El Parlamento de Baleares culpa a Matas de captar votos para el PP con fondos públicos

El pleno del Parlamento de Baleares aprobó ayer el dictamen de la comisión de investigación del caso Formentera, la supuesta manipulación del censo y voto por correo de emigrantes argentinos en las elecciones autonómicas de 1999, en cuyas conclusiones se culpabiliza al anterior presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, actual ministro de Medio Ambiente, del PP, de 'proyectar, dirigir y financiar con fondos públicos' aquella operación 'para asegurar la mayoría absoluta del PP'.

Matas queda señalado 'por su intervención personal y su actividad en la trama, que diseñó desde el principio' y se citan un manuscrito del ex presidente y las llamadas recibidas en su despacho con la comunicación clave de uno de sus altos cargos para cuestiones de emigración: Formentera està tot bé (todo conforme).

El Parlamento decidió también remitir a los tribunales el resultado de sus trabajos de casi dos años de encuesta de responsabilidades políticas 'para que se depuren las posibles responsabilidades penales'. El Tribunal Superior de Justicia instruye la causa por supuestos delitos, electoral, malversación de caudales públicos y prevaricación, iniciada en 1999 en un juzgado ordinario de Ibiza, a iniciativa de la izquierda balear. El fiscal jefe de Baleares, Antonio de Vicente Tutor, y el fiscal de Ibiza, Antonio Torres, reclamaron la imputación de Matas ante el Supremo, iniciativa denegada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

En el sumario ya aparecen como imputados o testigos una parte de los cargos políticos documentados en el informe del Parlamento. Entre los implicados hay dos diputados autonómicos y dirigentes del PP, Antoni Pastor y José Juan Cardona, el número dos de Matas y ex consejero, que ayer retrasó su declaración ante el juez para que no coincidiese con el pleno parlamentario.

Responsabilidad compartida

La mayoría de izquierdas y nacionalista PSOE-PSM-IU-Els Verds y Unió Mallorquina indica que 'la responsabilidad política está compartida' también por la actual portavoz adjunta del PP en el Congreso, Rosa Estarás, ex consejera de Presidencia; el ex jefe de gabinete de Matas, Javier Mato; el diputado y presidente del PP de Mallorca, Pere Rotger, y los dos agentes electorales que Matas contrató para efectuar trabajos sociológicos y políticos en Argentina: el cronista de Abc y Ultima Hora Miquel Segura y su hija Mapau Segura. Los escritos que los Segura enviaron a Mato y Estarás figuran como pruebas de la supuesta maquinación.

Venticinco de los 28 diputados del PP -tres estaban ausentes- votaron en el Parlamento en contra de las conclusiones de la comisión de investigación elaboradas por los 31 parlamentarios -sólo votaron 26 al encontrarse cinco fuera de la Cámara- de la alianza de izquierdas y nacionalista. El PP manifestó ser víctima de una persecución política y reiteró que no se halló irregularidad alguna en la gestión del Gobierno de Matas.