Los ayuntamientos reclaman al Gobierno más dinero para tramitar la renta mínima de inserción

La Federación Madrileña de Municipios (FMM) reclama al Gobierno regional más dinero, sin precisar cuánto, para tramitar las rentas mínimas de inserción (una ayuda de 48.895 pesetas mensuales para personas sin ingresos que la Comunidad dará desde enero). Los ayuntamientos tramitan ya el ingreso madrileño de integración (IMI), precursor del nuevo subsidio. Pero con las rentas mínimas, al ser menos restrictivas, es previsible que aumente el número de perceptores y con ello la necesidad de incrementar el personal de los servicios sociales locales.

La ejecutiva de la FMM, formada por 25 alcaldes del PP, PSOE e IU, aprobó el 6 de noviembre, por unanimidad, reclamar a la Comunidad 'consenso y diálogo' para que sus opiniones se contemplen en esta Ley de Rentas Mínimas que ya tiene el beneplácito de patronal, de los sindicatos y del Consejo Económico y Social (formado por agentes sociales y expertos).

El Gobierno regional destinará 6.600 millones de pesetas a pagar rentas mínimas a las casi 11.000 familias pobres que, según CC OO, recibirán esta ayuda en 2002. Este año ha invertido 4.400 millones en abonar el IMI (que desaparecerá para dar paso al nuevo subsidio) a los 8.000 hogares beneficiarios.

Los alcaldes se quejan de que 'el anteproyecto de la ley [pendiente sólo de debate en el Parlamento regional] se ha elaborado a espaldas de los municipios y de la FMM'. 'Curiosamente, a los ayuntamientos y a los servicios sociales se les adjudica por decreto gran parte de la gestión del programa sin ningún tipo de financiación que la acompañe', añaden.

José Luis Pérez Ráez, alcalde de Leganés por el PSOE y presidente de la FMM, explica: 'Los municipios estamos hartos de que se nos aumenten las obligaciones, y no los recursos, para desempeñar esas tareas'. 'Puede que algún Ayuntamiento haya sido consultado, a título individual, para elaborar este proyecto, pero no se ha pedido la opinión de la FMM, que representa a todos', añade.

La FMM no ha cuantificado cuántos recursos más necesitaría para gestionar las rentas mínimas, pero cada Ayuntamiento sabe lo que le ha dado la Comunidad y lo que necesita.La concejal de Mayores e Integración Social de Getafe, Marian Díaz, asegura que sólo contará con un administrativo más, pese a que el Consistorio 'había solicitado al menos dos trabajadores sociales'. En Leganés, los servicios sociales se reforzarán con dos administrativos, según la concejal de esta área, Cali Pedruelo. 'Necesitaríamos más trabajadores sociales, porque en los propios estudios de la Comunidad para elaborar esta ley se indica que con las rentas mínimas se pretende llegar a más familias sin recursos que no perciben el IMI', matiza. El 75% de los beneficiarios del IMI vive en la capital.

Los servicios sociales de cada municipio serán los encargados de gestionar la concesión de estas rentas mínimas que paga el Gobierno regional. Son ellos los que recibirán las solicitudes para, tras elaborar un informe, trasladarlas a la Comunidad, que decide si da la ayuda. También depende de los municipios trazar planes de inserción para cada beneficiario y ver si se cumplen los objetivos. La mayoría de estas funciones ya las desempeñaban con el IMI.

Un derecho para pobresLa diferencia entre las rentas mínimas y el IMI es que las primeras se conciben como un derecho para cualquier residente sin recursos, sin condicionarlas a que el interesado cumpla un plan de inserción. Sin embargo, el IMI sólo se daba si el solicitante se comprometía a cumplir diversas medidas de integración (escolarizar a los hijos, participar en cursos formativos...).

También la cuantía de las rentas mínimas es superior a la del IMI en 7.000 pesetas mensuales. Para una persona es de 48.895 pesetas al mes, cantidad que aumenta un 25% si hay una segunda persona a cargo y de un 15% para las restantes. Esta ayuda se puede pedir desde los 18 años si el solicitante ha sido un menor en desamparo tutelado por la Comunidad. También pueden obtenerla los mayores de 65 años sin pensión.

La renta mínima, que existe ya en Euskadi, se destina a personas sin recursos o con ingresos inferiores a las 42.000 pesetas al mes. Para percibirla hay que llevar al menos un año en Madrid (no hace falta estar empadronado). Los inmigrantes con permiso de residencia pueden percibirla, pero los irregulares sólo la tendrán en caso de 'extrema necesidad'.