El Parlamento Europeo pone trabas a las 'cookies'

El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada, en primera lectura, una serie de medidas sobre las garantías de privacidad que debe disfrutar el ciudadano europeo en Internet. El punto más polémico es el que prohíbe el uso de cookies en los sitios salvo el consentimiento del navegante, al que el sitio deberá preguntar expresamente si admite el uso de cookies.

Las cookies son pequeños programas que permiten conocer detalles técnicos del ordenador que visita la web y la navegación realizada por el usuario de éste. Se utilizan con muy distintos fines. El más usual es el de facilitar la descarga de un programa en línea. El sitio suministrador, gracias a la cookie, puede conocer las características del ordenador y ajustar la descarga. En las tiendas en línea, las cookies memorizan las preferencias del cliente y, cuando regresa a la página, le ofrecen los productos más cercanos a ellas. Por último, las agencias de publicidad lo usan para conocer la navegción del usuario y cambiar el banner cuando comprueban que regresa a la misma página. El problema para la privacidad se presenta en los casos en que los datos de navegación del usuario casan con otros sobre su identidad y ello permite conocer los hábitos del cliente. Las asociaciones de publicidad en línea y de comercio electrónico han criticado la pretensión del Parlamento Europeo de prohibir las cookies.

Correo comercial

Otro asunto polémico tratado por el Parlamento ha sido el del correo comercial no solicitado. El debate está entre exigir que el cliente acepte expresamente (opt-in) que se le remita este tipo de correo o bien autorizarlo genéricamente salvo que el cliente exprese su deseo (opt-out), inscribiéndose en una lista, de no recibirlo. En Europa no hay una fórmula homogénea. Bélgica, Alemania y los países nórdicos, entre otros, tienen regulado el opt-in. El Parlamento, al final, no se pronunció y lo dejó a criterio de cada Estado miembro.

Al margen de Bush

El último gran tema que incluye el articulado de esta propuesta de directiva es el almacenamiento de datos en los proveedores de servicios. El Parlamento considera que las empresas pueden conservar estos datos sólo el tiempo necesario para la realización de facturas o la consumación de la relación comercial. En el caso de que conviniera por sospechas de actividad delictiva, un juez debería autorizar un almacenamiento más prolongado. Esta medida enfrenta al Parlamento con elpresidente norteamericano, George Bush, que hace un mes remitió una lista sobre medidas convenientes para mejorar el combate del cibercrimen. Precisamente, el convenio contra el cibercrimen del Consejo de Europa -que agrupa a 43 países-, que dentro de una semana empezará a ser ratificado por los estados miembros, prevé la obligación de los proveedores de acceso de conservar 90 días los datos de navegación de los clientes sospechosos, por orden de la autoridad.