La Generalitat anula una permuta urbanística del consistorio de Sant Fruitós de Bages

La Generalitat considera que el anterior gobierno convergente de Sant Fruitós de Bages incurrió en irregularidades urbanísticas y declara nulo un convenio firmado por el anterior alcalde, Ignasi Sala (CiU), por medio del cual el consistorio permutaba un terreno público de un polígono industrial por la construcción de una acera valorada en nueve millones de pesetas en el centro de la población.

Los terrenos, que pasaron a manos privadas a principios de los años noventa, están valorados en la actualidad en unos 200 millones de pesetas. El polígono motivo de disputa se encuentra en un enclave privilegiado, en el cruce de los ejes viarios del Llobregat y Transversal, una de las joyas industriales de la comarca del Bages.

El Servicio de Protección de la Legalidad y Asesoramiento de la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat entiende que Ignasi Sala (CiU), actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages y alcalde de la misma población cuando se produjeron los hechos denunciados, infringió la legislación vigente y declara 'nulos de pleno derecho' un convenio urbanístico de sustitución del 10% del aprovechamiento medio del polígono de Santa Ana, de promoción privada, y otro convenio firmado por el mismo alcalde con el promotor inmobiliario, y también cree que se debe anular el proyecto de compensación aprobado definitivamente en el mes de mayo de 1997.

Responsabilidades políticas

El Servicio de Protección de la Legalidad considera, en respuesta a una denuncia presentada por el grupo local de Esquerra Republicana (ERC), que se debía haber procedido a la cesión del 10% de los terrenos edificables del polígono al Ayuntamiento.

También juzga inaceptable que se trate de una permuta de bienes inmuebles, como argumentaba el Ayuntamiento, ya que las contraprestaciones que se reciben -la construcción de una acera alrededor de un pabellón polideportivo- no són bienes immuebles.

La Administración manifiesta, además, que de la documentación presentada por él no se deriva justificación fel interés público de la contraprestación -de hecho, se suponía que la cesión debía ser para construir un gran depósito abierto para la reserva de agua, que no se produjo- y que no hay constancia de valoración alguna para demostrar la equivalencia entre la obra realizada y el terreno cedido.

El grupo municipal de ERC, teniendo en cuenta este informe junto con una sentencia también reciente que declara nulo el permiso de obras que concedió el mismo ex alcalde a una gasolinera para instalarse en el municipio, pide que se depuren responsabilidades políticas y exige la destitución del actual concejal de Urbanismo de Sant Fruitós de Bages.