Una reforma sin diagnóstico previo

Profesores, rectores, estudiantes, partidos políticos, sindicatos... Todos ellos unirán sus voces hoy en una macromanifestación contra la reforma universitaria que aprobó ayer en comisión el Senado. Numerosos docentes han mostrado su preocupación ante algunos de los aspectos de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), como son la falta de un apoyo decidido de financiación a la universidad pública o el que Pilar del Castillo, ministra de Educación, se embarque en una macroreforma sin hacer un diagnóstico claro de la realidad universitaria. Estos son los testimonios de cuatro de ellos: dos trabajan en la universidad pública y dos en la universidad privada; dos han consolidado su carrera profesional y los otros dos están en proceso. Alonso Rodríguez Navarro es catedrático de Microbiología en la Universidad Politécnica de Madrid; Antonio Gil es ayudante doctor en el área de Teoría de Literatura en la Universidad de Santiago de Compostela; Pedro Álvarez Lázaro es profesor agregado de Historia de la Educación en la Universidad Pontificia Comillas y José María Legorburu es profesor de Radio en la San Pablo-CEU, de Madrid.

Rodríguez Navarro: 'El Gobierno no puede hacer una reforma sin un análisis previo de los problemas que presenta'

Pedro Álvarez Lázaro: 'La reforma de Pilar del Castillo ha sido un gesto valiente y de mucha gallardía política'

Gil: 'La LOU define lo que es la autonomía universitaria, pero luego se encarga, artículo por artículo, de desmontarla'

Pregunta. Si hay consenso en cuánto a que había que reformar la universidad, ¿por qué no gusta la reforma del ministerio?

Alonso Rodríguez Navarro (A. R. N.). El Gobierno no puede ni debe embarcarse en una reforma tan importante como es la de la universidad sin haber hecho un diagnóstico previo de los problemas que presenta. Ése es su primer fallo. Sobre todo porque no se han dado cuenta de que en España existen al menos dos modelos de universidad opuestos: hay una universidad científica (que es la que ha dado pie al crecimiento del sistema español de I+D, reconocido internacionalmente) y hay otra universidad formada por profesores que no han participado en el desarrollo del conocimiento, que no han publicado ni leído jamás un trabajo original de su especialidad. Es muy difícil hacer una ley de universidades para los dos grupos porque el primero ya ha evolucionado, sólo habría que darle dinero para que creciese tanto como lo ha venido haciendo hasta ahora. En el otro grupo, en cambio, es mucho más difícil que evolucione y necesita más presión exógena para adecuarse a niveles europeos.

Pedro Álvarez Lázaro (P. A. L.). Estoy de acuerdo con que habría que haber hecho un diagnóstico más exhaustivo. Pero el informe Bricall [un informe encargado en 2000 por los rectores para conocer la situación y las carencias de la universidad]fue ya un intento. Yo creo que la reforma era necesaria e, incluso, que se debería haber planteado antes. Y no porque la LRU no haya favorecido la evolución del sistema universitario, sino porque han aparecido una serie de factores que han cambiado el panorama español: el nuevo espacio europeo y sociedad de la información. Además, la rigidez de la estructura del profesorado ha producido una degradación: la endogamia.

Antonio Gil (A. G.). Yo creo que el ministerio ha tomado como excusa los fallos que tiene la LRU para decir que es urgente hacer una reforma de gran calado. Sin embargo no toma en cuenta que esta ley ha permitido montar el sistema universitario tal y como está y que es un sistema que ha evolucionado increíblemente en los últimos años.

José María Legorburu (J. M. L.). Es cierto que la universidad española ha evolucionado muchísimo. Y creo que la reforma lo que ha intentado es dar solución a dos problemas: la posible endogamia en el profesorado y los problemas de financiación. En este sentido habrá que esperar a ver cómo se trabajan esos temas para poder juzgarla.

P. ¿Cuál es el mayor problema que presenta la reforma?

A. R. N. El problema de esta ley no es tanto lo que dice como lo que no dice. Es indiscutible que España necesita un impulso científico, tecnológico y cultural. Y el Estado tiene que volcarse en dárselo. Pero en la ley se echa en falta una clara disposición del sector público al desarrollo de la universidad. Si el texto omite un apoyo decidido a la universidad la gente se cree que va a ir a las universidades privadas, aunque no lo ponga el texto. Lo que ocurre es que nos presentan una ley que aboga por la calidad y por hacerla más potente y cuando uno escarba se encuentra con que la reforma se reduce a una habilitación y un cambio en los órganos de gobierno. ¿Va a mejorar acaso la universidad porque la composición del consejo social sea distinta o porque el rector se elija por sufragio universal ponderado?

