Honor y reserva

Pilar Valiente, ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) forzada a dimitir por su oscura relación con Gescartera, se ha sentido agraviada en su honor e intimidad por la filtración de su declaración de bienes y derechos patrimoniales. El honor tiene un componente subjetivo difícilmente evaluable, pero es un hecho cierto que esa declaración, a la que están obligados los altos cargos, tiene carácter reservado por ley, y que tal reserva ha sido vulnerada en el caso de la declaración de Pilar Valiente tras pasar por la comisión de investigación de Gescartera en el Congreso.

Pilar Valiente tiene motivos para pedir amparo por lo sucedido al presidente de la comisión, Luis Mardones. Y ello al margen de que, gracias a la indiscreción de algún diputado, los ciudadanos hayan podido conocer, no sin perplejidad, cómo un patrimonio compuesto por cinco pisos, cuatros automóviles -uno de ellos de lujo-, una motocicleta y una finca rústica apenas alcanza un valor de 25 millones de pesetas en régimen de bienes gananciales. Este hecho -es decir, los peculiares criterios de tasación con que pueden hacerse declaraciones patrimoniales sin posibilidad de ser contrastadas por nadie- puede ser un argumento para exigir que sean públicas y de libre acceso, aunque haya que regular el procedimiento para consultarlas.

El otro gran registro de altos cargos, el de actividades, sí tiene carácter público. Y aunque es evidente que el de bienes y derechos patrimoniales es más delicado, la naturaleza de la función pública exigiría también en este caso el máximo grado de transparencia y de control social. Sin embargo, mientras la declaración patrimonial sea reservada, hay que respetar ese carácter. Y quienes más obligados están a ello son las personas que tienen a su cargo velar por su confidencialidad y quienes la conocen en el ejercicio de otra función, como es el caso de los miembros de una comisión parlamentaria de investigación.

Es cierto que la declaración de bienes de la ex presidenta de la CNMV, como la de Luis Ramallo y la de Enrique Giménez-Reyna, llegó con un injustificable retraso a la comisión, sin tiempo apenas de ser analizada por su miembros. Ese hecho, entre otros, explica que la oposición considere falsamente cerrada la comisión de Gescartera y que intente mantener vivo el asunto en otras instancias parlamentarias; pero ello no justifica que Mardones se desentienda de la filtración producida. En sus manos no estaba impedir que alguien revelara datos o documentos reservados. Ha sucedido muchas veces en el pasado, sin importar el carácter, cerrado o abierto, de la comisión. Pero sí entra dentro de sus funciones llamar la atención sobre la infracción cometida y dar alguna explicación a la persona perjudicada.

La experiencia de esta comisión, y de otras anteriores, aconseja modificar su reglamentación. No sólo para evitar privilegios en las comparecencias (Rato y Montoro), sino para reforzar las garantías de las personas que declaran sin estar acusadas de delitos y asegurar la confidencialidad de los datos reservados.