Batasuna no tendrá el amparo de la Cámara ante una sanción de la UE

Ni Batasuna ni los grupos del Gobierno lograron ayer sacar adelante sus respectivas propuestas sobre los intentos de incluir a la formación independentista en el listado que prepara la Unión Europea de organizaciones que apoyan el terrorismo y sobre su ilegalización. Batasuna, que planteó una iniciativa en busca de la protección de la Cámara frente a cualquier intento de dejarla fuera de la ley, vio derrotada su propuesta con 60 votos en contra. La enmienda de PNV, EA e Izquierda Unida, que planteaba la necesidad de pruebas y sentencia judicial previas, corrió la misma suerte, porque los propios interesados sumaron sus votos a los de populares y socialistas.

La pretensión de Batasuna, destinada al fracaso, era que el Parlamento tomara partido contra cualquier intento dirigido a su ilegalización. También pedía que la Cámara vasca mostrara su postura contraria a la 'ofensiva jurídica' que estudiarán en su inminente cumbre los ministros de Justicia e Interior de los Quince e instara al Gobierno a dirigirse a las instituciones europeas implicadas para manifestarse en contra y a sufragar una campaña social de concienciación en contra de la iniciativa europea. Fue derrotada por 60 votos contra los siete de la propia Batasuna.

La enmienda de los grupos del tripartito, de acuerdo con su doctrina ya conocida, pedía que ninguna formación que participe en elecciones y tenga representación popular pueda ser calificada de terrorista mientras no haya sido ilegalizada por instancias judiciales y comprobada su participación directa en actos terroristas. Esta redacción, que ya suponía dar un importante cobijo a Batasuna, fue rechazada por los radicales que, sorprendentemente, sumaron sus votos a los de PP y PSE para tumbar la enmienda. Los 33 votos del tripartito fueron insuficientes frente a los 35 de la oposición, con lo cual el Parlamento no logró ningún pronunciamiento sobre el particular.

El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, explicó después que dejar en manos de los jueces la decisión supone, como ya dijo en su día el PNV del Tribunal Constitucional, poner su futuro en manos de un 'árbitro comprado'. La diputada radical Jone Goirizelaia, quien defendió que su formación se limita a 'hacer política', dijo que las medidas que se discuten en la UE supondrán 'un estado de excepción europeo'. También espetó al PSE que debía temer por su futuro si salen adelante por su 'relación con el GAL' y acusó de 'cinismo' al PNV. Esta acusación le fue devuelta por el portavoz peneuvista en el debate, Xabier Ormaetxea, quien les reprochó poner el derecho a la vida en paralelo con el derecho de autodeterminación.

La divisoria entre el resto de los partidos fue nítida: mientras los del Ejecutivo se amarraron a esa exigencia de pruebas y sentencia judicial previas, populares y socialistas insistieron en que existen evidencias más que suficientes sobre el papel de Batasuna en relación con ETA. El popular Carlos Urquijo, quien tachó sin ambages a los miembros de Batasuna de 'cómplices de ETA', hizo las cuentas: cuatro de los siete diputados radicales actuales han pasado por la cárcel, algunos han 'ordenado secuestros' y 200 miembros de la formación han sido condenados por pertencer o ayudar a la banda criminal. '¿Qué más evidencia necesitan?', preguntó a PNV, EA e IU, a quienes acusó de arropar al 'frente politico de ETA' y cuya propuesta calificaron, tanto él como el socialista, Javier Rojo, de 'ambigua' y falta de compromiso. Éste último dijo que la enmienda del tripartito se situaba 'en el campo de la equidistancia'.

Ormaetxea insistió en que de nada sirve el 'simple convencimiento moral' sobre el papel de Batasuna , porque carece de validez jurídica. Identificó la postura del tripartito con la del comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, y el informe Watson, dijo que la fórmula contra el terrorismo es 'más estado de derecho' y acusó a Urquijo de mantener una actitud 'filototalitaria' , en medio de alusiones de ambos al ascenso de Hitler al poder y al garantismo de la Constitución de Weimar.

El pleno de ayer aprobó también la prórroga de la ley que fija la previsión de las aportaciones de las diputaciones a los presupuestos del Gobierno. El proyecto fue respaldado por el tripartito y el PSE-EE, mientras que los populares se abstuvieron 'a la espera de que la racionalidad se imponga en el PNV y no se juegue con temas tan serios', en referencia al Concierto. El telón de fondo era la prórroga de éste, que el Consejo de Ministros tenía encima de la mesa mientras los grupos discutían en la Cámara. La primera ley que saca adelante el Gabinete fue la excusa que esgrimió la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, para no acudir a Madrid ayer.

Los coeficientes de aportación, según acuerdo unánime del Consejo Vasco de Finanzas son el 16,59% para Alava (un 0,19 % más), el 50,20% para Vizcaya (un 0,47% menos) y el 33,21% para Guipúzcoa (un 0,28% más). En total, serán 878.186 millones los que las diputaciones entregarán al Gobierno, informa Pedro Gorospe.