_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Hipocresía

El alcalde de Huelva ha sido imputado. En esta condición va a prestar declaración por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. Así lo ha decidido el fiscal jefe de Andalucía, y así lo ha acordado el TSJA. Esta decisión no es una de las querellas que anuncian Javier Arenas y Teófila Martínez, y después no interponen o se archivan por no ser los hechos constitutivos de delito. Es más, y es distinto. La decisión está adoptada por el propio fiscal jefe de Andalucía, quien asume profesionalmente la existencia de indicios de criminalidad en la conducta pública de este alcalde. De ahí que las preguntas que, lógicamente, nos hacemos es la de si va a continuar de alcalde y la de si el grupo popular avala su continuidad.

Unas preguntas, cuyas respuestas son conocidas de antemano en cualquier comunidad que subordine el interés público al personal o al de su grupo. Con mayor razón, cuando el PP siempre ha sostenido que la imputación es determinante de responsabilidad política y la dimisión la consecuencia. Así lo hemos escuchado. Sin ir más lejos al secretario regional, quien la ha exigido con motivo de una querella interpuesta contra el alcalde de Sevilla y que el fiscal pide que se archive porque no es delito escribir cartas a los contribuyentes.

Sin embargo, no están los tiempos para creerse todo lo que se dice y no estoy pensando en el consejero de Asuntos Sociales con eso del sub júdice, amenazas cambiadas a presiones, o un asalto sin robo, y sin denuncias en su tiempo. Me refiero a la consideración que empiezan a tener los imputados en el PP.

La Línea y Estepona sirven de ejemplo para comprender que en el PP están entrando, de ciento en ciento, los antiguos socios -políticos, por supuesto- del GIL. Poco está importando que Jesús Gil y muchos de los afiliados, a los que este personaje despertó su vocación política, estuvieran -y estén- más ocupados en pasar por el juzgado y preparar su defensa por presuntos delitos relacionados con la causa pública, que por el Ayuntamiento. Pues, bien, con esta realidad nada hace pensar que el alcalde de Huelva, que no estuvo nunca en el GIL, tenga que dimitir y la ciudad tenga alcalde para rato.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_