J. M. L. Se ha perdido una magnífica oportunidad para equilibrar el tratamiento que recibe la universidad privada con respecto a la pública, que es muy desigual. Existe un agravio comparativo en detrimento de la privada que debería haber solucionado esta ley. Creo que es fundamental poner en manos del ciudadano el dinero para que elija dónde quiere estudiar: es lo que se conoce por el cheque escolar.

P. A. L. Claro, porque tanto la universidad pública como la privada -sobre todo cuando son promovidas por fundaciones sin ánimo de lucro o de iniciativa social- hacen un servicio público a la sociedad. Y esto no lo tiene en cuenta ni la LOU ni la LRU porque significaría financiar también a las universidades privadas. No vamos a comparar las cifras de lo que percibe un ciudadano español que acude a la universidad pública con las de otro que acude a la universidad privada, cuando ambos están pagando sus impuestos.

P. ¿Realiza la LOU una mayor apuesta para que las empresas entren a financiar la universidad?

A. R. N. Si lo hace, es indiferente. Las empresas españolas no van a impulsar la investigación en nuestro país porque perdimos las revoluciones industriales y tenemos un tejido industrial birrioso. Lo podrían haber hecho las antiguas empresas estatales, como las eléctricas, y no lo hicieron. Sólo hay que comparar la producción científica de Telefónica con la de la British Telecommunication, que tiene 10 premios Nobel. Hace falta necesariamente un impulso de sector público si queremos que la universidad española alcance a la europea.P. A. L. Yo creo que las universides públicas no pueden pretender depender siempre del papá Estado con una mentalidad funcionarial como ha ocurrido en los dos últimos siglos en nuestro país. A mí me llama la atención la ausencia de la vinculación con la empresa. Yo creo que tiene que ir produciendo modelos como el de EE UU, de financiación externa, sistemas flexibles que permitan adaptarse a las necesidades y llegar a convenios con empresas e instituciones que apoyen la universidad.

A. G. No hay que estar en la cultura de la subvención. Pero hay que partir de la realidad: comparativamente con los modelos universitarios de nuestro entorno estamos a años luz de inversión pública. Es necesario empezar a pensar esto antes de abogar por la financiación externa. Además, no se puede dejar la universidad sólo en función de ese criterio, porque entonces sólo determinadas titulaciones podrían salir adelante. Y la universidad pública debe preservar otras parcelas y saberes que no son muy rentables económicamente.

P. ¿Cómo ven la habilitación?

A. R. N. La habilitación va a ser absolutamente positiva en las áreas más débiles como derecho, o económicas. Es un mecanismo bueno para que haya una presión exógena que les haga evolucionar. Pero en las áreas científicas, es simplemente inaplicable. En esta área existen en España, al menos 2.000 posibles candidatos que estarían magníficamente bien preparados, e incluso mejor que el tribunal que los va a juzgar. Hacerles las pruebas llevaría más de un año y jamás podrían seleccionarse con justicia a 20 o 30. Pero, además, presenta otros elementos negativos: la habilitación no debería tener un tope.

A. G. Aunque todo el profesorado está de acuerdo con someterse a algún tipo de acreditación, la ley se encarga de proponer un modelo que no puede llevarse a cabo. Tenemos de facto alrededor de un 60% de profesores funcionarios, cuando la actual ley propone el 80%. ¿Vamos a ser tan optimistas como para pensar que una nueva ley que rebaja al 51% el funcionariado puede aumentar el que ya hay? Podemos discutir lo que queramos, pero hasta que no se jubilen en 30 años varias generaciones de profesores funcionarios no va a existir la habilitación. Para eso, el sistema de oposiciones de la LRU es más fiable y es, dentro de ciertas corruptelas, un filtro contra la endogamia.

J. M. L. Aunque no nos afecte a las privadas, la habilitación es uno de los aciertos de la ley: permite avanzar en el sistema de evaluación y acreditación de las universidades. Además, puede paliar, en parte, el problema de la endogamia. Es evidente que los puestos en la universidad pública son inaccesibles para la gente que viene de fuera. Y eso es porque existe un sistema establecido por uso o por norma.

