El futuro de Gibraltar

El Gobierno del Reino Unido está dispuesto a hablar con España de la soberanía de Gibraltar, según la agenda del encuentro que mantendrán mañana en Barcelona los ministros de Exteriores Straw y Piqué.

Ese anacronismo histórico que envenena desde hace tres siglos las relaciones hispano-británicas se ha convertido también en un obstáculo para la política europea de Londres: en relación a directivas comunitarias como la del espacio aéreo europeo, por ejemplo. Tal vez sea un efecto buscado: presionar a los británicos ha resultado más eficaz que incomodar a los gibraltareños con pequeñas faenas o amenazas.

Londres desearía acabar con el asunto cuanto antes, y sabe que no podrá seguir esquivando, como pretenden los llanitos, la cuestión de la soberanía. Al igual que en otros conflictos contemporáneos como el de Irlanda del Norte, se contraponen en Gibraltar el principio territorial y el personal. Londres busca alguna fórmula de compromiso entre ambos principios que le permita acabar con el estatuto de colonia y a la vez respetar su compromiso de no tomar una decisión no aceptada por la población del Peñón.

Gibraltar se beneficia de su situación de paraíso fiscal, de la que viven muchos de sus 30.000 habitantes, con una renta per cápita que dobla la de los andaluces y supera la media española. Por eso no quieren cambios; incluso estudian blindar su posición respecto a España modificando su Constitución interna (de 1969) al objeto de constituirse en una especie de territorio independiente (para que no se le considere formalmente territorio colonial), aunque manteniendo vínculos con el Reino Unido. Sin embargo, es evidente que cualquier solución que deje pendiente la cuestión de la devolución de la soberanía a España será provisional e inestable.

Una solución estable pasa seguramente por aplazar la autodeterminación hasta la culminación de un periodo transitorio -con alguna fórmula de soberanía compartida- durante el cual se hiciera ver a los gibraltareños las ventajas de la integración en España, con un estatuto de autonomía tan amplio como se considere necesario. La situación actual de centro de atracción del dinero negro no puede durar siempre en una Europa integrada, mientras que la normalización de su relación con el resto de España podrá favorecer su reconversión en una plaza turística -sin dejar de ser puerto franco- de primera magnitud. Hacérselo ver a los ciudadanos gibraltareños es una responsabilidad que corresponde esencialmente a Londres, aunque España tenga que aportar las garantías necesarias.