El Gobierno entrará en el Instituto Llull y pagará 500 millones anuales

El Instituto Ramon Llull, una plataforma largamente proyectada por el Gobierno catalán para promover la lengua y la cultura catalana en el mundo, nacerá finalmente a principios del año que viene; con un año de retraso sobre la fecha prevista, pero con la presencia activa del Gobierno central a través del Instituto Cervantes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, del que es titular Josep Piqué, ha dado luz verde al proyecto y aportará en torno a 500 millones de pesetas anuales al consorcio que regirá la institución, cuyo órgano directivo reunirá, inicialmente, al Gobierno catalán, al de las Islas Baleares y al Instituto Cervantes, adscrito a Asuntos Exteriores.

El consejero de Cultura, Jordi Vilajoana, recuperó en 1999, poco después de asumir el cargo, un proyecto que el Gobierno catalán tenía desde finales de los años ochenta: crear una institución, similar a lo que más tarde sería el Instituto Cervantes, para promover la lengua y la cultura catalana en el mundo. El Gobierno balear, presidido por el socialista Francesc Antich, se sumó con rapidez y entusiasmo a la iniciativa de Vilajoana, pero el proyecto, que se preveía que arrancara en enero de este año, se aparcó hasta lograr la incorporación del Gobierno central, que al principio acogió la propuesta con frialdad.

Fuentes del Gobierno catalán y del Ejecutivo central explican que, tras un año de negociaciones, ambas administraciones han logrado cerrar un acuerdo para desbloquear la situación. El Gobierno central se ha comprometido a aportar 500 millones de pesetas anuales para la promoción internacional de la lengua y la cultura catalana, y el pacto garantiza la colaboración entre el Instituto Ramon Llull y el Instituto Cervantes.

Entre sus funciones, el Cervantes tiene también la promoción de todas las lenguas de España, pero los nacionalistas catalanes han reprochado históricamente al Gobierno central que sólo se ocupe de la promoción internacional del castellano y que únicamente preste atención a las otras lenguas del Estado cuando existe una demanda específica.

La aportación del Gobierno central supondrá el 50% del total del presupuesto del Instituto Ramon Llull, aunque el Cervantes gestionará directamente una parte de esta aportación, todavía no definida, para organizar actos propios. El Ejecutivo catalán destinará en torno a 400 millones y está previsto que la aportación del Gobierno balear se sitúe alrededor de los 100 millones anuales.

Una vez logrado el acuerdo, el Departamento de Cultura tiene previsto llevar el proyecto al Consell Executiu de forma inminente y ya se ha dirigido a todos los partidos parlamentarios con el fin de que el Parlament ratifique la iniciativa por unanimidad. El director general de Política Lingüística de la Generalitat, Lluís Jou, se entrevistará próximamente con dirigentes de todas las formaciones para explicar en detalle el proyecto.

Si se cumplen los plazos previstos, el último pleno del Parlament aprobará en diciembre la creación del consorcio, en cuyos órganos de dirección se integrarán representantes del Gobierno catalán, de las Islas Baleares y del Ejecutivo central a través del Instituto Cervantes. El comité de expertos que asesorará al organismo se elegirá por consenso entre todas las administraciones.

La Comunidad Valenciana, por ahora, quedará al margen del proyecto. El Gobierno catalán ha tratado de convencer a su presidente, el popular Eduardo Zaplana, para que se sumara a la iniciativa, pero el instituto arrancará sin la presencia de Valencia. No obstante, los promotores del consorcio dejan la puerta abierta a una eventual incorporación de la Comunidad Valenciana a medio o largo plazo. Esta posibilidad depende de que la influencia de las tesis segregacionistas en determinados sectores del PP dificulten la adhesión.