¿Giro en el PSC?

En el mundo de la política, la realidad es tozuda y quien no quiere verla se equivoca gravemente y, en todo caso, a la corta o a la larga debe rectificar.

Cuando hace casi dos años se inició un pacto entre el PSC y ERC que culminó con candidaturas unitarias para el Senado y la formación en dicha Cámara de un grupo parlamentario propio, algunos ya advertimos de que ello constituía un grave error y de que por esa vía los socialistas se metían en un callejón sin salida. Ciertamente, en el error han sido persistentes: todavía en la reciente moción de censura, Maragall parecía mostrarse encandilado ante las palabras vibrantes en la forma, pero vacías en el contenido, de Carod-Rovira.

Esta línea política de alianza estratégica con Esquerra ha comenzado a corregirse en recientes reuniones de la ejecutiva del PSC. Josep Borrell y otros dirigentes han forzado la rectificación. Han visto claro que llegar a un acuerdo con ERC sobre una compleja reforma constitucional y estatutaria no sólo es imposible, sino que también es innecesario y perjudicial. El PSC -y también el PSOE, aunque más recientemente- mantiene desde 1989 que la clave para culminar el Estado de las autonomías es una reforma constitucional del Senado que lo convierta en una Cámara federal, con una composición y unas funciones parecidas a las del Bundesrat. Ello implica que tienen una vía propia de modelo territorial de Estado y no necesitan que les sea modificada desde el exterior.

En efecto, una reforma del Senado bajo esta orientación permitiría solucionar las principales disfunciones del Estado autonómico: la escasa cooperación entre comunidades autónomas, la participación de estas comunidades en la Unión Europea y en las tareas legislativas estatales que les afecten (especialmente, en la elaboración de las leyes de bases), y la representación de la comunidades en órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, entre otras de importancia menor. En definitiva, con una buena reforma del Senado se daría un paso definitivo hacia la consolidación del Estado autonómico como Estado federal. Esta idea, que parte de estudios académicos de finales de los años ochenta, fue incorporada muy rápidamente por el PSC a su programa y en la época de la bicefalia Almunia/Borrell fue también aprobada oficialmente por el PSOE.

Por tanto, la orientación federal no es nueva y la reforma del Senado -que no puede obviar la reforma de la Constitución- es su clave de bóveda. Ahora bien, los que más se han opuesto a dicha reforma han sido los partidos nacionalistas. CiU y el PNV han dado muestras de ello en los últimos 10 años. Por lógica, tampoco ERC la puede admitir.

¿Por qué se oponen los partidos nacionalistas a la reforma del Senado en un sentido federal? Porque su ideología no les permite aceptar que todas las comunidades participen de forma igual en el Senado y, ante ello, prefieren una relación bilateral con el Gobierno estatal. Saben que la clave de su fuerza sólo está en que sus votos sean decisivos para dar soporte a los gobiernos minoritarios de Madrid. Ésta es la palanca que aprovechan, sin interesarles por tanto ser una comunidad más en la Cámara alta. Naturalmente, ello lo revisten ideológicamente diciendo que son nacionalidades y deben tener unos derechos especiales, distintos y superiores a los de las meras regiones. Sus propuestas de reforma del Senado siempre han ido en este sentido, reservándose derechos de veto en determinados temas que sabían perfectamente que no serían admitidos, ni por el Gobierno ni por las demás comunidades autónomas, ya que su racionalidad proviene de una lógica confederal, muy distinta a la que se plantea en el Estado de las autonomías.

Debido a su poco peso parlamentario, la posición de ERC no ha sido tan manifiesta como la de CiU, pero por coherencia con su ideario debe ir en la misma dirección: un Senado de nacionalidades históricas -entre las que una sea España- que simbolice el pacto mediante el cual Cataluña tenga asegurado el derecho a la independencia. Por tanto, un pacto con ERC sobre la reforma del Senado es difícilmente viable, aunque podría ser un pacto de mínimos que suscitara inmediatamente, al día siguiente de ser aprobado, nuevas reivindicaciones, medio del cual se alimentan los partidos nacionalistas.

De este callejón sin salida en el que se había metido, el PSC puede huir ahora si llega a la conclusión de que es imposible -además de perjudicial- establecer un acuerdo de esta naturaleza con ERC, lo cual no le impide, por supuesto, llegar a acuerdos concretos de naturaleza distinta. Que esto suceda o no se verá en los próximos días y es posible -ya que quizá conviene, por el momento, a ambos partidos- que la ruptura no se escenifique todavía. Pero, dadas las circunstancias, no parece que la situación de los dos últimos años sea duradera.

En todo caso, el PSC no puede llegar a esta ruptura con complejos, como acostumbra. Las acusaciones ya han comenzado: el PSC está subordinado al PSOE, los socialistas catalanes son sucursalistas. Esta acusación no debe negarse, sino asumirse tal como es en la realidad. El PSC forma parte del PSOE, interviene de forma importante en su política interna y, como es natural, está sometido a las reglas propias de la lealtad mutua. Es bueno formar parte de un partido de ámbito estatal cuando la política se hace, como es el caso, a nivel de Estado. Si se quiere ser influyente en los centros de poder, hay que formar parte de una fuerza política con capacidad de actuación en todo el territorio donde este poder se ejerce. Precisamente, el ideal sería que para actuar en la Unión Europea se formasen partidos europeos. Por tanto, el PSC no debe caer en la trampa de admitir, aunque sea implícitamente, que los únicos partidos que defienden los intereses de Cataluña son los partidos llamados no sucursalistas. Veinte años de pésima gestión de la Generalitat son una de las pruebas que ayudan a desmentirlo.

Romper el acuerdo con ERC podría ser el inicio de un cambio sustancial en la actual política del partido que lidera Maragall. Los socialistas han malgastado dos años en obsesionarse por el falso problema de la identidad. Han querido jugar en campo contrario. Quizá es el momento para dar un giro hacia los problemas sociales, hacia los problemas de la Cataluña real.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB