El presidente de la FARA obligaba a los empleados a darle parte de sus nóminas

El presidente de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA), Vicente Rodríguez, no sólo usaba la organización supuestamente para blanquear dinero de la droga y desviar a sus cuentas particulares ayudas públicas concedidas a la FARA, sino que además se quedaba con parte de las nóminas de los trabajadores. Según fuentes de la investigación, Rodríguez, en prisión desde el viernes, chantajeaba a los empleados y les exigía 'un pellizco' de sus sueldos a cambio de mantener los contratos.

Fuentes judiciales, policiales y de la propia FARA han confirmado que esta práctica era habitual y que suponía que trabajadores que cobraban unas 100.000 pesetas mensuales tuvieran que entregar entre 5.000 y 25.000 pesetas de sus nóminas y de sus pagas extraordinarias. Algunas de esas fuentes apuntaron que también detraían parte del salario de los monitores del programa de erradicación del absentismo escolar entre los niños gitanos y de la beca de jóvenes que accedían a las escuelas taller.

De estas irregularidades presuntamente se beneficiarion los directivos imputados, pero principalmente Rodríguez, alias El Querillo, jefe del clan de Los Charros. Así se desprende de las escuchas telefónicas practicadas en la investigación.

Frente a esta información -constrastada con cuatro fuentes- Rodríguez declaró ante el juez que no se quedaba con el dinero, sino que eran 'aportaciones voluntarias' que hacían los trabajadores para ayudar a otros miembros del colectivo gitano o 'devoluciones de anticipos' que habían percibido los empleados.

Por otra parte, fuentes de la investigación rechazaron que las instituciones públicas denunciaran las amenazas hacia funcionarios por parte de directivos de la FARA: 'No nos consta denuncia alguna ni del Ministerio de Trabajo ni de la Junta ni de ninguna institución ni por desvío de dinero, ni por coacciones, ni por intentos de soborno'. Incluso las fuentes manifestaron su 'perplejidad' por la información dada por la Consejería de Asuntos Sociales de que las amenazas se pusieron en conocimiento de la policía. Según los agentes, sólo se tomó declaración a un funcionario de la Consejería 'como testigo'. En el caso hay 13 imputados, entre ellos el presidente de la FARA, el secretario y el asesor fiscal.