P. Pero, ¿hay realmente endogamia en la universidad?

A. G. No hay endogamia, al menos, no en el sentido en el que el Ministerio de Educación ha lanzado su consigna. Nos quieren hacer creer que la universidad está compuesta por una camarilla de amigotes que se reparte las plazas. Pero, que el candidato que venía ocupando la plaza como contratado, gane la plaza de funcionario no es endogamia. Es consolidar su carrera y dejar de ser trabajadores precarios y la lógica estabilización de un proceso penoso. Acabar premiando a una persona que entra legalmente (como contratado y compitiendo con otros muchos candidatos en igualdad de condiciones) es normal. Lo que es perverso es llamarlo endogamia. Y, además, es algo que el propio Gobierno hace cuando anuncia que va a estabilizar a 75.000 profesionales en la sanidad, por ejemplo. En la universidad, en cambio, da la impresión de que, para ser buenos, hay que estar en precario, explotados y mal pagados.

A. R. N. Lo que ocurre es que España ha pasado en muy poco tiempo de ser una comunidad científica muy canija a consolidarse como un sistema mayor. Es lógico que todos, al final, sean discípulos de alguien porque aquí, hace años, había cuatro que investigaban.

P. A. L. Además, es imposible crear un equipo de investigación o de docencia sin un personal al que vas formando paulatinamente. Y ese equipo tiene que consolidarse y me parece positivo mantenerlo. Pero, en cualquier caso, creo que la reforma de Pilar del Castillo ha sido un gesto valiente y de mucha gallardía política. Ataca la endogamia de arriba: el montaje sistemático que permitía la ley anterior de introducir sistemáticamente a tus candidatos y de crear plazas para ellos.

P. ¿Creen que la LOU diseña bien la carrera docente?

A. G. Creo, sinceramente, que nos quieren vender que la LOU intenta promover excelencia universitaria, pero es imposible si no se prevé una carrera docente que permita la estabilidad al profesorado. Y ni con el diseño anterior, ni con el que tendremos pronto, está bien diseñada la carrera docente. No seamos ingenuos: no podemos aspirar a la excelencia sin remuneración. Y lo digo en el sentido más prosaico. La universidad española es una universidad pobre, muy pobre. Es penosa se mire por donde se mire: por gasto por estudiante, o por el porcentaje de PIB que se dedica. Estamos por debajo de la universidad checa, y por debajo de la húngara y un poquito por encima de la polaca. Y con el dinero que hay, el ministerio no puede pagar un profesorado excelente. Aunque tengan una verdadera vocación sacerdotal, los mejores cerebros no van a quedarse nunca en la universidad: se irán a la empresa privada o a las universidades extranjeras que dan unos sueldos que no compiten, ni de lejos, con los españoles. Aquí, en la fase previa a llegar a la función pública están por debajo de las 100.000 pesetas. ¿Excelencia? Sin recursos no. No pidamos que un profesor realmente brillante acabe en la universidad española porque va a acabar presidiendo una empresa o en la universidad de Harvard.

J. M. L. La excelencia es un objetivo irrenunciable en el que influyen muchos factores: el económico y un sistema de promociones muy riguroso y selecto. Y yo creo que en las universidades privadas hay una buena remuneración del profesorado y eso hace que algunos profesores de la pública se están pasando a las filas de la privada. Y en nuestro caso estos recursos no proceden de la administración pública: proceden de la matrícula de nuestros alumnos y de lo que conseguimos en colaboración con empresas. Y esto sin que el nivel económico influya en la selección de nuestros alumnos.

P. ¿Ataca la LOU la autonomía universitaria?

A. G. Es muy curioso porque la LOU define lo que considera autonomía universitaria, pero se encarga, artículo por artículo, de desmontarla. Un claro ejemplo es que al día siguiente de su aprobación obligará a los claustros a disolverse. Los rectores se han librado en el último momento y de milagro. Y esto no sólo es una contradicción legal, es también una provocación y un ataque, que me cuesta creer que sea inconsciente. ¿Por qué los claustros actuales no pueden hacer el proceso de adaptación a la LOU y han de irse todos a sus casas? Ocurre lo mismo con la Comisión de Coordinación Universitaria, donde, en caso de conflicto en temas que afectan exclusivamente a la autonomía, decidirá una comisión paritaria integrada por las universidades, los políticos y los miembros designados. Al final, la comunidad universitaria va a tener un voto de tres. Es decir, va a estar en minoría.

