El Superior ordena a la UPV repetir las pruebas para una plaza por irregularidades

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ordenado a la UPV que repita las pruebas para la provisión de una plaza de profesor en la Facultad de Farmacia del campus de Álava por entender que en el concurso de octubre de 1997 no se respetaron los criterios de valoración. El tribunal universitario adjudicó ese año, por tres votos a favor y dos en contra, una plaza del área de Inmunología a José Manuel Martín Villa, quien poseía menos méritos académicos y de investigación que el otro candidato, Antonio Celada Catarelo.

Durante el proceso académico y el posterior judicial quedó acreditado que el profesor Martín Villa mantenía una estrecha relación profesional con el presidente del tribunal calificador, Antonio Arnaiz Villena. La concesión de la plaza generó indignación en científicos que trabajan en la rama de Inmunología, que llegaron a asegurar que la decisión 'sobrepasaba todos los límites imaginables de iniquidad y desvergüenza posibles', según hicieron constar en un escrito.

El doctor Celada reclamó en noviembre de 1997 al entonces rector de la UPV, Pello Salaburu, que dejase sin efecto el nombramiento dado el 'cúmulo de irregularidades y despropósitos', así como de 'falsedades' aportadas en el historial de su oponente.

El Rectorado resolvió la reclamación ordenando la repetición de todas las pruebas y la publicación de los criterios de valoración, que se habían incumplido en el primer concurso, y que debían fijar como mérito prioritario las actividades de investigación de los candidatos, entre otros. Martín Villa recurrió la resolución ante el Superior y solicitó la suspensión del acto administrativo en dos ocasiones, lo que le fue denegado.

Nueva convocatoria

A pesar de la orden expresa, el presidente del tribunal se negó a repetir las pruebas. Primero, convocó a los concursantes para el 22 de julio de 1998. Pero, sorprendentemente, el día 2 de ese mismo mes, pospuso la convocatoria al 29 de octubre siguiente. Sin embargo, en esta ocasión tampoco se llegó a celebrar, ya que la convocatoria fue suspendida indefinidamente y sin justificación alguna. Así lo argumentó el representante legal del profesor Celada en un nuevo recurso que presentó en febrero de 1999 ante el máximo tribunal vasco al entender que podía haberse incurrido en un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).

Finalmente, tras un largo proceso, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior ha resuelto que la Universidad del País Vasco debe repetir todas las pruebas. Tendrá así que fijar y publicar los criterios que se utilizarán para la valoración de las mismas. El tribunal desestima así el recurso del profesor que obtuvo la plaza a la decisión del Rectorado de que se repitiera el concurso.