Alarma en el sector binguero

La recesión económica que se nos está echando encima hace ya tiempo que alcanzó a las salas de bingo. Así lo constató un estudio de mercado dirigido por José María Gil Suay en 1997. De dicho análisis se desprendió en todo caso que, al margen de fluctuaciones imprevisibles, la oferta actual de esta variedad lúdica en el ámbito de la Comunidad Valenciana se basta y aun sobra para atender a la clientela. Este es un dato objetivo e insoslayable a la hora de proceder a la planificación del sector, tal como se establece en la Ley del Juego vigente en esta autonomía desde 1988. Una planificación que, todo sea dicho, no se ha llevado a cabo todavía, no se sabe si por cálculo o pereza de las distintas administraciones que se han sucedido.

En estas circunstancias, que los industriales implicados describen como deprimidas, un poderoso grupo empresarial del juego, arraigado en las comarcas centrales y del sur del país, ha acometido su asentamiento en Valencia, después de hacerlo en Dénia y pugnar por ello en Gandia. Del proyecto que propone en la capital se habla en términos de megainstalación ubicada en un espacio urbano que pone en jaque a varios concurrentes. O sea, que eran demasiados y parió la burra. Como era de esperar, la alarma ha sacudido a todo el gremio, con la agravante de sentirse desarmado ante un acoso que reputan imparable y amparado por las instancias oficiales.

Al margen de la referida dejación de la Consejería de Economía y Hacienda en lo concerniente a la planificación pendiente, poco o nada podríamos comentar acerca de lo que sólo es una lucha por el mercado tanto como por consolidar una posición hegemónica en el mismo. El aludido grupo del sur ya controla en su conjunto un 30% del sector y, al parecer, aspira a morder una porción mayor. No era tal el espíritu de la ley ni constaba así en los primeros esbozos del nonato reglamento que con tanta morosidad se teje, pero las brechas legales auspician hoy por hoy que los más voraces, con las oportunas ayudas, consoliden su dominio y siembren el desasosiego entre los agremiados, conscientes de que no hay tanto pastel para todos y de que se les cuestiona la sobrevivencia.

Nada que alegar, como queda dicho, y tanto más si estamos ante un filón económico que no es socialmente vital. Así pues, a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. ¿No privan acaso las liberales leyes del mercado y el reputado principio de quien más puede se la lleva? Sacrosantos principios al uso -y abuso- que únicamente son válidos cuando en las conflagraciones de intereses, como es el caso, no intervenga la Administración tutelando a una de las partes. Y eso es, precisamente, lo que los bingueros acosados perciben en este contencioso que ya se demora un lustro con el posible propósito de minar las resistencias.

Ya quedan lejos los días en que se propendía a que nadie fuese titular de más de cinco salas y que se observase una distancia mínima entre unas y otras. Ahora los hay que las tienen por decenas y aspiran a aumentar el fardo, con letales consecuencias para algunos. Eso es, obviamente, lo que la Administración quiso evitar y no evitó, dejando de planificar el sector. En estos momentos lo peor que podía pasar es que el Gobierno bendijese el caos que se pronostica. ¿Liberales dicen ustedes? Sí, con los amigos y allegados.