ley establece la creación del Consejo Andaluz del Fuego.