Londres promete recortar los privilegios fiscales de Gibraltar

España retiró ayer su veto al plan de lucha de la OCDE contra los paraísos fiscales que perjudican a otros Estados, lo cual permitió aprobar un documento que permanecía bloqueado desde el 28 de junio pasado. Para ello fue preciso que el Reino Unido aceptara añadir al texto un compromiso expreso por el que se hace 'responsable de toda obligación internacional que resulte' de 'los acuerdos o compromisos en materia fiscal que afecten a sus territorios de ultramar o dependencias de la Corona', entre ellos Gibraltar.

Las autoridades del Peñón intentaron convertirse en garantes ante la OCDE de que sus prácticas fiscales iban a cambiar, pero España exigió que esa garantía la diera el Reino Unido, por no reconocer a Gibraltar la capacidad de establecer compromisos internacionales. El compromiso británico de hacerse garante de cualquier acuerdo adquirido por Gibraltar ha servido para desbloquear el veto español, y con ello el informe ha quedado aprobado.

El alcance de esta declaración británica ha de concretarse de aquí al 28 de febrero de 2002. Éste es el plazo que la OCDE se ha dado para negociar con los diversos países y territorios 'no cooperativos' las reformas que les permitan salir de la actual 'lista negra', que versan principalmente sobre el establecimiento de mecanismos que faciliten la información requerida por las autoridades fiscales o los jueces de otros países y la renuncia a alegar que un asunto investigado no es delito en el país o territorio de que se trate, como excusa para mantener la opacidad.

Lo importante del paso dado ayer no es la aplicación inmediata de nuevas medidas, sino establecer la responsabilidad del Reino Unido sobre un pacto internacional -en este caso en el ámbito de la OCDE- que afecte a Gibraltar. De momento, Gibraltar sigue en la lista de los 29 países o territorios donde, a juicio de la organización internacional, continúan efectuándose 'prácticas fiscales perjudiciales' para terceros.