El FBI detiene a tres españoles en la investigación sobre el 11 de septiembre

Los extranjeros detenidos en Estados Unidos por delitos de inmigración, que de alguna forma se relacionan con actividades terroristas, son en estos momentos 641, de los que 93 ya han sido inculpados e identificados. Entre los 548 que permanecen en el limbo penitenciario hay tres ciudadanos españoles, cuya identidad se ignora. 'Me dicen en la Embajada que los detenidos no tienen nada que ver con el terrorismo, sino con problemas de inmigración', comentó el presidente del Gobierno, José María Aznar. 'Ya saben, renueven de vez en cuando el visado o pueden llevarse un susto', añadió.

El fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, afirmó sin embargo que publicar los nombres de los detenidos, entre ellos los españoles, sería 'hacer un favor a Osama Bin Laden'.

El primer ciudadano español fue detenido el 21 de octubre, por encontrarse en Estados Unidos con el visado caducado; el segundo, el 20 de octubre, por carecer de visado válido y presuntamente cometer un delito; el tercero, el 27 de octubre, por entrar clandestinamente en Estados Unidos. 'Todos ellos disponen de abogado y pueden pedir ayuda a su embajada o a sus servicios consulares. Esa es toda la información que podemos proporcionar', dijo Dan Nelson, uno de los portavoces del Departamento de Justicia.

El fiscal general, John Ashcroft, hizo público un nuevo recuento de los detenidos anónimos el martes por la tarde, acosado por las críticas de numerosos parlamentarios y organizaciones de defensa de los derechos civiles. Descontados los 93 sobre los que ya se han presentado cargos ante el juez y de los que se conocen los nombres, quedan 548 (eran más de mil a principios de mes) en una situación indefinida. Si es cierto que la mayoría están encarcelados por simples problemas de visado, como, según Aznar, ocurre con los españoles, parece inusual que lleven en algunos casos más dos meses en prisión por una cuestión administrativa.

Ashcroft explicó que los problemas de visado o pasaporte solían verse complicados por la comisión de delitos federales, como falsificación de documentos o tarjetas de crédito. Eso se correspondía con su afirmación del lunes de que no podía revelar los nombres de los detenidos para no 'vulnerar su derecho a la intimidad' y para no incluirles en una especie de 'lista negra de terroristas' que no se correspondería con la realidad.

Ayer, sin embargo, Ashcroft cambió de argumento y, tras asegurar que algunos 'formaban parte de la organización Al Qaeda', pareció atribuir el secreto a razones de seguridad nacional. 'No tengo ningún interés en proporcionar, ahora que estamos en guerra, a Osama Bin Laden y a la red Al Qaeda una lista de la gente que hemos detenido, para hacerles un favor en su proyecto de matar americanos', dijo. 'Publicar la lista sería lo mismo que enviársela a Bin Laden. La red Al Qaeda puede ser capaz de averiguar cuáles de sus terroristas mantenemos bajo nuestra custodia, pero tendrá que hacerlo por sus propios medios', añadió el fiscal. A pesar de ello, Ashcroft reconoció que a ninguno de los extranjeros encarcelados se le había podido probar una vinculación con los atentados del 11 de septiembre.

Entre los detenidos, los más numerosos son los paquistaníes (208), los egipcios (74), los turcos (47) y los yemeníes (38). También hay 16 saudíes, 20 indios, 16 jordanos, 15 marroquíes, 11 libaneses, 11 tunecinos, 9 sirios y 5 afganos.

Ashcroft ha firmado una orden que amplía su poder para mantener en detención indefinida a ciudadanos extranjeros, incluso en el caso de que un juez de inmigración ordene su puesta en libertad. La orden, firmada el 26 de octubre y dada a conocer el martes, implica que el Departamento de Justicia puede sortear a los jueces si considera que el extranjero en cuestión 'entraña un peligro para la comunidad o hay riesgo de que huya'.

'Con este cambio de normas, el Gobierno puede encerrar a alguien con muy pocas pruebas, o ninguna, y tirar la llave', comentó David Leopold, un abogado de inmigración de Cleveland.

La Unión Americana de Libertades Civiles anunció su propósito de denunciar la medida ante los tribunales, como anticonstitucional. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración también considera anticonstitucional la orden que permite espiar las conversaciones entre los detenidos y sus letrados.

Por el contrario, el fiscal general adjunto, Michael Chertoff, defendió ante el Comité Judicial del Senado como 'justificada y legal' la decisión de la Administración Bush de celebrar juicios militares secretos a los extranjeros sospechosos de actividades terroristas.