Una investigación reabre la 'guerra' entre los letrados jóvenes y la vieja Junta en Álava

El Colegio de Abogados de Álava se ha transformado en un auténtico polvorín y una peligrosa bipolarización marca el actual devenir del colectivo. El anuncio por parte de la nueva junta de Gobierno, constituida este año tras la dimisión del equipo anterior, de la creación de varias comisiones de investigación sobre presuntas anomalías cometidas por sus antecesores, ha abierto la caja de los truenos y ha llegado hasta el Consejo vasco de la Abogacía, que deberá pronunciarse en breve sobre la forma y el fondo de esta polémica.

Aunque la fractura interna tenía antecedentes, fue el 28 de diciembre del año pasado coincidiendo con la asamblea presupuestaria de 2001, cuando se materializó la crisis. La censura de la mayoría forzó a la Junta de Gobierno a dimitir. Una fractura que estaba larvada y que afloró tras aquella asamblea entre la fuerza y empuje de los abogados jóvenes y reformistas frente al establishment que ha gobernado en las últimas décadas al colectivo

A mediados de octubre la nueva junta decidió constituir cinco grupos de investigación sobre diversos aspectos de la gestión anterior entre los que destacan la venta de la antigua sede del colegio y los términos de un convenio de arbitraje que mantiene el colectivo profesional con la Cámara de comercio alavesa. El céntrico piso de 400 metros cuadrados fue vendido en 1999 por 100 millones de pesetas, cantidad que los actuales dirigentes consideran muy por debajo de los precios de mercado de aquel año, en pleno auge urbanístico. Además cuestionan el sistema de nombramiento de los abogados que ejercen de mediadores en cuestiones arbitrales.

Tras un rechazo frontal de los anteriores dirigentes del colegio alavés a una iniciativa que consideran una persecución 'revanchista', pidieron amparo al Consejo vasco de la abogacía que el pasado día 28 se reunió para decidir si suspende cautelarmente el acuerdo de constituir las comisiones antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. La resolución se conocerá esta misma semana.

Para el decano, Javier Martínez de San Vicente, nadie puede impedir que se lleven a cabo este tipo de indagaciones fiscalizadoras, y en caso de que el Consejo vasco de la Abogacía suspenda las comisiones, estudiará la posibilidad de seguir 'por otras vías'.

La intención de los actuales gestores pasaba por llegar a la asamblea de diciembre para presentar los informes de los equipos de investigadores, pero todo queda ahora en manos del órgano de gobierno de los abogados vascos que se pronunciará sobre la legitimidad de estas comisiones. 'La actuación de la junta actual ha hecho mucho daño al colegio', señala Miguel Ángel Zulaika, miembro del equipo directivo anterior. 'Lo que debemos conseguir ahora es que reconsideren su iniciativa'. Ninguno de los protagonistas dice en voz alta que exista una grieta dentro de la asociación profesional que separa a los letrados en dos bandos, pero la realidad es que nadie es ajeno a lo que ocurre.

El nuevo decano Javier Martínez de San Vicente y su candidatura obtuvieron 174 votos frente a los 137,5 de la lista que se podía definir como heredera del equipo anterior, en unos comicios que se convirtieron en los más participativos de la historia con 420 sufragios.