P. ¿La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad va a mejorar la excelencia que promulga la nueva ley?

P. A. L. Su creación me parece otro de los grandes aciertos de esta ley, siempre y cuando las comisiones evaluadoras no pertenezcan a la universidad. Se conseguirá una evaluación más objetiva basada en criterios reales.

G. A. Por mi parte no hay ningún tipo de objeción, mientras no entre en colisión con la autonomía universitaria.

J. M. L. Yo creo que va a beneficiar a la universidad porque hay que exigir más calidad y es bueno que evalúen agentes externos. Así lo hemos visto en nuestro caso cuando personas relacionadas con la profesión vienen a evaluarnos. Así se puede evitar otro de los reproches que nos hacen: que muchas veces el mundo académico ha perdido la relación con el mundo profesional.

A. R. N. El crecimiento en la producción científica española tiene un punto de inflexión: 1990, que es cuando se crea la Comisión Nacional Evaluadora de la Comisión Investigadora. Precisamente uno de los errores de la LRU es la falta de presión exógena para hacer cambiar la universidad y situarla en niveles europeos. Lo podemos llamar Agencia Nacional o como queramos, pero para que funcione bien la presión ha de ser exógena y distante. Si creamos una agencia en la misma ciudad donde están las universidades no va a funcionar. Yo abogaría por una agencia estatal o europea. Porque a nadie le gusta tener que decir al departamento de al lado que no funciona.

P. ¿Cómo ven la supresión de la selectividad y que cada universidad pueda establecer los mecanismos de selección de sus alumnos?

J. M. L. Nuestra universidad viene haciendo pruebas de selección, además de pedir la selectividad, y nos está dando buen resultado: el alumno que viene es mejor. Nos tenemos que fijar en otros aspectos, como pruebas psicológicas o de aptitud, porque la selectividad no da idea de la calidad ni del perfil del alumno.

P. A. L. Yo creo que es bueno que cada universidad establezca sus pruebas. Si la universidad tiene un buen medio de selección adquirirá los mejores alumnos y podrá competir con el resto. Y si eliminamos la competitividad entre universidades, conseguir calidad es difícilmente lograble. En ese punto apoyo también la filosofía de la ley: fomenta la competencia para conseguir mayor calidad. Y aquí nos juzgamos el futuro de la universidad, porque la calidad pasa por la posibilidad de que nuestro alumno sea el mejor. Al igual que con las evaluaciones del profesorado, hay que llegar a un sistema completo de evaluación no sólo por alumnos sino por la calidad de la investigación y la docencia.

A. G. Yo veo en la LOU una filosofía demasiado utilitarista: va a haber menos estudiantes, luego eliminemos la selectividad. Creo que hace falta una homologación del tipo que sea, un filtro del paso de la secundaria a la universidad y después, que cada universidad seleccione. Yo no veo a los alumnos compitiendo por las mejores universidades, sino a las universidades compitiendo por los alumnos. Además, los estudiantes están preocupados por la serie de visitas que van a tener que hacer en los centros.

P. ¿Realmente es tan malo el nivel de los universitarios?

J. M. L. Realmente hay una seria preocupación por el bajo nivel que tienen los alumnos: de escritura, de conceptos, pero incluso de ortografía. Es muy difícil encontrar un estudiante que sepa expresarse correctamente por escrito u oralmente.

A. G. El problema es que se ha retrasado generacionalmente el sistema educativo. La gente acude masivamente y eso supone, inevitablemente, que el nivel de exigencia baje y que uno pueda llegar a licenciarse con graves carencias.

A. R. N. Es un hecho constatable, medible pero no opinable, que los estudiantes acceden a la universidad cada vez con más carencias. Pero no sé cómo de trascendente es esto, lo cierto es que si a este punto se añade la masificación de una universidad no suficientemente financiada, entonces, todo cambia.

P. ¿Cómo ven el escenario de las universidades privadas en la nueva ley?

J. M. L. Creo que se ha dado un paso adelante porque, hasta ahora, las universidades privadas sólo éramos invitadas en ciertas ocasiones al Consejo de Universidades y ahora tenemos voto, aunque sea sólo en las cuestiones que nos atañen directamente. Aún así, existe un agravio comparativo en la LOU hacia las privadas: los rectores de la pública pueden votar sobre cuestiones que nos atañen a las privadas y a la inversa no está permitido.

P. A. L. Hay un agravio comparativo extraordinario: porque las universidad pública y la privada sirven a lo mismos ciudadanos.