¿Cómo debe calcularse el cupo de inmigrantes?

La Administración recibe por dos vías las solicitudes para configurar el contingente de inmigrantes que trabajarán en España el próximo año, a base de contratos formalizados en los países de origen.

Una de estas vías consiste en recabar información sobre la necesidad de mano de obra en las juntas provinciales del Inem, en las que están representados la patronal Fomento del Trabajo, los sindicatos CC OO y UGT, y la Generalitat, en uso de las competencias traspasadas sobre políticas laborales activas. La segunda vía, aún incipiente, se formaliza en el Consejo de Trabajo de Cataluña, en el que están representados los mismos agentes, más la segunda patronal, Pimec-Sefes.

Las dos vías llegan al Ministerio de Trabajo y éste las traslada al destinatario final: el Ministerio del Interior, que, sorprendentemente, es el que decide finalmente. En España, por tanto, los contingentes de inmigrantes dependen de la política gubernativa, en línea con una tradición autoritaria, al parecer, vigente pese a todo. Si quien decide es Interior, no se se trata tanto de calcular el cupo de inmigrantes a partir de las necesidades del mercado laboral como de quién tiene derecho y quién no a pisar el sagrado suelo.

En el seno del Consejo de Trabajo de Cataluña, se pactó el pasado jueves un contingente de 15.000 inmigrantes para el año 2002. En este acuerdo jugó, en gran medida, la presión ejercida por la otra patronal catalana, Pimec-Sefes, que situaba el contingente de inmigrantes en una horquilla entre 13.500 y 17.376, dependiendo de la estacionalidad en sectores como la hostelería y la construcción. Pero, en cualquier caso, el pacto se consumó cuando los sindicatos UGT y Comisiones manifestaron su disposición a aceptar como razonable una cifra entre 13.000 y 15.000. La Generalitat, por su parte, se limitó a dar el plácet, ya que de entrada había ofrecido el cálculo más certero: 15.000 inmigrantes.

Antes de este acuerdo, el Ministerio de Trabajo escuchó en el Inem los argumentos de los agentes sociales. La batalla de cifras rozó el escándalo cuando la gran patronal, Fomento, aseguró que las necesidades de mano de obra para el próximo año en Cataluña alcanzaban los 33.000 trabajadores extranjeros; y añadió que, de este total, la mitad serían necesarios en el sector de la construcción (18.500), afirmación que entraba en contradicción con su agrupación sectorial, la Cámara de Contratistas de Obra Pública, que pocos días antes había afirmado que 'el sector no precisa contingentes'.

Al margen de las variables utilizadas en cada cálculo, el contingente de inmigrantes deja abierto el interrogante de cómo debe elaborarse. También quedan abiertos otros flancos, marcados por la existencia en Cataluña de 50.000 inmigrantes que trabajan sin papeles y están pendientes de regularizar. Algunos dirigentes sindicales se plantean si deben incluirse o no los 15.000 nuevos contratados en los 50.000 por regularizar. Estos medios llegan más lejos y se interrogan: ¿Cabe dar prioridad, antes que a los inmigrantes, a los parados de larga duración mayores de 45 años? ¿No es más urgente preocuparse primero del paro femenino actual?, se pregunta Ciriaco Hidalgo, de UGT.

Desde otros sectores de la sociedad, las preocupaciones citadas incuban el germen proteccionista que ha resultado tan fatal en otros países, como Alemania y Francia. Por su parte, la Generalitat pone el carro delante de los caballos: anuncia que abrirá 10 oficinas en Tánger, Varsovia, Santo Domingo, Kiev y Bucarest para contratar inmigrantes.