El 88% de los menores delincuentes se acogen a penas alternativas

¿Qué ha de hacer la justicia con un menor de edad sorprendido intentando robar una cazadora en una tienda? El año pasado 3.549 jóvenes de toda Cataluña menores de 16 años se vieron involucrados en algún delito, pero sólo 368 acabaron ingresados en los centros de justicia juvenil de la Generalitat. Los otros 3.181, es decir, el 88,6%, aceptaron reparar el daño causado porque eran delitos menores y se sometieron a un proceso de mediación con la víctima o a una medida penal alternativa. De esa forma, evitaron su ingreso en cualquiera de los cinco centros de justicia juvenil que tiene la Generalitat.

En el caso del joven sorprendido con la cazadora ajena, se optó por un proceso de mediación. Es decir, el fiscal consideró que no era un delito grave porque no existió violencia ni intimidación y pidió a los técnicos del Departamento de Justicia que elaborasen una propuesta de actuación. La víctima se prestó a ello, porque de lo contrario no es posible, y al final se pactó que el ladrón estuviese una semana trabajando gratis para el dueño al que había intentado robar. Como hubo un final satisfactorio para unos y otros, el juez archivó el caso. Cuando existe mediación, el final feliz es prácticamente unánime.

Si hubiera sido un delito grave, cometido por un reincidente, y el joven no hubiera reconocido su culpa, nada de eso hubiera sido posible. El año pasado, un total de 1.409 jóvenes implicados en algún delito menor se vieron involucrados en procesos de mediación, una cifra que crece año tras año. En 1997, por ejemplo, las demandas fueron 863, y dos años antes, 581. 'Lo importante es que el menor se responsabilice de lo que ha hecho y que la víctima tenga un papel activo en la resolución del delito', asegura Francesc Jiménez Gusi, secretario sectorial de Ejecución Penal del Departamento de Justicia de la Generalitat.

Otro ejemplo de mediación. Una mujer joven paseaba un día por el parque de la Ciutadella y se encontró con un grupo de jóvenes que le realizaron tocamientos leves en diversas partes del cuerpo. No hubo violencia, pero la víctima denunció lo ocurrido y los jóvenes fueron detenidos. Tampoco hubo juicio, porque acusados y víctima se pusieron de acuerdo en la reparación del delito. En este caso, la mujer ni siquiera intervino. Fue una asociación la que defendió sus intereses e impartió a los jóvenes a un curso sobre la dignidad de la mujer y su derecho a la igualdad.

Puede ocurrir, en otros casos, que el fiscal sí aprecie que los hechos son graves y deben ser juzgados. Si hay condena, llega un momento en que se ha de cumplir y es entonces cuando el juez opta, en la mayoría de los casos, por medidas penales alternativas. La más frecuente fue la libertad vigilada (851 jóvenes), consistente en entrevistas periódicas para tratar de resolver las situaciones de desestruración familiar que puedan explicar el delito. En otros casos se opta por trabajos en beneficio de la comunidad, que el año pasado efectuaron 599 jóvenes. Los más frecuentes son los trabajos de reparación de fachadas, en parques y jardines o en transportes públicos para compensar el daño causado por los grafitti.

PASA A

La casuística puede ser muy diversa. Un ejemplo es el de unos jóvenes a los que les dio por arrojar unos adoquines de la plaza de los Àngels de Barcelona contra el convento de la zona. La pena impuesta fue estar unos días en el barrio repartiendo propaganda de Procivesa, la empresa pública encargada de la rehabilitación de Ciutat Vella. Otro caso más singular: un joven se hizo un día con la motocicleta de su hermano y salió a la calle a dar un paseo. Con tan mala suerte que se encontró con una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona, se asustó y huyó a toda pastilla. Antes de ser detenido atropelló a más de un peatón por la acera, aunque sin consecuencias graves. La pena impuesta fue estar tres meses como encargado del ordenar el tráfico a la salida de una escuela. Le gustó tanto su trabajo en beneficio de la sociedad que acabó haciéndose voluntario de la Cruz Roja.

Pero hay casos en que el delito es grave y no queda otra alternativa que el internamiento en centros de justicia de juvenil. El año pasado fueron 368 jóvenes los que acabaron de esa manera, una cifra muy superior a la de los últimos años, situada entre los 223 y los 314 casos. Eso hace pensar que existe cierto rebrote de la violencia juvenil, a la que no es ajena la problemática de los llamados niños de la calle. En el caso de la ciudad de Barcelona sólo se produjeron en todo el año tres casos de homicidio en el que estuvieron implicados menores. Otros delitos graves fueron estafa (cuatro casos), atentados contra la autoridad (10) y agresiones sexuales (36). Los delitos más frecuentes fueron los robos (619 diligencias), hurtos (509), lesiones (333) y daños (194).