Nueve años de huida hacia el abismo

En sus nueve años de vida, Gescartera ha perdido 15.578 millones de pesetas de 1.383 clientes y ha desatado el mayor escándalo financiero del Gobierno de José María Aznar. Esos años, sobre todo desde 1996, están marcados por una enloquecida huida hacia el abismo en la que la sociedad de cartera de Antonio Camacho engañó a sus clientes y a las autoridades bursátiles. El agujero, según han constatado ahora el Banco de España, pasó de 194 millones de pesetas en 1993 a los 15.578 millones en que ha quedado cuantificada la estafa. Sólo desde 1996, el agujero se ha multiplicado por 15.

Antonio Camacho inició su carrera de chiringuitos financieros al lado de su padre, José Camacho. Ambos rompieron sus lazos con otros y volaron libres en Bolsa Consulting, sociedad creada en Cuenca el 23 de mayo de 1991 con un capital social de 500.000 pesetas y dos fundadoras, una de ellas esposa de José y madre de Antonio. En agosto de 1991, las dos fundadoras otorgaron amplios poderes a Antonio Camacho, que en noviembre de aquel año suscribió 425 participaciones por un valor de 4.250.000 (casi el 25% del total) en una ampliación de capital de 19,5 millones. En enero de 1993 se incorporaron nuevos socios, entre ellos Pilar Giménez-Reyna, que compró 300 acciones por tres millones de pesetas, con lo que consiguió el 10% de Bolsa Consulting.

Las primeras sospechas de la CNMV comenzaron en noviembre de 1992 porque Bolsa Consulting no sólo cobraba comisiones elevadísimas, sino porque supuestamente llevaba la gestión directa de su cartera de clientes y había 'constituido un fondo de inversión específico para el Principado de Asturias' sin comunicarlo al órgano supervisor. Bolsa Consulting cobraba comisiones a agencias de valores por captación de clientes. En 1992 ganó por este concepto más de 81 millones de pesetas que le pagó Gaesco Bolsa, Lonja Capital, Bolsa 8 y James Capel, el antecesor del HSBC.

Camacho explicó a la CNMV que su única tarea era captar clientes para terceros y que la constitución de un fondo de inversión en el Principado de Asturias era una interpretación errónea de unos periodistas que acudieron a una conferencia de prensa en Gijón para la presentación de una oficina comercial de Bolsa Consulting.

Pero los inspectores no se conformaron, enviaron cartas a los clientes de Bolsa Consulting y descubrieron que muchas de las operaciones documentadas por Camacho de compra y venta de valores eran, según sus clientes, falsas. Una clienta, P. F. D., admitía haber comprado 500.000 pesetas en acciones de Elosúa a través de Bolsa Consulting. Sin embargo, en los listados de esta sociedad aparecían cerca de 200 operaciones en compra y venta de una decena de valores, por cantidades que llegaban hasta 10 millones. Aquella primera experiencia de Bolsa Consulting acabó con una sanción de la CNMV de 128 millones de pesetas por gestionar carteras de clientes sin estar autorizado para ello.

La multa no desanimó a Camacho, que continuó con idénticas prácticas en Gescartera. Lo que sigue es un intento de buscar la pista al dinero manejado por Camacho en estos años con la guía de los informes de organismos oficiales que han investigado el fraude y las declaraciones de los implicados ante la juez o en el Parlamento.

Curiosamente, y quizá por la presión de la CNMV, es en 1999 cuando el Banco de España ha localizado más dinero depositado en cuentas gestionadas por Gescartera: 2.747 millones entre efectivo y valores, fundamentalmente depositados en Deutsche Bank, el tercer banco en la historia de la empresa de Camacho.

Entre los nuevos clientes que Camacho captó en 1999 destaca la Mutualidad de la Policía, que ingresó en un primer momento 750 millones de pesetas y llegó a tener 1.500 en el momento de la intervención. Con esa inyección de dinero, según la investigación, Camacho pudo devolver buena parte de los 1.104 millones al Arzobispado de Valladolid.

La CNMV planteó en su informe que de 5.761 millones que suponía la cartera de valores reconocida por Gescartera, un 34% (1.960 millones) estaba en el Deutsche Bank a través de la sociedad de valores Benito y Monjardín (BM); otro 37%, algo más de 2.000 millones, estaría en Cajamadrid. Pero según el Banco de España, a 31 de diciembre de 1999, en Cajamadrid sólo había 354 millones de pesetas. Y el 71% de la inversión total en valores estaba materializada en acciones cotizadas en la Bolsa de París.

Para salvar el marcaje de los inspectores de la CNMV, que buscaban dónde estaban entre 4.000 y 5.000 millones de Gescartera, Camacho les contó que había constituido junto al HSBC en Luxemburgo una sociedad de inversión colectiva (Sicav) en la que se iban a gestionar fondos por 5.000 millones de 854 clientes de Gescartera. Esa sociedad de inversión se llegó a constituir en marzo de 1999, recibió las bendiciones de un consejo de la CNMV en junio, y recaudó tan sólo 163 millones hasta final de agosto, unos días antes de que se disolviese por falta de fondos.

Entretanto, las cuentas de los clientes acreditadas en bancos disminuyen a 1.886 millones, mayoritariamente depositados en Cajamadrid y en valores, según el Banco de España. La auditoría, entretanto, refleja unos fondos de 8.700 millones. Y los inspectores de la CNMV creían que había 3.840 millones en valores materializados en cartera nacional (74,81%) e internacional (25,19%). La supuesta liquidez de los clientes se situaba entonces de 4.989 millones. Pero a 31 de diciembre de ese año, en las cuentas de efectivo de clientes en los bancos que operaban con Gescartera había 55 millones, más otros 440 millones de las cuentas específicas del grupo Gescartera.

Antonio Camacho confesó a la juez que desde octubre de 2000 a marzo de 2001 hubo 'una retirada masiva de clientes superior a los 12.000 millones'. A partir de octubre de 2000, Camacho dijo que tuvo que acudir a 'sistemas de financiación con altos tipos de interés para sufragar las retiradas masivas de clientes'. En febrero de 2000, la Mutualidad de la Previsión Social de la Policía ingresa 1.500 millones. Ese año, Gescartera capta como cliente a la ONCE con unos fondos de 1.000 millones, según la declaración de Pilar Giménez-Reyna. Según la querella que la organización de ciegos ha presentado contra Gescartera, en septiembre de ese año, depositó 700 millones de pesetas.