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Columna
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Hipocresía

El alcalde de Huelva ha sido imputado. En esta condición va a prestar declaración por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. Así lo ha decidido el fiscal jefe de Andalucía, y así lo ha acordado el TSJA. Esta decisión no es una de las querellas que anuncian Javier Arenas y Teófila Martínez, y después no interponen o se archivan por no ser los hechos constitutivos de delito. Es más, y es distinto. La decisión está adoptada por el propio fiscal jefe de Andalucía, quien asume profesionalmente la existencia de indicios de criminalidad en la conducta pública de este alcalde. De ahí que las preguntas que, lógicamente, nos hacemos es la de si va a continuar de alcalde y la de si el grupo popular avala su continuidad.

Unas preguntas, cuyas respuestas son conocidas de antemano en cualquier comunidad que subordine el interés público al personal o al de su grupo. Con mayor razón, cuando el PP siempre ha sostenido que la imputación es determinante de responsabilidad política y la dimisión la consecuencia. Así lo hemos escuchado. Sin ir más lejos al secretario regional, quien la ha exigido con motivo de una querella interpuesta contra el alcalde de Sevilla y que el fiscal pide que se archive porque no es delito escribir cartas a los contribuyentes.

Sin embargo, no están los tiempos para creerse todo lo que se dice y no estoy pensando en el consejero de Asuntos Sociales con eso del sub júdice, amenazas cambiadas a presiones, o un asalto sin robo, y sin denuncias en su tiempo. Me refiero a la consideración que empiezan a tener los imputados en el PP.

La Línea y Estepona sirven de ejemplo para comprender que en el PP están entrando, de ciento en ciento, los antiguos socios -políticos, por supuesto- del GIL. Poco está importando que Jesús Gil y muchos de los afiliados, a los que este personaje despertó su vocación política, estuvieran -y estén- más ocupados en pasar por el juzgado y preparar su defensa por presuntos delitos relacionados con la causa pública, que por el Ayuntamiento. Pues, bien, con esta realidad nada hace pensar que el alcalde de Huelva, que no estuvo nunca en el GIL, tenga que dimitir y la ciudad tenga alcalde para rato.

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